Tal como había anunciado el presidente Alberto Fernández en cadena nacional, el Frente de Todos amplió el juicio político a la Corte Suprema de Justicia con los dos últimos fallos que suspendieron las elecciones provinciales en Tucumán y San Juan, por supuesto mal desempeño de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.
La ampliación se incorporó al proceso que lleva adelante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, presidida por Carolina Gaillard, que este martes realiza una nueva ronda de testigos en torno al manejo presuntamente irregular de la obra social del Poder Judicial (OSPJN).
Por primera vez desde que inició el juicio político, el Frente de Todos no consiguió quórum propio para abrir la reunión. Reunió a 14 de sus 16 representantes (le faltaron dos, la massista Micaela Morán y el sindicalista Hugo Yasky, que ingresó después). Por eso, Gaillard acudió a un artículo del reglamento de la Cámara (el 108) que permite iniciar las reuniones de comisión media hora después del horario de convocatoria con “por lo menos la tercera parte de sus componentes”.
Una vez que comenzó la reunión, ingresó a la sala el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien advirtió sobre la situación y pidió que quede constancia. “Es de una irregularidad absoluta. Yo entiendo que les de vergüenza no juntar el quórum, pero digan que empiezan con un tercio”, aseveró. Luego se sumaron los demás diputados de Juntos por el Cambio.
En la reunión volvió a ausentarse el exdirector de la OSPJN, Aldo Tonón, que ya fue citado como testigo en tres oportunidades. El oficialismo sigue a la espera de que el juzgado a cargo de Ariel Lijo brinde la autorización para trasladar a Tonón a la comisión por la fuerza pública.
El interrogatorio de este martes comenzó con Sebastián Clérici, secretario letrado de la Corte, y continuará con Laura Ambrosio, afiliada de la OSPJN.
Ampliación del juicio político
La ampliación del juicio político a la Corte consta de 33 páginas y sostiene que los jueces que ordenaron suspender las elecciones en Tucumán y San Juan “pretenden arrogarse poderes que no le comprenden”.
“Lo extremadamente peligroso para nuestras instituciones, y para nuestro sistema republicano y federal, es la manipulación política de las herramientas y tiempos procesales de los que hizo uso y abuso la Corte Suprema”, expresa la presentación encabezada por el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez.
Allí advierten que la Corte “resolvió cautelarmente dos causas con resultados de extrema gravedad institucional y peligrosa intromisión en cuestiones de jurisdicción local, además de generar violaciones a los Derechos Humanos de los ciudadanos, en particular a sus derechos políticos reconocidos en el artículo 37 de la Constitución Nacional y en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros”.
También señalan que, a pesar de que los casos de Tucumán y San Juan son distintos, “la Corte metió todo en el mismo paquete y resolvió de manera análoga ambos expedientes (…) con un único objetivo concreto: suspender las elecciones a como dé lugar, sin hacer una ponderación adecuada de los hechos y poniendo en crisis la argumentación jurídica esbozada, y especialmente la jurisprudencia citada”.
Además de Martínez, firmaron la ampliación el porteño Eduardo Valdés, los tucumanos José Luis Gioja, Graciela Caselles, Walberto Allende y Fabiola Aubone, la tucumana Nilda Carrizo, el riojano Ricardo Herrera y el chaqueño Juan Manuel Pedrini.
