La diputada del Frente de Todos, Vanesa Siley, presentó un proyecto de resolución para promover el juicio político contra el presidente de la Corte Suprema, Carlos Fernando Rosenkrantz. El mismo fue realizado el 25 de septiembre, es decir cuatro días antes de que el máximo tribunal habilitara el per saltum y prohibiera reemplazar a los jueces que investigaron a Cristina Kirchner.
Según trascendió, en el texto del proyecto de resolución 5039-D-2020, el oficialismo pide investigar a Rosenkrantz “por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional”.
“Rosenkrantz obstruye el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Sus compromisos políticos y económicos con corporaciones y personas vinculadas a la responsabilidad civil en la última dictadura militar están frenando el tratamiento de causas”, publicó la diputada este sábado en sus redes sociales.
Siley señaló en los fundamentos del proyecto, que el mal desempeño “no se encuentra definido en la letra constitucional, de modo que, debe ser el Congreso de la Nación quien debe interpretar su alcance”.
Luego citó a Joaquín V. González: “Pueden los actos de un funcionario no ajustarse al vocabulario de las leyes penales vigentes, no ser delitos o crímenes calificados por la ley común, pero sí constituir mal desempeño, porque perjudiquen el servicio público, deshonren al país o la investidura pública, impidan el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución, y entonces son del resorte del juicio político”.
Sin embargo la diputada continuó insistiendo en que “el actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Rosenkrantz, ha frustrado gravemente ‘el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución’ al haber favorecido y muchas veces asegurado la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado mediante sentencias contrarias al derecho vigente”.
Aunque cabe destacar además que la legisladora cuestionó la actuación de Rosenkrantz en los casos “Muiña”, “Ledesma” y “Rufino Batalla”. Todos relacionados con la última dictadura militar.
Aunque el pedido de juicio político llegó en medio de fuertes tensiones entre el Gobierno nacional y el Poder Judicial, el pasado jueves la Corte Suprema, con la mayoría formada por los votos de Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton, resolvió abrir el per saltum presentado por los magistrados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli para no ser removidos de los cargos que ocupan en la Justicia federal penal, donde se tramitan las causas de corrupción que investigan la gestión kirchnerista.
Finalmente, los cuatro integrantes de la mayoría de la Corte Suprema firmaron el mismo voto y el presidente del tribunal Carlos Rosenkrantz firmó el suyo dando lugar también a la apertura del recurso excepcional.
