La Corte provincial alcanzó este año un acuerdo importante para eliminar el “fórum shopping”, o sea, el direccionamiento político de las causas judiciales. Pero se va a la feria con un conflicto latente, que también tiene importancia institucional: los desacuerdos en el manejo del Consejo de la Magistratura.
Se trata del órgano que tiene la tarea clave de seleccionar a los aspirantes a jueces y fiscales. El Consejo se encarga de todo el proceso previo a la designación. Eso corre por cuenta del gobernador, con ratificación del Senado provincial. Pero el Consejo antes arma las ternas de postulantes, por medio de evaluaciones de conocimientos teóricos y entrevistas personales.
Un ministro de la Corte dirige este organismo, que además está integrado por un funcionario del Poder Ejecutivo, un representante de los magistrados, dos por parte del Colegio de Abogados y dos legisladores de colores políticos distintos.
Hace poco asumió como presidenta la ministra María Teresa Day, pero la Magistratura debe tener también un presidente “suplente” por parte de la Corte. No hubo conflicto en que la ministra “filoradical” Day se pusiera al frente, pero la minoría “filoperonista” (Mario Adaro, Omar Palermo y José Gómez) no aceptó aportar un representante propio para el cargo suplente.
Los ministros “opositores” dieron el portazo luego de que sus adversarios no aceptaran que hubiera un modelo de conducción “compartida” del Consejo. En concreto, pretendían que el representante opositor pudiera intervenir como autoridad principal del proceso en algunos momentos, en remplazo de la presidenta Day, algo que no ocurriría mientras ella se encuentre al mando.
Parece una pelea más, pero el efecto de esta decisión no es menor: casi la mitad del alto tribunal (tres de sus siete ministros) ha decidido no tener ninguna intervención ni responsabilidad en el proceso de selección de los futuros jueces y fiscales.
Como era de esperar, el conflicto estuvo marcado por las acusaciones cruzadas. Se dijo en el bando opositor, en voz baja, que en los últimos tiempos ha bajado la calidad de la selección de magistrados y que incluso hay manipulación en los nombramientos.
Los ministros filo oficialistas hicieron silencio para no agitar nuevas polémicas. Pero el Gobierno tomó la palabra en su lugar, con conceptos muy diferentes. Según el subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, quien representa al Poder Ejecutivo en el Consejo, el organismo hoy tiene mucha celeridad: ha recuperado el ritmo de la prepandemia y las ternas que emite no demoran más de una semana en el despacho del gobernador, quien enseguida manda los pliegos que elige al Senado.
“En el gobierno de Francisco Pérez, en cambio, preferían cubrir las vacantes con conjueces”, dispara el funcionario radical. Y señala que el contexto es de alta demanda por los cargos. “Se han llegado a anotar 83 postulantes para una fiscalía”, relata D’ Agostino.
El proceso de selección es complejo. Arranca con un examen teórico que está a cargo de comisiones evaluadoras. En esta prueba no se coloca una nota, sino que solamente se aprueba o desaprueba a los aspirantes.
De todos modos, al que sigue adelante se le otorga un puntaje de hasta 4 puntos a partir de sus antecedentes personales. La nota corresponde a un “índice tabulado de antecedentes laborales” del competidor.
Pero falta todavía la última etapa: el examen oral. Se trata de entrevistas marcadas por la “merituación discrecional que realice cada uno de los miembros del Consejo”.
La entrevista final otorga hasta 6 puntos a cada postulante y es tomada por los siete miembros del Consejo de la Magistratura. Las notas de la entrevista se promedian entre sí y ese número se suma a los puntos obtenidos por los antecedentes laborales. El cómputo termina dando una nota final y así se genera el orden de mérito definitivo, que da lugar a las ternas.
El proceso así planteado genera apoyos y detractores. Según el Gobierno permite, entre otras cosas, conocer y premiar en la entrevista el compromiso del postulante con el cargo de juez al que pretende acceder.
Pero también hay críticas y pedidos de cambios, sobre algunos aspectos del proceso y respecto del rol de la propia Corte. El ex ministro de la Corte Alejandro Pérez Hualde es uno de los que hace planteos. Cuando la presidencia de la Magistratura estaba a su cargo, la vice era ocupada por el filoperonista Palermo. “Palermo era mi suplente, pero a veces él presidía”, explica Pérez Hualde, con lo cual alienta el pedido del sector minoritario de la Corte para intervenir. También dice que hay que “consolidar” que el examen de postulantes sea secreto y cierra con una definición antigrieta: “Un buen juez penal, no importa que sea peronista o radical”.
