Con las elecciones legislativas en el medio y grandes dificultades para encontrar consensos, el Congreso cierra este viernes un año parlamentario con pocas sesiones y varias leyes relevantes que siguen pendientes, a pesar de haber sido anunciadas y promovidas por el presidente Alberto Fernández.
La campaña electoral y la áspera discusión sobre la vuelta a la presencialidad después de un año de funcionamiento virtual marcaron el pulso del Parlamento y afectaron la actividad parlamentaria, visiblemente menor que en años anteriores.
Entre el 1ro de enero y el 31 de diciembre, la Cámara de Diputados sesionó 10 veces, casi la mitad que el año pasado, cuando hubo 19. Fueron 8 sesiones para tratar proyectos, una informativa del exjefe de Gabinete Santiago Cafiero y una preparatoria para renovar autoridades.
El balance contrasta fuerte con el de 2020, cuando se realizaron en total 19 sesiones. En 2019, primer año de mandato de Fernández, se habían celebrado 10, la misma cantidad que este año.
El Senado, en tanto, celebró 18 sesiones -16 para tratar proyectos, una informativa con Cafiero y una preparatoria-. En el terreno que dominó con comodidad hasta el 10 de diciembre, el oficialismo no pudo romper el récord de 2020, cuando se celebraron nada menos que 31 sesiones bajo el sistema virtual.
Las primeras sesiones con la nueva conformación parlamentaria fueron la antesala de un 2022 que asoma complejo a la hora de legislar, con definiciones que se darán votación a votación. Tanto en Diputados como en el Senado, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio están separados por dos legisladores de diferencia.
A esto se suma la amenaza del Covid, que dejó fuera de juego a dos legisladores en el debate por Bienes Personales -primero la diputada Camila Crescimbeni, del PRO, y después el senador Guillermo Andrada, del Frente de Todos-. Por eso, ya se empezaron a proponer reformas al reglamento para autorizar a los contagiados a participar virtualmente.
Leyes pendientes
Fernández anunció, en diferentes oportunidades y junto a los ministros de cada área, una batería de proyectos económicos que buscan generar puestos de trabajo e ingreso de divisas. Esas leyes eran parte de la agenda de “grandes acuerdos” que el Gobierno pretendía encarar. Sin embargo, ninguna avanzó en el Congreso.
El único proyecto que el oficialismo puso en discusión en el Senado fue el de promoción de las inversiones hidrocarburíferas. Pero se topó con un amplio rechazo de la oposición y también con quejas de legisladores propios. El Poder Ejecutivo prometió cambios y el debate quedó trunco. Ahora deberá recomenzar con la nueva composición.
También están pendientes las leyes de promoción de la agroindustria, de la industria automotriz, y de la movilidad sustentable. El Ejecutivo también remitió al Congreso, al filo del año, un proyecto de “compre argentino” para impulsar la producción nacional.
Otro proyecto que quedó en el tintero es el de promoción de la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial. El Senado lo aprobó por amplia mayoría, pero en Diputados -si bien obtuvo dictamen- no llegó al recinto. Fuentes legislativas sostienen que podría incluirse en el temario de extraordinarias.
Además, hay varias iniciativas que Fernández prometió enviar al Congreso y quedaron solo en anuncios. En la apertura de sesiones ordinarias, por ejemplo, habló de un proyecto para “desdolarizar” las tarifas de los servicios públicos y de otro para reformar la Ley de Educación Superior. Ninguno ingresó.
En materia judicial, uno de los grandes temas pendientes es la vacante que dejó Elena Highton de Nolasco en la Corte Suprema de Justicia. Se necesitan dos tercios de los votos en el Senado para nombrar a un juez supremo, un número que el Frente de Todos no tiene ni tuvo con la conformación anterior.
Asimismo, está en carpeta la reforma del Consejo de la Magistratura. El Ejecutivo envió el proyecto al Senado días antes de que la Corte declarara inconstitucional el organigrama actual. El plazo dispuesto por el máximo tribunal para sancionar una nueva ley es hasta abril.
Fernández también había anunciado en la Asamblea Legislativa un proyecto para crear un Tribunal Federal de Garantías con competencia en cuestiones de arbitrariedad. En esa oportunidad también propuso establecer el juicio por jurados para delitos graves. Pero no hubo avances en ninguno de los dos temas.
