En medio de la discusión por la deuda de la provincia, y también en un contexto complejo por la pandemia del coronavirus, se ha notado una merma en la inversión para nuevas obras públicas en este año comparado con los años 2018 y 2019, especialmente en aquellas en las que el Poder Ejecutivo necesita financiamiento para impulsarlas. De hecho, hasta el momento el Gobierno ha preferido no tomar créditos que fueron autorizados en el Presupuesto 2021, y alegan en que “no han habido buenas condiciones para hacerlo”, sobre todo por la crisis económica en la que está inmersa el país, y el correspondiente Riesgo País alto, que impide conseguir mejores condiciones para acceder al crédito.
Si nos remontamos a fines del 2020, la gestión de Rodolfo Suárez insistió con fuerza la necesidad de tener autorización legislativa para encarar obras públicas e inversión.
De hecho, luego de intensas negociaciones con la oposición, se acordó que se podría hacer uso del crédito por hasta una suma de U$S 160 millones, que estarían destinadas, según el artículo de la ley, exclusivamente “a obras de infraestructura y equipamiento municipal: red vial, agua y saneamiento, drenajes, luminarias, ciclovías, centros comunitarios, mejora del hábitat, conectividad y/o toda otra obra que propenda al desarrollo integral de los municipios”, así como también obras de infraestructura y equipamiento para mejoras en la prestación de servicios públicos básicos priorizado la salud, educación y justicia.
No obstante, el Gobierno aún no ha hecho utilización de este endeudamiento, sobre todo por “las malas condiciones en las que se ofrecen”, y también por la ley del Consenso Fiscal que se reglamentó hace poco menos de un mes.
“Una autorización no necesariamente es endeudamiento. Argentina hoy tiene un Riesgo País altísimo y por ende no hay condiciones adecuadas. Sería una mala deuda si la tomamos, por lo que preferimos no tomar hasta tener una mejor perspectiva. Ocurrió lo mismo en su momento cuando decidimos no avanzar con créditos para la compra de luminarias o para la cárcel Almafuerte II”, señaló el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri.
Asimismo, destacó que sí había condiciones levemente mejores en la llamada “deuda CER” (de Coeficiente de Estabilización de Referencia), que es la que ha estado tomando últimamente el Gobierno Nacional, que se ajusta en términos generales mediante la evolución de la inflación del país, y en la que el inversor busca tener una “tasa real positiva”.
Lo cierto es que tomar deuda contra CER no estaba permitido a las provincias hasta que se aprobó y reglamentó la ley de Consenso Fiscal, por lo que recién ahora a Mendoza se le podría abrir una ventana para salir a buscar inversiones para obras públicas, tal como consideró Nieri.
“Ahora en lo que va del 2021 estamos recuperando niveles de inversión, pero algo demorados porque el impacto de la pandemia el año pasado y lo que ha sido este año, tiene inercia… pero ya arrancó lo vial y se está trabajando fuerte en los programas de viviendas”, que se lanzaron a comienzos de mes.
En tanto, también destacó que Mendoza tuvo entre 2018 y 2019 un número superior al 10% de inversión de los recursos para obras públicas, que cayó sensiblemente en 2020 por la pandemia y la tremenda baja en la recaudación, y que en este 2021 “se están recuperando niveles de inversión, aunque todavía no al nivel de años anteriores”.
“La importancia de tener acceso al crédito es porque los procesos son largos, como por ejemplo con los organismos multilaterales, y está el ejemplo de la ruta 82, que recién está comenzando la etapa 2, que es la que se negoción con el crédito Son trabajos lentos pero que ayudan a levantar la obra pública”, finalizó el funcionario.
