El posible funcionamiento de una “mesa judicial” durante el gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal que armaba causas contra dirigentes sindicales quedó bajo la lupa del Congreso nacional. Este martes se reunió la Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, donde se resolvió investigar el episodio del video que ya forma parte de un expediente en la Justicia Federal.
Según trascendió, la Bicameral de Inteligencia va a constituir una subcomisión para investigar el rol de los tres exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia que aparecen en el video, donde también se ve al exministro de Trabajo de Vidal, Marcelo Villegas.
Según se pudo identificar, los tres ex AFI son Sebastián Di Stefano, Darío Biorci (exjefe de gabinete de Majdalani) y Diego Dalmau Pereyra.
La cinta es una grabación de una reunión celebrada el 16 de junio de 2017, en el Banco Provincia, que según la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, fue hallada en “un disco duro en una computadora que estaba en desuso en una oficina” de la agencia. En el video, Villegas alude al deseo de contar con “una Gestapo” para actuar contra distintas organizaciones sindicales, principalmente, la delegación de la UOCRA que dirigía Pablo “Pata” Medina.
La Bicameral también resolvió por mayoría pedir el juicio político contra los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, mediante una presentación que hará ante el Consejo de la Magistratura.
Fuentes de la presidencia de la bicameral indicaron que la decisión de denunciar a Llorens y Bertuzzi fue tomada tras analizar el fallo en el que ambos camaristas consideraron débil la hipótesis de la existencia de una asociación integrada por funcionarios del Gobierno de Cambiemos para llevar adelante tareas de espionaje ilegal y, por el contrario, juzgaron que hubo espías de menor jerarquía que actuaron por sí solos.
La Comisión Bicameral de Inteligencia -que preside el diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau- concluyó que los jueces debieron dejar deliberadamente prueba sin analizar para concluir que no existió “un plan sistemático de producción de inteligencia ilegal” desde el Poder Ejecutivo, al descartar la existencia de una “asociación ilícita” en la causa conocida como “Súper Mario Bros” y atribuir los hechos a cuentapropistas.
