Después de un primer semestre con poca actividad en los recintos, el Congreso no volverá a sesionar hasta agosto y se prepara para encarar una agenda legislativa picante, que incluye el Presupuesto 2023, la ampliación de la Corte Suprema de Justicia y el impuesto a la “renta inesperada”, entre otros proyectos.
El receso invernal estaba programado para las próximas dos semanas, pero se adelantó de hecho. Las únicas dos reuniones de comisión convocadas para esta semana (una de Deportes en Diputados y la Bicameral que analiza las auditorías de la AGN) naufragaron por falta de quórum debido a la escasa presencia de legisladores en la Ciudad de Buenos Aires.
El Congreso registró poca actividad en los primeros meses del año. Tras el fracaso de la convocatoria a extraordinarias, la Cámara de Diputados sesionó solo cinco veces, y el Senado seis, incluyendo la visita del jefe de Gabinete, Juan Manzur, que tiene previsto asistir a la Cámara baja en agosto.
En Diputados, uno de los principales desafíos que enfrentará el oficialismo en la segunda mitad del año es la aprobación del Presupuesto, sobre todo con el antecedente del rechazo en 2021 y con la asunción todavía fresca de la ministra Silvina Batakis, quien deberá convencer no solo a la oposición sino también al pleno del oficialismo.
“Estamos esperando que Silvina tome aire y que se calme un poco el clima para sentarnos a dialogar”, dijeron en el oficialismo a este medio. Poco antes de renunciar, Martín Guzmán envió a Diputados el informe de avance del Presupuesto, que proyecta un crecimiento del PIB del 3%, un dólar a 223,5 pesos y una inflación interanual del 50%.
Pero antes del debate de la “ley de leyes”, el Frente de Todos tiene en mente dictaminar otros proyectos: la ley de fomento a la agroindustria; la creación de universidades nacionales en Pilar y el Delta; la creación de comités mixtos de seguridad e higiene en el trabajo; y una ley de “monotributo inclusivo”.
“Nuestro plan es de continuidad”, definieron en el bloque, donde se mostraron “satisfechos” con el trabajo hecho en comisiones, a pesar de que se terminaron de constituir recién a fines de mayo.
Otro tema en carpeta es la moratoria previsional, que tiene media sanción del Senado. El 24 de julio vence la última moratoria, pero no habrá sesión antes de esa fecha, lo cual abre un interrogante.
El kirchnerismo apuesta a que el Poder Ejecutivo prorrogue por decreto el régimen vigente y así ganar tiempo para sancionar la ley, pero no todos en el bloque comparten esa idea: hay quienes creen que podría sancionarse una ley retroactiva para no terminar en un decreto que soslaye el trabajo parlamentario.
Otra incógnita es cuál será la opinión de Batakis, ya que el kirchnerismo no consensuó el proyecto en su momento con Guzmán y Juntos por el Cambio cuestiona la falta de precisiones sobre el costo fiscal.
Por otra parte, quedaron en el tintero tres proyectos que, por ahora, no tienen los votos. Son la reforma del Consejo de la Magistratura; la creación de un fondo para cancelar la deuda con el FMI con dólares fugados; y el impuesto a la “renta inesperada” para empresas que hayan incrementado sus ganancias a causa de la guerra en Ucrania.
Hasta ahora, el oficialismo solo pudo dar un pequeño paso con el dictamen sobre el Fondo para la Cancelación de la Deuda. La reforma del Consejo está trabada por falta de apoyo y el impuesto a la “renta inesperada” no empezó siquiera a tratarse en comisiones.
En la hoja de ruta del oficialismo para después del receso invernal también figura el régimen de Compre Argentino, para ampliar la preferencia de empresas nacionales en las compras estatales; la ley de promoción de la enfermería; y el incentivo a la electromovilidad, a pedido de gobernadores.
Senado
En el Senado, en tanto, el Frente de Todos todavía no pudo aprobar la polémica ampliación de la Corte Suprema de Justicia a 25 miembros. El interbloque tenía intenciones de sesionar el primer jueves de junio para tratar el proyecto de los gobernadores, pero dio marcha atrás.
En la bancada argumentaron que había senadores propios con problemas de salud y otros con los vuelos, por lo cual no llegaban al quórum. Pero las versiones indican que no todos los integrantes estarían de acuerdo, como en el caso del puntano Adolfo Rodríguez Saá.
También está pendiente una enorme cantidad de pliegos de jueces, conjueces, camaristas y defensores públicos. En tres días, la Comisión de Acuerdos, que preside la camporista Anabel Fernández Sagasti, analizó 48 candidaturas, que ahora deben ser avaladas en el recinto.
Uno de los pliegos que generó discordia fue el de Marcelo Bersanelli, nominado como camarista federal de la localidad santacruceña de Comandante Luis Piedrabuena. Bersanelli, según advirtió la oposición, fue funcionario de la gestión de Alicia Kirchner en Santa Cruz y concuñado de Máximo Kirchner, por lo que carece de “imparcialidad”.
