En las últimas horas, se conoció la novedad de que el Gobierno nacional estaría avanzando en un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia para habilitar la llegada de las vacunas Pfizer, Moderna y Janssen a nuestro país.
Según destaca Clarín, el DNU está destinado a modificar los párrafos de la Ley de Vacunas objetados por el laboratorio estadounidense Pfizer y que impidieron la firma del contrato con esa compañía para la compra de vacunas contra el coronavirus.
La decisión comenzó a circular en los despachos oficiales luego de que el oficialismo se negó a tratar en la Cámara de Diputados un proyecto de la oposición para modificar esa misma ley para destrabar la firma del contrato con Pfizer, que fabrica la única vacuna aprobada en varios países para ser aplicada a menores de edad.
“Alberto se cansó de las idas y vueltas con los laboratorios americanos. Esa negociación no se interrumpió pero estaba empantanada, y el Presidente tomó la decisión de avanzar por decreto”, le dijo a Clarín uno de esos funcionarios.
Este martes, la asesora presidencial encargada de negociar la compra de las vacunas con los laboratorios extranjeros, Cecilia Nicolini, se reunió durante varias horas en la Casa Rosada con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.
El primer objetivo del Gobierno es destrabar la llegada al país de las vacunas que donó el gobierno de Estados Unidos. El mes pasado, la administración de Joe Biden anunció que donaría a varios países del mundo, entre ellos la Argentina, millones de vacunas de Pfizer, Moderna y Janssen, pero advirtió que cada país debía encargarse de adecuar sus marcos legales para que sea posible la donación.
Esta semana, el Secretario de Estado de Biden, Antony Blinken, comenzó a promocionar en su cuenta de twitter la llegada de las donaciones a países de América latina. Además de México y Canadá, cuya vecindad con Estados Unidos los puso primero en la lista, también Brasil, Paraguay, Colombia, Uruguay y Ecuador recibieron envíos de las vacunas de Pfizer y Janssen.
Hasta hoy, en la Argentina, los marcos legales no están listos para recibir esas dosis por motivos diversos. La vacuna de Pfizer está aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), pero la empresa se negó a firmar el contrato con la Argentina porque sostienen que la Ley de Vacunas que aprobó el año pasado el Congreso le podría generar al laboratorio demandas judiciales surgidas de la aplicación de una vacuna que fue desarrollada y testeada con las urgencias que impuso la pandemia.
Puntualmente, Pfizer objetó el artículo 4 de la Ley 27.573, que le permite al Gobierno incorporar en los contratos “cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes participen de la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas, con excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos”.
Según dijo el mes pasado en la Cámara de Diputados el gerente de Pfizer en Argentina, Nicolás Vaquer, la palabra “negligencia”, que no estaba en el proyecto que mandó el ejecutivo y que fue agregado por pedido de la diputada kirchnerista Cecilia Moreau, terminó trabando el contrato que iba a proveer al país casi 13 millones de vacunas.
Vaquer explicó en ese momento que el desarrollo de una vacuna normal lleva entre 7 y 10 años y que Pfizer “asumió el riesgo de acelerar procesos”. “Esta velocidad requerida por todo el mundo trajo aparejado el riesgo inusual sin precedente de demanda. Por eso, Pfizer pide cláusulas de inmunidad y otras protecciones. Son consistentes en 116 países que ya firmamos acuerdo”, aseguró Vaquer.
En el caso de Moderna y Janssen, que mantuvieron diálogos muy preliminares con el Gobierno, aún no recibieron la autorización de la ANMAT. La primera no inició el trámite y la segunda sí comenzó el proceso necesario para que cualquier medicamento pueda ser administrado en el país.
