La comunidad Lof El Soneado beneficiada por Nación con tierras por entender que son familias mapuches, ya había perdido una demanda judicial con los propietarios. Apeló y deberá resolver la Suprema Corte de Justicia. Hay otra causa con fallo a favor por parte del máximo tribunal con revés para las comunidades y podría anticipar un resultado.
Las cesiones de tierras a comunidades mapuches que iniciaron los trámites de personería jurídica como tales, y han sido beneficiarias de tierras y esperan escriturar, tienen coletazos judiciales en Mendoza. Mientras el Gobierno provincial cuestiona las resoluciones que desataron la polémica por otorgar parcelas con miles de hectáreas en zonas de San Rafael y Malargüe, la Justicia ataja causas de vieja data.
La resolución 36/2023 firmada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) reconoció “la ocupación actual, tradicional y pública de la Comunidad Lof El Sosneado perteneciente al Pueblo Mapuche” en 21 mil hectáreas amparándose en la Ley 26.160, la que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país.
No pasó mucho tiempo para que se desatara una ola de críticas por la decisión nacional, porque la zona tiene un alto valor económico para la provincia por contar con recursos hidrocarburíferos. Mientras el gobernador Rodolfo Suárez encaraba la estrategia para judicializar el tema, en el Poder Judicial de San Rafael sabían muy bien de qué se trataba. El expediente SOMINAR, S.A. C/ VERON, NILDA EDITH S/ DE CONOCIMIENTO es conocido en los pasillos porque es un viejo conflicto entre los propietarios de estas tierras y la comunidad.
La Sociedad Minera Argentina S.A. (SOMINAR) demanda a Nilda Edith Verón por reivindicación del inmueble denominado Estancia El Sosneado ubicado en San Rafael y conocido como Arroyo Blanco (consta de 3400 hectáreas). Pide que se desocupe el inmueble y pague los daños y perjuicios que ocasiones la retención indebida del mismo.
La relación entre ambas partes tiene varios años porque la empresa y el padre de la demandada, Quintín Verón, tenían una vinculación locativa desde el año 1990 y se iba renovando cada tres años. Durante la vigencia del último contrato que vencía en 2008 y no queda claro si lo firmó Quintín Verón, este fallece. Se firma un nuevo contrato entre SOMINAR y Nilda Edith Verón y Viviana Argentina Verón (hija y viuda respectivamente) aunque la rúbrica sólo es de la hija del fallecido.
El contrato tendría tres años de duración, desde el 1 de enero del 2009 hasta el 31 de diciembre del 2011. Luego de esa fecha, Nilda Verón “se negó a firmar nuevos contratos locativos y continuar pagando cánones, sin desocupar el inmueble ni permitirle a su mandante ingresar nuevamente al mismo”, dice el expediente.
Según el relato, esta situación motivó el envío de numerosas cartas documento de la actora reclamando el pago de los alquileres adeudados y la desocupación del inmueble. La demandada se negó a adeudar las sumas, atribuyéndose en propiedad el terreno, “sosteniendo que es parte de su propiedad comunitaria indígena y que ha sido ocupada por ellos desde sus ancestros”.
“Dice que desde el año 2011 en adelante cambió su posición de reconocer la posesión y el dominio de SOMINAR, intervirtiendo el título y arrogándose la calidad de poseedora y ‘dueña’ se lee en el expediente. Interviene Pablo Escuri en representación de la demandada y pide la suspensión del proceso “con fundamento en la Ley 26.160 y sus prórrogas y relata que Lof El Sosneado debe su nombre a la decisión del conjunto de familias que según su esencia mapuche que es el TUWVN (origen territorial) y el KVPALME (origen familiar) se ubicaron definitivamente en los parajes de Arroyo Blanco El Sosneado hace más de 150 años, debido a políticas de reduccionismo territorial del Estado y a las situaciones económicas y sociales”.
Escuri desmiente que el relato hecho por SOMINAR y dice que Verón “es miembro de la Comunidad LOF EL SOSNEADO y junto con los miembros de dicha comunidad preexisten en el territorio reclamado hace más de 150 años”. Y además “que dichas familias desarrollaban sus actividades agroganaderas cuando todavía no existían los actores, quienes de mala fe pretenden apoderarse ilegítimamente de territorios que no les pertenecieron ni les pertenecen. Oponen así defensa de falta de acción”.
Tras idas y vueltas de recursos, la Cámara de Apelaciones en lo Civil de San Rafael le dio la razón a la empresa en cuanto a la propiedad de las tierras. Nilda Verón apeló el fallo y fue a la Suprema Corte de Justicia que, aun con la reforma en proceso, sigue funcionando en salas. Y es la Sala Primera que integran Pedro Llorente, Teresa Day y Julio Gómez (conocida como sala radical) la que debe resolver el pleito. El recurso ya fue aceptado y entra en proceso de revisión.
Los supremos ya se expresaron
Hay un fallo anterior que involucra a otra de las comunidades beneficiadas con tierras en Malargüe. Se trata de Elio López, integrante de la comunidad Lof Suyai Levfv que estuvo en juicio con el arquitecto Jorge Luis Luchesi. El conflicto se desató en un paraje en Los Molles cuando en 2012, el propietario asegura haberse encontrado con una familia levantando cercos.
También se ampararon en la ley 26.160 para decir que les correspondían las tierras y un fallo de cámara le dio la razón a los propietarios. La comunidad apeló la decisión y la causa llegó a manos de Llorente, Day y Gómez quienes rechazaron el planteo hecho por los supuestos mapuches y le dio la razón a los propietarios. Por lo que este antecedente podría pesar en el análisis de los elementos en la causa que tienen a SOMINAR Y Nélida Verón como protagonistas.
