La política interviene de manera más o menos evidente en los organismos de control de la provincia. Esa intervención ya era evidente en el Poder Judicial y como nunca en la Suprema Corte, donde la conocida “grieta” entre supremos colocados por el peronismo y por el radicalismo está explicitada desde hace años. Un organismo en el que hasta ahora no se había manifestado esa fractura era el Tribunal de Cuentas. Pero el miércoles se conoció el fallo parcial de la rendición de gastos de la Dirección Provincial de Vialidad.
Las sanciones fueron decididas por tres de los cinco vocales del Tribunal de Cuentas, los tres nombrados por el PJ; los otros dos miembros del organismo emitieron un dictamen en disidencia. Justamente esa grieta fue parte de la defensa que esgrimió el sancionado titular de Vialidad Oscar Sandes, quien dijo que fue “castigado” por motivos políticos.
Más allá de las críticas habituales sobre la tardanza en dar el dictamen sobre la rendición de cuentas de los diferentes organismos o incluso su actuación casi displicente en uno de los casos de corrupción más grandes de Mendoza, los Ticket Vale Más; nunca se había notado el quiebre político.
Desde 2017 que no había un fallo con resolución en disidencia y no fue por una cuestión política: sólo uno de los vocales, Mario Angelini, tuvo diferencias con lo dictaminado por los otros cuatros.
Pero en el fallo de Vialidad, el quiebre coincidió con las orientaciones políticas de cada uno de los vocales: los tres peronistas suscribiendo el veredicto más duro para Sandes, sancionándolo a pagar de 3 millones de pesos entre multas y cargos (devolución del dinero sin respaldo documental del gasto), los radicales más benévolos, teniendo en cuenta que una de las funcionarias ha asumido que falsificaba la firma de Sandes para hacerse de fondos de la “caja chica” de Vialidad. Además, los dos vocales radicales buscaban que fuera la Fiscalía de Estado la que se hiciera cargo de la investigación del daño patrimonial para el Estado.
Los peronistas del Tribunal
El más antiguo de los miembros del Tribunal de Cuentas es el contador Angelini, quien llegó al cargo en 1992, a propuesta del entonces gobernador del justicialismo Rodolfo Gabrielli.
En ese momento, Angelini era director de Administración en el Gobierno de Mendoza; si queda alguna duda, había ingresado en ese puesto en 1988, cuando José Octavio Bordón era gobernador.
El resto de los integrantes del Tribunal ingresó en la última década. Otro contador, Héctor Caputto, llegó en 2012 y fue propuesto por Francisco Pérez.
Antes de ese rol, apenas asumió Pérez lo había nombrado en el directorio del Instituto Provincial de Juegos y Casinos.
Tres años más tarde entró otro de los miembros y también fue impulsado por el ex gobernador Pérez. Se trata del ex legislador y contador Ricardo Pettignano. Los que conocen el mundillo legislativo, recuerdan que fue diputado provincial en los ‘90; aunque fue parte de los dirigentes peronistas que dejaron el PJ para irse con José Octavio Bordón y fundar el partido PAIS (Política Abierta para la Integridad Social).
Antes había sido concejal del PJ de Las Heras. Después, con los años, Pettignano volvió a peronismo de la mano de los hermanos Omar y Emir Félix.
Entre 2003 y 2007 fue funcionario de la Municipalidad de San Rafael y en 2008 retornó a la Legislatura, pero esta vez al Senado, en dos períodos, gracias al apoyo de los hombres fuertes del justicialismo sureño. Antes de terminar su segundo mandato como senador, en 2015, fue lanzado por Paco Pérez para ir al Tribunal de Cuentas.
Los radicales
De cinco miembros, dos fueron impulsados por Alfredo Cornejo. La primera en llegar de la mano del ex mandatario fue la contadora Liliana Muñoz de Lázzaro. Sus últimos cargos son reveladores: fue contadora general y secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Godoy Cruz, cuando Cornejo era intendente y cuando este llegó la Gobernación, Muñoz de Lázzaro fue subsecretaria de Administración y Control del Ministerio de Salud durante un año. Entonces se produjo la vacante en el Tribunal de Cuentas y el actual diputado nacional la propuso para ese cargo.
El último en llegar es el ahora presidente y el único abogado de los vocales: Néstor Parés. También llegó avalado por Cornejo y asumió en diciembre del año pasado. Antes había sido diputado provincial y, durante la administración cornejista, fue presidente de la Cámara de Diputados.
En la gestión de Julio Cobos, Parés fue director de Control y Relaciones Laborales de la Subsecretaría de Trabajo y ejerció como director del Registro Civil.
Dicen que no “será la última” disidencia
Es la primera vez que hay una disidencia tan política en el Tribunal de Cuentas. La pregunta que cabe hacerse es si habrá otra en el futuro. Desde el ala radical sostienen “no será la última”.
El fallo de la discordia es parcial, se refiere a irregularidades ocurridas en 2019, en el manejo del fondo fijo, es decir, la caja chica de la Dirección Provincial de Vialidad. Esto no abarca todas las rendiciones de cuentas de la administración de ese organismo.
