El oficialismo avanza a paso firme en la Cámara de Diputados con el proyecto de ley que rebaja entre un 30% y un 50% las tarifas de gas para más de tres millones de nuevos usuarios. La iniciativa fue defendida hoy por el interventor del Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas), Federico Bernal, y el Frente de Todos buscará firmar dictamen este miércoles, con apoyo de aliados.
“Con este proyecto se cuida un derecho humano, que es el acceso a una vivienda adecuada, que va más allá de tener cuatro paredes y un techo. No hay vivienda adecuada sin una adecuada calefacción. Estamos ampliando derechos”, destacó Bernal ante las comisiones de Energía y de Presupuesto, que se reunieron de forma virtual.
Según puntualizó el funcionario, a los 849.965 usuarios que actualmente gozan del descuento del 50% en la Patagonia, la Puna y Malargüe, se sumarán ahora 3.149.108 usuarios de 151 nuevos departamentos. Es decir, casi cuatro millones de usuarios de 230 departamentos pasarán a tener una tarifa subsidiada.
El proyecto incorpora a toda la provincia de Mendoza y localidades de Buenos Aires, San Juan, Salta y San Luis. Pero además, algunas “zonas frías” de Córdoba, Santa Fe, La Rioja, Tucumán, Catamarca y Jujuy también pasarán a percibir el beneficio automáticamente “si el día de mañana tienen gas por redes”, explicó Bernal.
“No hay ningún capricho, sino que nos regimos por criterios técnicos”, aclaró Bernal junto a Jorge Deferrari, gerente de Distribución del Enargas, que indicó que el proyecto toma como parámetro la Norma IRAM 11.603, del año 2012, elaborada en conjunto por la Secretaría de Energía, universidades y otros organismos estatales.
Esa norma dividió al país en zonas bioambientales según la cantidad de “grados día” con temperaturas por debajo de 18 grados, relevadas en los últimos diez años. Bernal aseguró que, como el año próximo corresponde una revisión, se podrá evaluar la incorporación de más zonas que no figuran en el proyecto.
De todos modos, Liliana Schwindt (Frente de Todos), autora de una de las iniciativas que se tomaron como base, adelantó que el dictamen tendrá modificaciones. Y enfatizó: “No hay ninguna discrecionalidad. De más de 90 ciudades que se van a incluir en la provincia de Buenos Aires, la gran mayoría está gobernada por Juntos por el Cambio. Es un reclamo genuino”.
Cruces y chicanas
La radical cornejista Jimena Latorre abrió el debate y advirtió que con el nuevo esquema la tarifa patagónica “se replica a más de la mitad del territorio argentino, sin respetar siquiera el mapa isotérmico”. Por eso consideró que “hay una cuestión de sábana corta: siendo más los beneficiarios y menos los que aportan, no hay punto de equilibrio en el fondo fiduciario”.
Sin embargo, Bernal explicó que los fondos (alrededor de 14 mil millones de pesos adicionales) ya están contemplados en el fondo fiduciario que existe desde 2002. Por eso, afirmó que “la propuesta no requiere aportes del Tesoro Nacional, sino que se autofinancia a partir del recargo” costeado por la mayoría de los usuarios, que pasará del 4,46% al 5,44%. El impacto de esa suba será de entre 6 y 8 pesos mensuales más en una factura residencial promedio.
El interventor del Enargas aprovechó para lanzar una chicana: “Juntos por el Cambio ahora se sorprende de este aumento de un punto porcentual del recargo cuando ellos en 2017 aumentaron 4,5 puntos porcentuales el recargo sin incorporar un solo beneficiario. Entiendo la preocupación. Yo estaría preocupado, y hasta con un poco de vergüenza”.
Para graficar cuál será el impacto de la medida, Bernal ejemplificó que en Mendoza, en septiembre/octubre (cuando esté plenamente vigente el cuadro tarifario), en lugar de 2.473 pesos los usuarios residenciales pagarán 1.741 pesos con el descuento del 30%, “lo que significa un abaratamiento del servicio del 68%”.
Desde la provincia cuyana, José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo), uno de los principales promotores de la ley, se quejó de los “diputados que representan a un sector de poder, de lobby, que es fuerte y que no quiere que nada cambie”. “Pareciera ser que siempre hay un problema técnico, un problema contable, de presupuesto… ponen muchísimas excusas”, lamentó.
Facundo Suárez Lastra (UCR) salió al cruce de Ramón por “asignar representaciones extrañas a la representación popular”. “No estamos defendiendo a ninguna empresa”, agregó otro radical, el chubutense Gustavo Menna, que advirtió que la futura ley “va a terminar neutralizando el beneficio de la zona Patagónica, donde hace frío en serio”.
Schwindt recogió el guante y recordó que, cuando el interventor del Enargas durante la gestión de Cambiemos, David Tezanos, fue citado a Diputados para explicar los aumentos de tarifas, “dijo que hasta hacía muy poco tiempo había trabajado en una empresa privada (Metrogas). Duró lo que un suspiro en el cargo, lo sacaron y pusieron a otro, porque reconoció que estaba defendiendo a las empresas”.
