La ley que no sólo limitaba las equiparaciones salariales de agentes del Poder Judicial -salvo excepciones, como son los casos de los relatores-, sino que también retrotraía los sueldos “asimétricos” que perciben algunos de ellos, sigue pendiente de resolución. Hay un pedido de inconstitucionalidad más una cautelar que presentó la defensa de 21 equiparados. Debe resolverlo la Corte en pleno, hay demoras y el Gobierno volvió a insistir con que eso ocurra.
La causa de equiparados a magistrados incomoda al Gobierno provincial. El Asesor de Gobierno, Ricardo Canet volvió a la carga esta mañana con la aceleración de la causa que, desde la medida cautelar a favor de los equiparados el 20 de octubre del 2020, sigue sin resolverse. Ya había presentado un escrito en mayo que no le respondieron. Silencio desde el máximo tribunal.
En abril de este año, Los Andes contó las pocas novedades que había en una causa de alto voltaje interno. El único avance se dio en los bonos de sueldos de más de 20 funcionarios que tienen esas equiparaciones. Es decir, cobran como magistrados, pero no lo son. La causa había llegado a la vieja Sala Segunda que integraban Mario Adaro, Omar Palermo y José Valerio. Este último votó en disidencia la medida cautelar y solicitó que la cuestión de fondo se resolviera a través de un plenario y no con los tres miembros de la Sala II.
Eso fue aceptado, por lo que tarde o temprano debería resolverse con el voto de los siete ministros de la Suprema Corte. Sin embargo, se excusó Pedro Llorente, uno de los ministros que ha firmado equiparaciones (como también Palermo; el Procurador de la Corte, Alejandro Gullé; el exprocurador, Rodolfo González; y el exministro Nanclares, entre otros), quien argumentó que tenía algún tipo de relación con aquellas personas sobre los que debe resolver. De esta forma, debe ser reemplazado por algún camarista, pero aún no se designa.
La Asesoría de Gobierno, a cargo de Ricardo Canet, pidió que se definiera el reemplazo del ‘supremo’. No tuvo respuesta. Esta mañana, insistió con el mismo pedido siguiendo las instrucciones de su mandante. De acuerdo al contenido del texto al que tuvo acceso Los Andes, Canet recuerda pidió una resolución a la integración del tribunal ((pendiente desde el 14 de Diciembre del 2022) y que su pedido del 7 de mayo de este año no tuvo respuesta, vuelve a reclamar “atento al excesivo tiempo transcurrido”. El lapso al que hace referencia el Asesor de Gobierno es de 4 meses.
Los Andes intentó saber si habrá avances con la causa a raíz de esta medida, pero evitaron definiciones. Sí reconocieron que ingresó el escrito.
Sueldos altos sin ser magistrados
De acuerdo a los datos de Los Andes que publicó en abril de este año, al mes de marzo, había trabajadores beneficiados que no son magistrados pero cobran como tales, con sueldos que van desde los $2,5 millones a los $5,5 millones. Una serie de incrementos impactaron en los salarios y hay sensibles aumentos en todos ellos. Incluso, en algunos casos, tienen sueldos superiores a algunos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia; y que además doblan en salario a un juez de primera instancia, según pudo comprobar este medio.
Un caso de ello es el de Elizabeth Carbajal, la exsecretaria de Jorge Nanclares (exministro de la Suprema Corte) y de la cual se inició todo el conflicto en 2020, que percibió un sueldo de bolsillo, en marzo, de $5,5 millones. Actualmente, es superior la suma.
Otro caso es el de Carlos Quiroga Nanclares, secretario de Gestión y sobrino de Nanclares, que cobró$4,6 millones, también en marzo. En tanto, el subdirector de Niñez, Adolescencia y Familia, Javier López Maida, tuvo un sueldo de $3,2 millones de bolsillo, también en marzo.
Pero no son los únicos. Entre los que tienen sueldos equiparados a magistrados se encuentran, en total, 20 personas, de los cuales 11 pertenecen a la Suprema Corte de Justicia; 9 al Ministerio Público Fiscal; y 1 al Ministerio Público de la Defensa.
Además de los casos nombrados, son equiparados a magistrados la subdirectora de Contabilidad, Silvina Cataldo; el director de Contabilidad, Gustavo Abaca; el director de Informática, Mariano Cano: y el jefe de Recursos Humanos, Hugo Correas.
También hay varios que trabajan en la dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, creada por el ministro Palermo, como la directora del área, Milagros Noli; la subdirectora de Derechos Humanos, Eleonora Lamm (de licencia sin goce de haberes desde septiembre del 2021); y la subdirectora de Ejecución Penal, Romina Cucchi.
En tanto, del Ministerio Público Fiscal se puede nombrar a inspectores como Beatriz Chaves, Sandra Canese, Alfredo Clavel y Jorge Rubio; el director del Centro de Capacitación, Gerardo González (hijo del exprocurador Rodolfo González); el contador Jorge Frigerio; y los delegados del MPF en San Rafael (Mario Gabriele) y San Martín (Alberto Tonelli).
No obstante, entre las complejidades de la causa, se encuentra que dentro de los propios equiparados hay diferencias, ya que, por ejemplo, varios de los nombrados rindieron concursos para acceder a sus puestos (sobre todo los de cargos en la dirección de Derechos Humanos) “a sabiendas que las condiciones salariales eran precisamente las de un equiparado a magistrado”.
