El Gobierno de Alberto Fernández y el Fondo Monetario Internacional (FMI) llegaron a un preacuerdo que da pie a firmar en los próximos meses un Servicio Ampliado (SAF) del organismo por el que se refinanciará hasta en diez años la deuda del país que ya alcanza los 46.838 millones de dólares por capital, intereses y comisiones.
Con ese preacuerdo bajo el brazo se vuelve el ministro de Economía, Martín Guzmán, de Washington, donde tuvo reuniones con el Fondo el martes y este jueves. Hubo avances en la discusión por los plazos de repago. Ahora la disputa que viene está en torno a la tasa de interés, los sobrecargos y comisiones que aplica el FMI.
Fuentes con conocimiento de lo dialogado dijeron a este medio que Guzmán pidió al Fondo que revise y reduzca los sobrecargos en las tasas de interés. Pero la respuesta fue que las condiciones son iguales para todos. En caso de hacerlo, el organismo multilateral debería mejorarlo no sólo para la Argentina sino para el resto de los países que hoy le deben dinero.
El problema para Argentina es que cuanto más supera el préstamo recibido a la cuota que tiene el país en el organismo, más caro es. Y el crédito tomado por el gobierno de Mauricio Macri en 2018 equivale al 1.076% de la cuota del 0,67% que tiene Argentina en el FMI. Por ello, el país debe pagar comisiones y costos adicionales que en el largo plazo son multimillonarios.
La comisión que Argentina debería abonar por un SAF al principio de cada período de doce meses es de 60 puntos básicos. Después viene la tasa de interés, que para los préstamos de gran cuantía como el que ya contrajo y gastó la Argentina tienen una sobretasa de hasta 300 puntos básicos cuando el crédito permanece por encima del 187,5% de la cuota al cabo de 51 meses. Por eso, el país pagaría un costo real superior al 4,5% al que presta el FMI al mundo.
Ahí está uno de los ejes de la discusión. No obstante, en el entorno de Guzmán afirman que vuelve conforme, porque trae “lo que fue a buscar”. Es que en las reuniones con la directora gerente, Kristalina Georgieva, y con la subdirectora para el Hemisferio Occidental, Julie Kozack, hubo coincidencia sobre cuál es el punto de partida de la Argentina, marcado en 2021.
El fondo ya aceptó que Argentina no podrá pagar en cuatro años. El programa Stand By (SBA) que firmó el macrismo y cayó en 2020 disponía el pago de u$s3.826 millones en 2021; u$s18.902 millones en 2022; u$s19.186 millones en 2023; y u$s4.921 millones en 2024. Cifras que para la Argentina de entonces y también para la de ahora son de ciencia ficción.
Guzmán y el FMI salieron este jueves con comunicados en el mismo momento. Kozack y el venezolano Luis Cubeddu, jefe de misión para Argentina, se mostraron conformes con las conversaciones sobre “el plan económico que podría estar respaldado por un nuevo programa del FMI”. Y señalaron que ya se definieron “principios clave” para que el Fondo acepte el pedido de Argentina de refinanciar al máximo plazo posible, que es de diez años.
Kozack, Cubeddu, Guzmán y Sergio Chodos, representante argentino ante el Fondo, acordaron que el país reducirá el déficit fiscal de forma progresiva, sin un ajuste de shock para no afectar la reactivación económica cuando aún no se sabe qué curso tomará la pandemia de Covid-19 en el país y el mundo.
“Hubo acuerdo en que la inflación es un fenómeno multicausal y que reducirla requiere políticas macroeconómicas consistentes y esfuerzos de coordinación para ayudar a anclar las expectativas de inflación”, dijo el Fondo. Y Guzmán agregó: “Esta definición marca un cambio radical respecto a la filosofía del programa SBA diseñado por Juntos por el Cambio, según el cual la inflación se combatía exclusivamente vía política monetaria contractiva. Resultado: aumento brutal del costo del crédito y suba de la inflación”.
También coincidieron en que la Argentina debe impulsar las exportaciones con agregado de valor y la productividad, lo que respaldaría una mayor acumulación de reservas internacionales, haría que la economía estuviera en mejores condiciones para hacer frente a los shocks externos y apuntalaría una trayectoria de crecimiento más sólida y sostenida por un incremento en la inversión privada, dijo el Fondo. Y se convino trabajar en desarrollar más el mercado de capitales local para que el país se financie en su moneda.
Justamente, el SAF por el que va la Argentina respalda programas integrales que contemplan políticas para corregir desequilibrios estructurales durante un período prolongado. Y ese es el desafío al que se comprometerán Fernández y Guzmán. Ambos, incluso, tendrán que aceptar que el FMI evaluará periódicamente el desempeño del programa, aunque puede haber “adaptaciones” en función de la evolución económica.
Así, el Fondo pasará a imponer criterios de ejecución (límites) para las variables macroeconómicas como los agregados monetarios y de crédito, las reservas internacionales, los saldos fiscales o la toma de más endeudamiento. Si bien el Gobierno dice que al plan económico lo diseña Guzmán, tendrá que aceptar metas indicativas que le permitan al FMI saber con facilidad si se está cumpliendo o no
