En medio de un contexto por demás convulsionado y un clima hostil, se aproxima el inicio del ciclo lectivo 2024 en todos los niveles educativos y en el territorio nacional. La decisión del Gobierno nacional de suspender el envío del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y de suspender las paritarias nacionales, lo que condiciona los salarios de los maestros exclusivamente a las paritarias provinciales, ha causado malestar e incertidumbre en todas las provincias. Y la advertencia de los gobiernos provinciales ante la insuficiencia de fondos para poder afrontar un incremento ha llevado a la amenaza latente de paros y medidas de fuerza en el comienzo de clases por parte de los gremios docentes.
Con todos estos condimentos enrareciendo el ambiente, esta mañana el Ejecutivo Nacional anunció que está considerando declarar a la educación como “un servicio esencial”, justamente a pocos días del inicio de clases y en medio de las mencionadas advertencias de los docentes por la falta de convocatoria a una paritaria nacional.
“Se ha tomado la decisión de comenzar con la evaluación para declarar a la educación como servicio esencial. Los iremos manteniendo al tanto con respecto a este tema”, expresó esta mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.
QUÉ SIGNIFICA QUE LA EDUCACIÓN SE DECLARE COMO SERVICIO ESENCIAL
Las declaraciones de Adorni llegan en medio del reclamo de los gremios docentes para que sean convocadas las paritarias del sector a nivel nacional y que se garantice el envío de fondos nacionales a las provincias.
Al oficializar este reciente anuncio -o, al menos, el hecho de que se está avanzando en esta declaración-, el Gobierno de Milei avanza en uno de los aspectos incluidos en el DNU. Porque en el artículo 97 del DNU se establece que considerar como “servicio esencial”, entre otros, a la educación de nivel inicial, primaria y secundaria, así como los servicios de cuidado de menores y la educación especial.
En la práctica, si se llegara a confirmar esta voluntad del Gobierno, se debería garantizar entonces la prestación de, por lo menos, 75% del servicio. En pocas palabras, solo 25 de cada 100 podrían adherir al paro. Además, debería garantizarse que, pese a la medida de fuerza, los establecimientos educativos permanezcan abiertos.
El objetivo, según se desprende de la norma, es garantizar el derecho a la huelga; pero también el derecho al acceso a la educación.
AMENAZA DE PAROS EN TODO EL PAÍS
La decisión del Ejecutivo nacional de suspender el envío del FONID y de no convocar a paritarias a nivel nacional, delegando esta responsabilidad en cada provincia, ha agitado las aguas en el ámbito de la educación en Argentina.
La creciente inflación y la licuación de los sueldos llevan, no solo a que los salarios actuales estén desactualizados, sino a que las negociaciones paritarias se den en campos minados y en los que las exigencias de incremento de los gremios son considerablemente más altas de lo que ofrecen los gobiernos.
Ante esto, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) ya advirtió que existe la posibilidad de que no comiencen las clases hasta tanto no se les dé una respuesta a las exigencias por mejoras salariales.
“Le llamamos la atención al Gobierno de Javier Milei para que convoque a paritarias y resuelva este conflicto, y también a los gobiernos provinciales para que hagan lo mismo, sino peligra el inicio de clases”, advirtió hace unos días la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso.
