El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó a Silvina Batakis, quien ocupa el cargo de titular del Banco Nación, por presuntos delitos que incluyen incumplimiento de deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta y peculado. Estas acusaciones surgen en relación con contrataciones irregulares -incluyendo a su exmarido- y aumentos salariales otorgados en el Banco Nación, entre ellos el escandaloso caso de “Pitty, la numeróloga”.
La causa penal se inició después de una denuncia presentada por la diputada nacional Graciela Ocaña (Juntos por el Cambio), en respuesta a la revelación de irregularidades en las contrataciones realizadas por el programa de Jorge Lanata, “PPT”.
La denuncia sostiene que tanto Silvina Batakis como la gerenta general del Banco Nación, María del Carmen Barros, llevaron a cabo “maniobras fraudulentas para enriquecerse y enriquecer a terceras personas allegadas a ellas a costa del erario público”. Además, señala que estas decisiones se tomaron sin el aval del directorio del Banco Nación, lo que constituye una primera irregularidad.
Uno de los casos específicos que destaca la denuncia es la contratación de “Pitty, la numeróloga” por un monto de 1.800.000 pesos a cambio de un “curso de coach”. La denuncia cuestiona la utilidad de este servicio para el BNA y señala que dicha contratación se realizó sin justificación suficiente.
Según Clarín, la investigación, a cargo del juez federal Daniel Rafecas, se centra en Batakis y Barros como presuntas responsables de los delitos denunciados. También se indaga en la designación de Héctor Javier Silva, exesposo de la presidenta del Banco Nación, como Gerente de Sistemas del BNA, así como en el nombramiento de Juan Pablo Pedemonte, hijo de Barros, y de Maximiliano Piantanida, del entorno personal de Barros, en cargos de responsabilidad en la entidad bancaria.
Además, la fiscalía examina una autorización firmada por Batakis que permitió el cobro de diversos plus y premios por parte de María del Carmen Barros, lo que habría resultado en un sueldo mensual aproximado de $9.000.000. También se cuestiona la autorización para que la pareja de Barros, Juan Manuel Romero, percibiera una remuneración mensual de $700.000, a pesar de que, según la denuncia, “prácticamente no va a trabajar”.
La denuncia de Ocaña destaca que estos servicios parecen beneficiar principalmente a individuos allegados a Barros y que se pagaron con dinero público perteneciente a todos los argentinos.
El caso se encuentra ahora en manos de la justicia federal, que determinará si las acusaciones tienen fundamento y tomará las medidas correspondientes.
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