El Gobierno nacional analiza suspender la ley de alquileres vigente desde mediados de 2020 para reflotar un mercado en crisis, y la oposición renovó el reclamo para avanzar con cambios urgentes, luego de que el año pasado se frustrara el debate en la Cámara de Diputados por falta de acuerdos.
El tema se abordó en un almuerzo entre el presidente Alberto Fernández y el ministro Sergio Massa en Casa Rosada. Fuentes de la cartera económica confirmaron a este medio que se está revisando la norma, en un contexto donde hay cada vez menos oferta a valores cada vez más elevados.
En el primer trimestre de 2023, los precios del alquiler en la Ciudad de Buenos Aires aumentaron un 25,7%, por encima de la inflación (prevista en un 20%), contra un 17,3% en el último trimestre de 2022. Llevado a los últimos doce meses, el aumento fue del 118,6%, el máximo registrado desde 2012 y superior a la inflación, estimada en 101,7%.
Los datos surgen de un informe del portal inmobiliario Zonaprop, que además reveló que el alquiler de un departamento de dos ambientes en CABA subió 8,3% en marzo y se ubicó en 116.822 pesos mensuales.
En el bloque oficialista, que conduce Germán Martínez, todavía no fueron informados de ninguna iniciativa surgida desde la Rosada, pero muchos están convencidos de que sigue siendo “una buena ley” y que el problema es la situación macroeconómica.
En Juntos por el Cambio creen que se requieren acciones inmediatas. “La inflación de más del 102% anual está matando a los inquilinos. Esperemos que sea cierto que el Gobierno aceptará cambiar la ley de alquileres, que tiene dictamen hace un año y el oficialismo mantiene pisada. Los inquilinos precisan una respuesta urgente”, enfatizó Mario Negri, titular del bloque UCR.
Debate frustrado
La ley sancionada en plena pandemia fijó un plazo de tres años para los contratos y una actualización anual en base a un índice que combina inflación y salarios.
En mayo del año pasado, las comisiones de Legislación General y Presupuesto de Diputados debatieron modificaciones a la ley, pero el tratamiento no llegó al recinto porque ni oficialismo ni oposición reunían el número suficiente para imponer su dictamen.
El Frente de Todos (que en comisiones sí consiguió mayoría) proponía mantener los dos artículos controvertidos y agregar incentivos fiscales para la colocación de viviendas en alquiler.
Por el contrario, el dictamen de Juntos por el Cambio establecía volver a los contratos de dos años, con un ajuste a acordar entre las partes por intervalos de entre tres y doce meses, con un mecanismo también a convenir, pudiendo combinar diferentes índices oficiales.
Ese dictamen salió con firmas de Graciela Camaño (Interbloque Federal) y de Provincias Unidas, el interbloque aliado al oficialismo que encabeza Luis Di Giácomo. Pero esa última bancada luego dejó trascender que se había incumplido el acuerdo con Juntos por el Cambio y el debate se frenó.
Según recordó Di Giácomo este martes en diálogo con Diputados TV, lo acordado eran “aumentos semestrales”, pero finalmente se impuso la propuesta del economista Luciano Laspina (PRO) que permitía que los ajustes sean cada tres meses, en perjuicio de los inquilinos. “Tenemos que buscar un término intermedio para que se abra un poco más el mercado”, dijo el rionegrino.
¿Suspensión o derogación?
Si bien la discusión no está del todo saldada, buena parte de Juntos por el Cambio coincide en que lo mejor es derogar la ley actual en lugar de suspenderla, como evalúa el Gobierno. “Suspender una ley de contratos continuados es un problema jurídico. Hay que derogar”, afirmó la diputada Karina Banfi, vicejefa del bloque radical.
Banfi, quien participó de las negociaciones el año pasado, aseguró a este medio que “tener un sistema flexible que responda acomodándose a una inflación interanual de tres dígitos no es una solución, es una necesidad ante una situación económica de emergencia”.
En el Senado también hay proyectos de derogación presentados, entre ellos uno de la vicepresidenta de la Cámara, Carolina Losada. “Antes que la situación se agrave, tenemos que dar paso a un nuevo debate legislativo que busque una solución urgente a la crisis habitacional y del mercado inmobiliario”, aseguró la santafesina a este medio.
Los partidarios de la derogación advierten, además, que no dejarán pasar una suspensión hecha por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), no solo porque traería “más inseguridad jurídica” sino porque implicaría pasar por alto el Congreso.
