La tensión entre el Gobierno y las organizaciones piqueteras creció en las últimas horas. Es que el Ejecutivo analiza quitarles el control de 180.000 planes sociales y traspasarlos a la órbita de las provincias y los municipios, a tono con las críticas que hizo Cristina Kirchner recientemente.
Se trata de programas incluidos dentro del Potenciar Trabajo, una de las partidas centrales del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Juan Zabaleta, el equivalente a un 15% del total de 1,2 millones de beneficiarios.
La medida trascendió luego de la reunión que llevó adelante el Gobierno con los dirigentes piqueteros, en la que no llegaron a buen puerto. Ellos reclaman aumentar los cupos del Potenciar Trabajo y el Ejecutivo lo rechaza. Volverán a reunirse el jueves que viene.
En los últimos días el Ministerio de Desarrollo Social descubrió irregularidades dentro de las organizaciones sociales que ofician de intermediarias entre el Estado y el beneficiario y por eso analiza traspasar el control a los municipios.
Hace unos días se conoció que el Polo Obrero le cobra un 2% del ingreso a cada uno de los beneficiarios que reporta a esa organización. Teniendo en cuenta que son $ 19.450 por mes, serían unos $ 390 que se le sacan a las 60.000 personas que cobran a través de la organización piquetera. El cálculo mensual da $23,4 millones que dejan de cobrar los beneficiarios y le ingresan al PO.
Dentro del enorme universo de planes, el Polo Obrero es uno de los que más recibe, al igual que Barrios de Pie, que cuenta con otros 60.000 beneficios. Los líderes de ambos grupos piqueteros son Eduardo Belliboni y Silvia Saravia, respectivamente, y de todo el frente Unidad Piquetera que también integran otras agrupaciones de izquierda que reciben planes y se manifiestan en contra del Gobierno a través de acampes o cortes de la 9 de Julio.
Los dos vienen marchando de manera sistemática contra el Gobierno y estuvieron presentes en la álgida reunión de la tarde-noche del miércoles en Desarrollo Social, que terminó con cuarto intermedio pero que previamente tuvo discusiones que llegaron a los gritos cruzados entre organizaciones y funcionarios ejecutivos, liderados por el ministro Zabaleta y el secretario Gustavo Aguilera. Cuando se habló de las auditorías, desde las organizaciones cuestionaron que “vienen a empiojar la reunión y el reclamo”, informó Clarín.
Como viene pasando desde enero, cuando se decidió que cada beneficiario pueda elegir la unidad ejecutora donde cobra el Potenciar Trabajo, Zabaleta les negó aumentar los cupos del plan. Al menos tres veces en la reunión el ministro ratificó esa negativa, aunque se mostró abierto a dialogar sobre la entrega de mayor asistencia alimentaria y de herramientas de trabajo.
Desde las organizaciones aceptaron trasladar la discusión hasta el jueves que viene sin convocar a una protesta. Ese día volverán a reunirse, pero la expectativa de un acercamiento, sobre todo en un contexto de quita de planes, es prácticamente nula.
Dentro de los 177.000 beneficiarios que empezarían a percibir el Potenciar Trabajo desde los municipios o las gobernaciones, figuran aquellos que pidieron el cambio de Unidad Ejecutora, precisamente, por tener que pagar un porcentaje a intermediarios.
El Potenciar Trabajo es un programa que representa un presupuesto de $ 227.100 millones anuales, que controla el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, secretario de Economía Social. Precisamente el Evita es la organización que más planes administra, entre 100.000 y 150.000, aunque a diferencia del Polo Obrero no recibió denuncias de cobrar un aporte a sus beneficiarios. Otros 60.000 cupos, además, los controla Somos Barrios de Pie, de Daniel Menéndez, también alineado con el Evita dentro del albertismo.
En lo que va del año, aun sin aumento en los cupos, el Potenciar Trabajo le demandó al Estado casi $150.000 millones, el 70% de los $227.100 millones que tiene estipulados para todo el año. Los recursos no alcanzarán, por lo que en el añadido del presupuesto que acaba de confirmar el ministro de Economía Martín Guzmán se incluirán alrededor de $ 32.000 millones extra para ese programa. La misma cifra, aproximadamente, irá para la Tarjeta Alimentar, la otra partida clave del ministerio, que depende de La Cámpora y administra la secretaria de Inclusión Social Laura Valeria Alonso.
