El Consejo de la Magistratura abrió una instancia preliminar de seguimiento de la situación del juez federal mendocino Walter Bento, quien fue imputado como presunto jefe de una organización que liberaba detenidos a cambio de dinero, dado que en un futuro cercano podría tener que someterlo a un jury para destituirlo.
Fuentes del Consejo precisaron a Los Andes que la Cámara Federal de Mendoza envió a Buenos Aires un documento con detalles acerca de la imputación que hizo contra Bento el juez federal de San Rafael, Eduardo Puigdéndolas, al responder a un pedido del fiscal general Dante Vega. Ese informe cayó en manos de la Comisión de Disciplina y Acusación.
Esta comisión, presidida por el magistrado Ricardo Recondo, será la encargada de proponerle al plenario del Consejo (de 13 integrantes) eventuales sanciones disciplinarias contra Bento, que van desde una advertencia, un apercibimiento y una multa, pasando por la suspensión y hasta, lo más probable por la gravedad de los delitos imputados, la remoción.
“El doctor (Juan Ignacio) Pérez Curci, presidente de la Cámara Federal, comunicó la situación y este informe ya está en manos de los consejeros. Por reglamento, el informe hace tomar conocimiento de la situación. Todavía nadie denunció aquí a Bento por mal desempeño ni nada. El Consejo sigue el expediente penal. Pero puede actuar de oficio en cualquier momento”, explicaron las fuentes consultadas.
La comisión que lidera Recondo está integrada por nueve miembros: un representante de los abogados de la matrícula federal, dos senadores, dos diputados, dos jueces, el representante del ámbito académico y científico, y el representante del Poder Ejecutivo. Tras analizar la acusación, esta comisión deberá elevar el caso al plenario para convocar al juez a defenderse. Por el momento, no hay fecha.
Un caso testigo
Las fuentes del Consejo de la Magistratura consultadas señalaron que el caso de Bento es similar al del ex juez federal con competencia electoral de Corrientes, Carlos Soto Dávila, quien fue acusado de beneficiar a narcotraficantes y al que el órgano le abrió una investigación en diciembre de 2018, citándolo por unanimidad para que se defienda de las acusaciones.
Finalmente, para no perder su derecho a jubilarse, el 19 de febrero de 2019 Soto Dávila presentó la renuncia, que fue aceptada tres días después por Mauricio Macri. Este juez correntino fue procesado como jefe de una asociación ilícita que les cobraba coimas a narcotraficantes para beneficiarlos con sus libertad u otras resoluciones judiciales.
Tras renunciar, Soto Dávila perdió los fueros y estuvo preso con arresto domiciliario en su casa más de un año hasta que consiguió la excarcelación. Ahora, junto otros ocho acusados - entre ellos, dos funcionarios judiciales, un exintendente y abogados- van a juicio oral que estará a cargo del Tribunal Oral Federal porteño el fiscal federal Dante Vega (ver página 2) la fiscalía mendocina solicitó la detención de Bento, por ahora permanece en libertad en función de sus fueros. Pero podría ser detenido si renuncia a su cargo o es removido por el Consejo de la Magistratura, que actuará en función de su propia investigación, con clara atención a cómo avance el expediente en San Rafael.
En caso de que haya denuncia o el Consejo de la Magistratura decida actuar de oficio, la acusación será notificada a Bento, oportunidad en la que se le hará saber que podrá ejercer su defensa por escrito, designar defensor, ofrecer pruebas y expresar lo que corresponda a su derecho, en el plazo de 20 días.
La especulación política
Bento fue nombrado juez el 31 de agosto de 2005, a través de un decreto (1060/05) firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner y el ministro de Justicia, Alberto Iribarne. Ante una eventual suspicacia acerca de cómo podría actuar el kirchnerismo ahora, un consejero de ese espacio afirmó que “no habrá ningún tipo de benevolencia” para el magistrado y “se actuará en función de las pruebas en su contra”, sin importar quién lo nombró en el cargo.
Dos consejeros de la oposición, en tanto, evitaron opinar puntualmente sobre la situación de Bento. Sí señalaron que ya tomaron conocimiento de la imputación. “Acá no hay defensa corporativa. Hay acusaciones muy graves y hay que estar atentos al avance de la investigación penal”, dijo uno de los consultados, hipercrítico del kirchnerismo.
Desde el entorno de la presidencia del órgano, que lidera el abogado Diego Molea. también descartaron que pueda existir una “posición corporativa”. Afirmaron que si bien siempre, en todos los casos, rige el principio de la garantía de presunción de inocencia, el Consejo estará muy atento a las actuaciones de la Justicia Federal de San Rafael. Por el momento, el órgano nacional no prevé un pronunciamiento. “Esperamos que la investigación siga su cause”, dijeron.
Poder repartido
Actualmente, el Consejo está presidido por Molea, de estrecha relación con Sergio Massa y también con el kirchnerismo. El vice es Alberto Lugones, de muy buena relación también con el Gobierno de Alberto Fernández y muy crítico del macrismo.
Ricardo Recondo (cercano a Juntos por el Cambio) y Juan Manuel Culotta (opositor al gobierno, pero sin conexiones estrechas con el macrismo), son representantes de los Jueces del Poder Judicial.
Graciela Camaño (Consenso Federal), Pablo Tonelli (Pro) y Vanesa Siley (FdT) representan a la Cámara de Diputados. Silvia Giacoppo (Cambiemos), María Inés Pilatti Vergara y Mariano Recalde (FdT), están por el Senado. Diego Sebastián Marías es el representante de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires y Carlos Matterson, el del resto del país.
Gerónimo Ustarroz, el representante del Poder Ejecutivo, es primo y hermano de crianza del actual ministro del Interior, el camporista Eduardo de Pedro, y tiene buena relación con Máximo Kirchner y su madre, la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Esto deja al núcleo del oficialismo con seis votos (Ustarroz, Recalde, Pilatti Vergara, Siley, Lugones y Molea) y a la oposición con otros seis (Tonelli, Giacoppo, Marías, Matterson Recondo y Culotta). Graciela Camaño suele oscilar entre las dos posturas y, por ello, actúa como el voto decisorio y también imprevisible.
