El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados al amparo de las leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado y la suspensión de los beneficios que presenten irregularidades.
La medida, a través de la resolución ministerial N RS - 2024 - 40979055 - APN - MJ, se aplicará luego de que se detectaran “distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago”, según dijo la cartera nacional en un comunicado.
Cúneo Libarona justificó esta decisión a partir del procesamiento a una persona por “defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita” y en que “a su vez, existen otras causas penales en trámite por irregularidades surgidas por pagos duplicados o realizados a personas que carecen de documentación que respalde su pedido”.
Desde @jusgobar dispusimos la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados en el marco de las Leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado. pic.twitter.com/pvHKVx1kdV
— Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) April 22, 2024
“Descubrimos distintos juicios con autos de procesamientos confirmados por la Cámara de asociación ilícita de gente que inventaba con documentos falsos, testigos falsos, formularios falsos haber sido víctima del terrorismo de estado”, agregó el ministro Cúneo Libarona en LN+.
“Y en muchos casos, más de cien, recibieron más de USD 150.000 en concepto de indemnización”, destacó.
El funcionario sumó: “Hay otro juicio donde descubrimos otra maniobra fraudulenta por el cual se presentaban personas que habían cobrado y volvían a cobrar. Se presentaban personas que eran de Uruguay, estuvieron un breve lapso en Argentina pero fueron detenidas en Uruguay y reclamaban todo el período como si hubieran estado detenidas en la Argentina. Cuando leo los fallos y veo la entidad digo: acá debe haber muchísimos mas hechos, más juicios e involucrados”.
Los hechos tuvieron lugar durante el gobierno de facto, entre los años 1976 y 1983, en los que integrantes de las Fuerzas Armadas desaparecieron y torturaron personas. Durante años, el Estado había compensado el daño sufrido por las víctimas, pero la gestión actual quiere revisar y suspender los pagos que presenten irregularidades.
“El Ministerio articulará las medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan. Asimismo perseguirá la devolución de las sumas pagadas por fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado”, dijeron desde el Gobierno.
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