El Consejo Económico, Ambiental y Social fue una de las promesas de Rodolfo Suárez en su discurso del 1 de mayo y ayer, casi tres meses después, consiguió sanción definitiva en la Legislatura. El proyecto entró a Diputados el 21 de mayo, el 1 de julio obtuvo media sanción en la Cámara baja con el voto del oficialismo -menos el de la aliada Mercedes Llano (PD)- y al día siguiente entró al Senado. Allí durmió casi un mes hasta que ayer se convirtió en ley con los votos, otra vez, de los radicales y sus aliados.
Ahora, la carta la tiene que jugar el Ejecutivo que tiene 90 días para reglamentar la norma desde el momento de su promulgación. El mandatario provincial ha mostrado apuro en que el Consejo entre en funciones rápidamente, ya que allí consolidará su estandarte de diálogo y consenso. “Empezaremos a trabajar en la reglamentación”, confirmó a Los Andes el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, que está trabajado contrarreloj con el resto de la batería de proyectos que anunció Suárez en la Asamblea Legislativa, entre ellos la reforma constitucional.
Aunque la ley a lo largo de sus 27 artículos establece el marco general para que funcione el Consejo, la letra chica estará en la reglamentación, donde se espera que se establezcan, por ejemplo, los mecanismos y formas de elección de los representantes. Además, una vez conformado, el mismo Consejo podrá dictarse algunas reglamentaciones internas.
“El Ejecutivo dicta la reglamentación y pone en funcionamiento el Consejo. Es una ley programática que necesita de ese instrumento”, explicó el jefe del bloque de Cambia Mendoza en el Senado, Alejandro Diumenjo.
“Una vez constituido es muy probable que determine su propia forma de trabajo. Quizás algunos puntos se flexibilicen. En este caso la reglamentación es clave y quizás hasta más importante. Hay que entender los tiempos porque el Gobierno quiere poner el Consejo en funciones rápido pero no a las apuradas”, agregó el legislador suarista.
Voces en contra
Desde su anuncio, el Consejo cosechó críticas en la oposición, que tildó el proyecto de ser “una buena idea pero vacía”. Además, cuestionaron que no pudieron hacer aportes a la iniciativa y que el PJ ya había propuesto la creación de un Consejo Social Anticrisis en 2018.
“Lo que se trató hoy (por ayer) no es representativo ni aportará soluciones concretas para la provincia. Detrás del pomposo nombre, hay mucho ruido y pocas nueces. Es un organismo burocrático, donde no hay participación real de los partidos políticos, no hay presentantes de la sociedad civil o de instituciones”, dijo el jefe de los senadores del Frente de Todos-PJ, Lucas Ilardo.
“Es una organización burocrática más que busca contener a los sectores beneficiados siempre por el Estado. No por los más postergados, se tratan estos proyectos de tretas publicitarias y ninguna política de Estado. Es profunda la crisis y no se sale con títulos en los diarios”, añadió.
Desde el sector sindical también se mostraron en desacuerdo con la creación del Consejo. “No tiene ningún sentido porque las decisiones y los proyectos que elabore no son vinculantes. Hay una discriminación con el tema de los actores integrantes. Por ejemplo, en la parte sindical diferencia el sector público del privado”, disparó el titular de ATE, Roberto Macho.
“Lo más cómico es que el Ministerio de Gobierno propone al presidente y al vice pero no dice que las decisiones del Consejo sean vinculantes. Ésta es una maniobra del Gobierno provincial para lavarse las manos por la falta de inclusión en las decisiones del último tiempo que han sido muy erradas”, arremetió el líder del sindicato de estatales.
Un quórum difícil para 86 posibles integrantes
El artículo 6 enumera uno por uno los miembros del Consejo, o al menos las instituciones que tendrán voz al momento de debatir los temas estratégicos de la provincia. Según la ley, estará conformado por al menos 40 miembros pero si se lee entrelíneas y se suman todos los representantes, el Consejo podría estar conformado por 86 personas.
Es que hay algunos puntos que no están determinados y pueden multiplicarse, como los partidos que tienen representación legislativa, los credos religiosos y los colegios de profesionales. Además, hay que sumar a los 18 intendentes o sus representantes y a los ex gobernadores que quieran participar.
Será todo un desafío escuchar las posturas y comentarios de 86 personas, y mucho más complejo sacar ideas conjuntas de sectores tan opuestos como gremios, Cámaras empresarias, científicos y organizaciones sociales, entre otras.
Además, para el funcionamiento plenario el artículo 14 establece que “el quórum necesario para sesionar será la mayoría absoluta de sus miembros individualmente considerados”. Es decir, las 86 personas ya sea de forma virtual o presencial. Parece ingenuo pensar que la política no teñirá el Consejo y si algún sector se opusiera a tratar los temas del día, probablemente no asista y haga caer la sesión. “Ese quórum es muy difícil de lograr y puede ser que en la reglamentación se flexibilice”, reconoció Diumenjo.
El otro tema sobre el que se discutió en la Legislatura fue sobre el cupo femenino. “No hay representatividad de los distintos sectores de la sociedad, ni de género”, señaló Ilardo. Pero Diumenjo retrucó: “El artículo 6 es claro y al final indica que los miembros serán propuestos por las organizaciones y que la reglamentación establecerá condiciones y plazos. Y que esa reglamentación deberá contemplar la participación de mujeres en condiciones de igualdad”, retrucó Diumenjo.
También se plantean dudas sobre el artículo 24, que habla del financiamiento del Consejo. “Los cargos no son remunerados y los empleados serán de otras dependencias. Para nada significa más gasto del Estado”, señaló el senador radical.
