El presidente Javier Milei entregó el viernes en el Congreso de la Nación su Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70 y activó una cuenta regresiva: los legisladores tendrán ahora 10 días hábiles para evaluar el cuestionado texto.
Y el camino aún es incierto, porque las autoridades parlamentarias no terminan de conformar la Comisión Bicameral para su tratamiento.
La Casa Rosada cumplió con la formalidad de entregar el texto completo del decreto pasado el mediodía de este viernes, cuando restaban horas para que venza el plazo previsto por la ley para cumplir con ese trámite.
El documento ingresó por la Cámara de Senadores porque la presidencia de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que deberá tratarlo, este año quedará en manos de un senador.
Ahora, los diputados y senadores deberán actuar con celeridad para evaluar el DNU 70, con el que se impuso una profunda reforma del Estado. El decreto forma parte de las primeras acciones de Milei para tratar de marcar la impronta de su gobierno pero que también abrió una batalla en el frente judicial donde suma presentaciones en contra.
La fecha límite para que el Congreso se expida es el 19 de enero. La situación demandará intensificar la marcha porque todavía no se terminó de resolver la composición de la Bicameral.
La última novedad al respecto fue que, el jueves, un grupo de diputados de la Unión Cívica Radical le solicitó al presidente de la Cámara, Martín Menem (La Libertad Avanza), que termine de resolver esa cuestión.
“El día 19 de enero de 2024 está Cámara deberá abocarse indefectiblemente al tratamiento del DNU 70/2023 y sería conveniente hacerlo con dictamen emitido”, señalaron siete diputados radicales en el texto enviado a la Presidencia de la Cámara.
Justamente el gran problema está en Diputados, donde resta que se designe a los 8 legisladores que integrarán la Bicameral, junto a 8 senadores.
La vicepresidenta y titular del Senado Victoria Villarruel ya publicó el Decreto Parlamentario para la designación de los elegidos: Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza), Víctor Zimmermann (UCR), Luis Juez (PRO), Juan Carlos Romero (Cambio Federal), Carlos Espínola (Unidad Federal) y los kirchneristas Mariano Recalde, Anabel Fernández Sagasti y María Teresa González.
El obstáculo a resolver en Diputados tiene que ver con la falta de acuerdo con el bloque de Unión por la Patria (UP), que reclama la mitad de los ocho lugares a repartir. Por ahora, Menem resiste a ese pedido porque quiere que uno de los lugares de UP sea para el bloque oficialista.
La Bicameral puede emitir dictamen a favor o en contra del DNU durante los próximos diez días. Si eso no ocurriera, la legislación establece que el decreto está listo para ser debatido en ambas Cámaras del Congreso que pueden tratarlo simultáneamente.
De acuerdo con la Ley, si el DNU no es rechazado por ambas cámaras, mantiene su vigencia.
En los últimos días, el DNU 70 encontró resistencia en el Poder Judicial, donde se dictaron una serie de medidas cautelares, fundamentalmente, contra el capítulo cuarto en el que se imponen reformas en materia laboral.
Esas medidas se concretaron por los reclamos que impulsaron desde la CGT y la CTA, entre otros sectores. Incluso, la central obrera inició un plan de lucha que incluirá un paro el 24 de enero.
“Somos más que respetuosos con el proceso judicial hasta las últimas instancias. Esas decisiones judiciales van a ser apeladas y seguiremos atentos el camino. No hay nada que haya ocurrido que no hubiese sido esperado por nosotros. El Gobierno seguirá analizando paso a paso no solo el trámite judicial y el legislativo”, señaló Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.
El dilema sobre el DNU coincide con otra situación sensible para el gobierno nacional, dado que la próxima semana comenzará a tratarse la Ley Ómnibus.
Los tiempos apremian pero en la Casa Rosada se muestran confiado en los plazos y descartan la posibilidad de extender las sesiones extraordinarias.
“No lo estamos evaluando”, dijo Adorni, en su tradicional conferencia de prensa.
El funcionario agregó que el Gobierno “no le cierra el diálogo a nadie”, pero aseguró que la administración del Presidente “está convencida” de impulsar la ley ómnibus.
