El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció penalmente a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, después tomar esta semana declaración testimonial al titular de la AFIP, Carlos Castagneto, y al jefe de Gabinete, Juan Manzur, en el marco de una investigación preliminar donde cuestionó que de los 253.000 planes presuntamente irregulares sólo se hayan suspendido 2.243.
El representante del Ministerio Público Fiscal cuestionó los fundamentos de la funcionaria en la denuncia a la que accedió el diario Clarín. Allí, apunta contra la actual ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz y contra el Secretario de Economía Social de dicho organismo, Emilio Miguel Angel Pérsico, “por las conductas que encuadran en los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos”.
El primer número que puso bajo la lupa el fiscal Marijuan fueron los 253.184 planes del programa Potenciar Trabajo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.
Ese universo de beneficiarios del programa social, fue el resultado del cruce de información sobre la identificación estadística de 1.383.279 personas que reciben la ayuda económica.
En líneas generales se detalló que el mencionado programa que otorga el Ministerio de Desarrollo Social contaba con 253.184 personas de ellos (el 18,30%) que habrían efectuado una manifestación patrimonial en las declaraciones juradas de Bienes Personales. También que 35.398 beneficiarios (el 2,56%) habrían realizado alguna compra de divisas con fines de ahorro en los últimos 6 meses.
Después se hizo un análisis de los ingresos de los beneficiarios durante los últimos seis meses, teniendo en cuenta las declaraciones juradas del impuesto sobre los bienes personales “incompatibles con el beneficio y/o tenencia de bienes muebles e inmuebles, información previsional, de medicina prepaga o alcanzada por cobertura de salud, que hayan fallecido, entre otras variables”.
Había 2.800 personas fallecidas cobrando el beneficio social, número que el Poder Ejecutivo bajó a 300. Pero también se detectaron beneficiarios con más de un inmueble, con titularidad de embarcaciones, aviones, vehículos 0 Km, entre otras irregularidades.
Estos fueron los primeros números que denunció el fiscal Guillermo Marijuan por el delito de defraudación, entendiendo que el 20% de los beneficiarios finales, no debían estar percibiendo el plan social que representa una erogación mensual de casi 7.000 millones de pesos al Estado.
Frente a ese número que constató, dijo en su denuncia, en base a dos informes proporcionados por la AFIP que se encargó de realizar el entrecruzamiento de datos, el fiscal Marijuan pidió la suspensión de los más de 253.000 planes.
Sin embargo, la ministra Tolosa Paz que está frente a la cartera hace poco más de un mes, resolvió dar de baja sólo a 2.243 programas asistenciales.
La explicación oficial
Según informó el Gobierno, desde la cartera que dirige Tolosa Paz se cruzaron datos proporcionados desde la AFIP y con la base del Banco Central para identificar las operaciones que involucraron a los beneficiarios de los planes que administra el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, desde la secretaría de Economía Social de la Cartera ministerial.
Tolosa Paz informó sobre 430 titulares del Potenciar habían comprado u operado con dólar- ahorro en los últimos 6 meses por un total de 293 mil dólares. Sin embargo, nada más que 23 personas, que hasta este viernes permanecían en el padrón, concentraron casi la mitad de esas operaciones.
En otro tramo ese informe difundido por el Poder Ejecutivo para bajarle el tono al escándalo, desde septiembre de 2020, desde que rige esa incompatibilidad, un total de 2098 receptores del programa habían comprado US$ 864 mil. “Si hay capacidad de ahorro, quedan inmediatamente excluidos del Potenciar Trabajo. Una de las condiciones es la vulnerabilidad social”, explicó la funcionaria.
El entrecruzamiento de información permitió identificar además compras en dólares por tarjeta de crédito de 82.272 titulares. El promedio del consumo, según especificó la ministra fue ínfimo: US$ 1.55 dólares, que se explican por contratación de servicios de streaming o plataformas de videojuegos.
Desde septiembre de 2020 a la fecha 145 titulares han adquirido compras que van desde los US$100 dólares a los US$ 50 mil en 26 meses. Son operaciones muy llamativas y preocupantes por un total de US$ 1 millón”, insistió la funcionaria.
A la suspensión temporal del programa social, se sumó a otros 947 titulares, que registraron operaciones sospechosas. Se los evaluará en una segunda auditoría ordenada por el Ministerio.
El cuestionamiento del fiscal
Esas decisiones para el fiscal Marijuan no tienen un sustento que permita evitarle al Estado una defraudación millonaria. La decisión de suspender 2.234 planes de los más de 253.000 que él denunció “es una medida que se habría apartado y/o recogido parcialmente el informe de otra oficina pública –esto es, la Administración Federal de Ingresos Públicos”, dijo.
Por ese motivo el representante del Ministerio Público Fiscal decidió iniciar una investigación preliminar sobre Tolosa Paz, que terminó en la denuncia penal, “con el objeto de conocer los pormenores por los cuales adoptara tal medida ante las circunstancias apuntadas”.
