El conflicto entre el Gobierno provincial y algunos gremios estatales parece estar lejos de calmarse. Rodolfo Suárez anunció un bono de $28.000 a pagar en cuatro cuotas a partir del 10 de agosto destinado al personal de salud. “Seguramente no hay reconocimiento suficiente ante el enorme trabajo, vocación y excelencia en el servicio”, expresó el mandatario provincial destacando el esfuerzo económico que implica una medida. El decreto oficializando el “premio” a los trabajadores de la salud se publica hoy o mañana en el Boletín Oficial. La novedad volvió a quebrar la convivencia entre los gremios estatales.
Casi a la misma hora en la que el mensaje del Gobernador, vía Twitter, se proliferaba, en la puerta de la Legislatura provincial referentes de los gremios estatales anunciaban medidas de fuerza.
La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) considera que “es un decretazo” y que el aumento no es remunerativo por lo tanto “no es acorde a la inflación”. Redoblan la apuesta y el miércoles a las 12 partirá un caravanazo desde los portones del parque San Martín.
El único ausente en la conferencia fue Roberto Macho. A última hora del 8 de julio, el secretario general de ATE anunció que aceptaba el 9% adicional que el resto de los gremios estatales había rechazado; ayer otra vez fue el que se mostró más cercano al Gobierno: no cuestionó el pago del bono para los trabajadores de la salud, pero sí asegura que lo pedirá para el resto de sus representados que no se desempeñan en Salud.
“Quieren cláusula gatillo, no termina de entender Ampros que la cláusula gatillo es una cosa impracticable. No te aceptan el aumento salarial porque quieren cláusula gatillo, es un problema de Ampros”, disparó Víctor Ibáñez, ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia en diálogo con Los Andes.
Desde el gremio de salud, aseguraron que “están echando nafta al fuego”, según expresó a este medio María Isabel del Pópolo, secretaria general del sindicato, en relación al bono. Y dijo también que cuando “nos dieron el 7% en marzo, que ya era el 13% la inflación, que nos dieran un 6%. Lo que sería abril, mayo y junio también por planilla suplementaria. Y continuando en la mesa”.
“Con Suárez peinamos canas como para saber el verdadero valor de la palabra”, completó.
La suma fija consiste en $28.000 que se pagará por planilla suplementaria el 10 de agosto, en setiembre, octubre y noviembre. Es adicional al aumento del 29% dividido en tres tramos (7% en marzo, 12% en julio y 10% en octubre) y al que hay que agregar el bono de $54.000 que se está depositando (son ocho cuotas de $4.000, dos de $5.000 y otras dos de $6.000). Alcanzará a todo el universo estatal de salud (alrededor de 19 mil personas): personal de planta, contratados, prestadores, residentes, etc y demandará una erogación de $540 millones que saldrá de las arcas provinciales.
En el Gobierno resaltan también que en un contexto de pandemia, “los sueldos se pagaron en tiempo y forma, también los aguinaldos. El aumento paritario alcanza al 90% de los empleados, en los sueldos promedio está en el 42% y la reunión de junio fue por nosotros”.
“Aun quienes rechazaron, quienes no paritaron, tuvieron aumento. Ese 10% que falta es el de los sueldos más alto que no tendrán bono. Seguro merecen más. Es lo que tenemos, es lo que podemos y nos queda la reunión de noviembre”, resumió el ministro de Gobierno.
La reunión que no fue, el reclamo que hará ATE y la opinión del SUTE
El funcionario provincial reclamó que se contactó con el gremio de la salud para reunirse el pasado viernes, pero que decidieron no ir. “No sé cómo explicarán a sus afiliados lo que íbamos a hablar sino vinieron. Las cosas se discuten en una mesa”, manifestó Ibáñez.
“Nos citaron y les dije que a Casa de Gobierno no puedo sentarme en una mesa que no sea paritaria. No quisiera que malinterpretaran que yo estoy haciendo arreglos como hizo ATE, nosotros tenemos palabra y ética gremial”, se defendió la sindicalista.
Roberto Macho, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó a este medio que hará el pedido del bono de $28.000 para empleados y empleadas que han estado en la primera línea como en áreas del Registro Civil, Iscamen, Guardaparques y Administración Central.
Si bien asegura haberse enterado por los medios, espera que “ese bono no sea una excusa para no abrir en noviembre (la última reunión del año)”.
“Yo voy a hacer un pedido formal para lo que han estado afuera, hay otros sectores que han estado trabajando en la pandemia como Registro Civil, Guardaparques , Iscamen, con la ley federal de carnes que son de la Administración Central”, indicó.
Con respecto a la lucha de los otros sindicatos, se diferenció al decir que “nosotros tenemos blanqueado el bono, el impacto en nuestros sueldos es distinto”.
El anuncio de la suma fija no cayó bien en otros gremios como la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) en donde se preguntaron “¿por qué bonos y no aumentos en blanco al básico de revista?”.
El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) que no firmó el acuerdo inicial y recibió el incremento por decreto también protestó. “Me da la sensación de que el Gobierno busca acallar a los trabajadores que han salido a luchar y vamos hacia un caravanazo el miércoles”, dijo Laura Espeche, secretaria de Acción Social del gremio docente.
“Salen a poner plata en el bolsillo cuando estamos llevando adelante una lucha por algo que nos corresponde. Es un manotazo de ahogado”, agregó.
Sebastián Henríquez, el titular del sindicato había dicho en la conferencia de prensa que “el gobierno pretende usar al SUTE para amedrentar al colectivo de no permitirnos ni sentarnos en paritarias porque no aceptamos lo que dijimos que no iba a alcanzar el año pasado”.
“Venimos impulsado esta unidad para exigir que la paritaria siga abierta. Los recursos están, es un año en campaña y se están usando esos recursos para otras cosas”, enfatizó el gremialista que está de vuelta en las calles.
