El Gobierno comenzó a distribuir hoy alrededor de 145.000 millones de pesos recaudados a través del aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas, destinado a mitigar los efectos de la pandemia. Los fondos fueron aportados por más de 10.000 personas humanas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos.
“El aporte solidario y extraordinario tiene un gran valor para lidiar con los complejísimos desafíos que trae la pandemia. Nos ayuda a financiar políticas esenciales para sostener a nuestra sociedad de pie, de una forma progresiva y que ayuda a la estabilidad macroeconómica”, expresó en Twitter el ministro de Economía, Martín Guzmán.
La ley sancionada por el Congreso en diciembre pasado estableció para la recaudación cinco fines determinados: financiar la política sanitaria (20%), subsidiar a las pymes para sostener los puestos de trabajo (20%), inyectar más recursos en las becas Progresar (20%), mejorar condiciones habitacionales de los barrios populares (15%) y apuntalar la inversión en el sector gasífero (25%).
Según datos de Economía, al 27 de mayo se recaudaron cerca de 145.000 millones de pesos, de los cuales 29.000 millones fueron destinados al Ministerio de Salud para la compra de vacunas, medicamentos y elementos de protección. Esos fondos también se utilizarán para la adquisición de insumos críticos para la prevención y la compra o elaboración de equipamiento médico.
La misma cifra se destinó al Ministerio de Educación para reforzar el programa Progresar, que busca acompañar a estudiantes de todos los niveles con un incentivo económico durante su trayectoria educativa o académica.
Un monto mayor, 36.000 millones de pesos, fue asignado a la Secretaría de Energía para programas y proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural, a través de Integración Energética Argentina S.A. La firma viabilizará dichos proyectos proponiendo y acordando con YPF, en forma exclusiva, las distintas modalidades de ejecución.
En tanto, 22.000 millones de pesos fueron destinados al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) para mejorar la salud y las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares; y por último, se otorgaron 29.000 millones al Ministerio de Trabajo con el objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de los trabajadores de las micro, pequeñas y medianas empresas.
“Cada paso que damos lo hacemos con el objetivo de tranquilizar la economía, buscando sentar condiciones que favorezcan el desarrollo humano, la inclusión, la inversión y la generación de empleo. Es un camino en el que el Gobierno y el Congreso de la Nación trabajamos de la mano”, destacó Guzmán.
Días atrás se conoció que la AFIP, a cargo de Mercedes Marcó del Pont, inició 2.500 fiscalizaciones sobre patrimonios que están alcanzados por el aporte, y ordenó realizar ejecuciones fiscales y trabar embargos bancarios o inhibición de bienes contra los contribuyentes que se negaran a pagar, quienes además podrían recibir multas.
