El Gobierno Provincial comenzó a trabajar en la idea de sumar las cámaras privadas, instaladas en comercios y viviendas de Mendoza que acepten, al sistema interconectado del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) 911; con el objetivo de ampliar el espectro de control en el territorio provincia y que se sumen a las ya instaladas por la provincia.
En paralelo a las gestiones del Ministerio de Seguridad, la senadora provincial, Mercedes Rus, presentó un proyecto con el que busca modificar la ley 7924, que se encarga de regular el funcionamiento de las videocámaras para grabar imágenes en lugares públicos abiertos o cerrados y el posterior tratamiento de las mismas.
Con la iniciativa se pretende incorporar, entre otras cuestiones importantes, las cámaras privadas a la red estatal. Para ello se vienen realizando convenios entre los particulares y el Ministerio de Seguridad. Hasta el momento se ha gestionado con estaciones de servicio, la Unión comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), centros comerciales, entre otros.
La senadora expresó que “cuando la ley 7924 se sancionó en el 2008 tan solo habían 100 cámaras. Proyectivamente en el 2023 habrá más de 2.000. A eso hay que sumarle todo el avance tecnológico incorporado al Ministerio de Seguridad”.
En ese sentido, la senadora hizo hincapié en la importancia de continuar agregando cámaras al sistema pero regulando el funcionamiento con un marco legal. “Esta es una forma de lograr unir esfuerzos en la prevención del delito”, detalló Rus.
De esta manera, con la modificación, se busca “no solo la legalidad para que cualquier persona humana o jurídica, que así lo quiera, pueda sumarlas a la red estatal, sino también la obligación de someterse a los límites y garantías de esta ley”, sostuvo la legisladora radical.
“Además, el proyecto prevé que el responsable del tratamiento también tome los recaudos necesarios para garantizar la confidencialidad de dicha información”, agregó la senadora al explicar que se agrega el concepto de “seguridad, integridad, disponibilidad y confidencialidad”, que viene legislando la Dirección Nacional de Ciberseguridad con el fin de garantizar la seguridad de los datos.
También, se busca modificar el plazo de conservación de las grabaciones de las imágenes y los datos. “La ley 7924 establecía que se debían almacenar por un año, pero la realidad es que en la actualidad la cantidad de cámaras existentes hace que las grabaciones deban ser destruidas antes, y en los hechos, esto se viene realizando aproximadamente a los 30 días”, detalló la senadora.
Otro de los puntos importantes del proyecto es que junto a la palabra “imagen” de la ley, se agrega la de “datos”.
“Esto implica ampliar el concepto objeto de grabación, del cual ya existe una experiencia satisfactoria sobre la utilización de inteligencia artificial al servicio de videocámaras, reconociendo dominio, entre otros. Además, supone abarcar sonidos”, completó.
