Tal como había anticipado, el Poder Ejecutivo aplicó por decreto el aumento salarial a los empleados judiciales, único sector de la administración pública provincial que no había acordado en paritarias la suba. Esta definición concede un incremento inferior al que había ofrecido el Gobierno en la mesa de negociación.
La reacción casi automática de los gremios que representan a los empleados judiciales fue la confirmación de las medidas de fuerza previstas. Marcelo Fekonja, quien lidera la Asociación de Funcionarios Judiciales, expresó que el decreto del gobernador “es una imposición del aumento salarial, como siempre y como le gusta a él”. “Vamos a seguir con las medidas de fuerza desde el lunes hasta el viernes y las oficinas fiscales hasta el domingo 26″, agregó.
También hizo lo propio Ricardo Babillón, de la Asociación de Empleados y Funcionarios Judiciales. “Seguimos de paro hasta el lunes a las 7.30, cuando tendremos una asamblea y seguramente se va a decidir la continuidad del paro durante toda la semana que viene”, afirmó.
Hay que recordar que, en virtud del rechazo de las propuestas salariales y de mejoras para el sector, ambos gremios dispusieron huelgas entre los días 13 y 17 de mayo de 2024, en tanto que, para las oficinas fiscales, se fijó que duraría hasta el domingo 19 de mayo.
En el mismo sentido, las entidades sindicales habían decretado paro de actividades para la semana que viene entre el 20 a 24 de mayo en las oficinas del Poder Judicial, como también para los días que van del 19 a 26 de mayo para las oficinas fiscales.
Esta seguidilla de medidas de fuerza, tras el fracaso de sucesivas negociaciones en paritarias, precipitó el decreto del Gobierno provincial. También el anuncio de que a los empleados judiciales les descontarán los días de huelga, una acción que ya se hizo sentir en el caso de los empleados de las oficinas fiscales.
“Los chicos de las oficinas fiscales, el último mes liquidado solo cobraron el 50 por ciento”, confirmó en este sentido Babillón.
AUMENTO MENOR
El artículo 1 del decreto 947 les otorga “a los agentes públicos pertenecientes al Régimen Salarial 10, un incremento salarial del 10% sobre la asignación de clase para abril, mayo y junio de 2024 respectivamente calculados sobre la base fija del mes de diciembre de 2023. El incremento es no acumulativo y alcanza exclusivamente a los agentes del sector”. En paritarias, a los judiciales les habían ofrecido un mayor porcentaje y sumas fijas que no aparecen en el decreto.
En los considerandos, el decreto 947 destaca que “concluidas las negociaciones salariales del segundo trimestre 2024, se han suscripto acuerdos con la totalidad de los gremios que representan a los distintos agentes públicos a excepción de los representados por la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial y los representados por la Asociación de Funcionarios Judiciales”.
El decreto también detalla cómo fue creciendo el conflicto salarial, que arrancó con paros a comienzos de marzo de 2024. Luego dice que no hubo acatamiento de la conciliación obligatoria, lo que generó la aplicación de una multa.
Más adelante se detalla que a lo largo de abril hubo ofrecimientos formales de mejora salarial que fueron rechazados por los gremios. También se propuso abonar a los empleados de las oficinas fiscales un “ítem superador” que tampoco fue aceptado.
El decreto también señala que “frente al rechazo sistemático de las asociaciones gremiales (...) debe primar el principio protectorio del trabajador y del carácter alimentario del salario y en base a ellos se impone disponer la recomposición salarial de los sectores citados, en el marco de las habilitaciones presupuestarias vigentes”.
El Gobierno había advertido que el aumento por decreto sería “inferior a si hubiesen aceptado la propuesta mejor que les hicimos”, lo que quedó confirmado este viernes.
La oferta salarial tenía dos alternativas. La primera era un aumento en tres tramos del 10% cada uno, para los meses de abril, mayo y junio, además de tres sumas sumas fijas, para los mismos meses, por un total de $150.000 y de $75.000 según si el salario bruto a marzo de este año estuviera por encima o por debajo de 2,5 salarios mínimos, vitales y móviles.
La segunda alternativa no contemplaba sumas fijas y se otorgaba 11% de aumento para abril, y el mismo porcentaje para mayo y para junio.
Según el Procurador General, Alejandro Gullé, los ayudantes fiscales iban a recibir un aumento del 135% sobre la asignación de clase, más el porcentaje que les daba a todos el Gobierno. “Al principio parecía que iban a aceptar el aumento global del 11%, pero después no quisieron”, lamentó Gullé.
DESCUENTO DE DÍAS
Los descuentos de días no trabajados tienen aval político del Gobierno, pero se convierten en realidad en tribunales a través de acordadas de la sala administrativa de la Suprema Corte de Justicia o resoluciones del Ministerio Público Fiscal.
Desde el Gobierno provincial confirmaron que habrá descuentos para los empleados que sigan adhiriendo a los paros y se señaló que esta acción “se coordina con la Justicia”. También se recordó desde ese ámbito que “la partida de sueldos la manda el Ejecutivo”.
Esta “coordinación” de hecho provocó reacciones entre los gremios. “El Gobierno no puede descontar, no es nuestra patronal ni tiene facultades administrativas para realizarnos descuentos a los judiciales, estaría bueno que recordaran la división de poderes”, expresó el sindicalista Babillón.
VALERIO PIDIÓ UNA MIRADA “MÁS COMPRENSIVA”
El ministro de la Corte provincial José Valerio reconoció que por los paros la Justicia provincial “no está funcionando con regularidad” y dijo que el conflicto salarial “ha frenado causas”.
En contacto con radio Nihuil Valerio aclaró, no obstante, que la actividad “no está paralizada”. “Las audiencias más urgentes se hacen, hay que asegurar los derechos”, afirmó.
Valerio también tuvo una mirada amistosa respecto de los empleados judiciales que hacen huelga. Por un lado reconoció que los aumentos fijados tienen un impacto menor al 10% por mes. Por el otro, recomendó el diálogo. “Hay que ver qué está pasando, se tiene que tener una mirada más comprensiva del problema. Hay que escuchar al sector”, expresó.
También explicó que el Poder Judicial “no funciona como en el Ejecutivo”, en relación a que las decisiones no las toma una sólo persona sino que se tienen que poner de acuerdo los siete integrantes de la Corte.
“Este problema nos afecta a todos pero la Justicia está resentida, no paralizada”, coincidió el jueves, por su lado, Gullé, jefe de los fiscales y de los empleados de oficinas fiscales. Negó que no se estén tomando denuncias y agregó: “Si fuera por mí, que los empleados ganen 7 millones de pesos porque hacen un trabajo muy destacable”.
