El Gobierno provincial avanza en todo el proceso administrativo para su salida tanto de financiamiento del Instituto de Desarrollo Rural (IDR), como así también de su vínculo con la empresa Aeronáutica de Mendoza Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (AEMSA), en lo que respecta a la medida tomada de abandonar la lucha antigranizo con aviones.
Mediante dos decretos publicados en el Boletín Oficial de este miércoles, el Gobierno destinó $3.960 millones en las normas 1.438 y 1.362 para oficializar los proceso de retiro por parte del Estado de estos organismos, que se suman también a la salida que se dio con el Instituto de Desarrollo Comercial (IDC), con la desvinculación de 15 empleados con su disolución; más el Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios (Idits), que tuvo como consecuencia la desvinculación de 8 trabajadores, pero que a diferencia del IDR e IDC, sigue en funcionamiento.
Disolución del IDR
Por un lado, respecto al IDR, el decreto 1.438 establece un subsidio por $1.760 millones para “atender los gastos que demande la liquidación de la Fundación Instituto de Desarrollo Rural”, en la cual el Gobierno desvinculó a 35 trabajadores.
El destino del dinero fue para “indemnizaciones, previsión de contingencias, y trámites de bienes registrales referidos a equipamiento agrícola” que serán transferidos a sus tenedores “una vez cumplimentados diversos trámites y gestiones a tal efecto”, expresaron desde el Poder Ejecutivo.
De hecho, en el Gobierno recordaron que las 18 cámaras que conformaban junto al Ejecutivo el IDR “resolvieron la disolución” teniendo en cuenta que el Gobierno era “el único que repartía fondos para el organismo”. “Cuando dijimos que nos retirábamos, como las cámaras no iban a poner dinero, se determinó la disolución con desvinculación e indemnización para todos los empleados”, sostuvieron.
De hecho, en el ministerio de la Producción, que lidera Rodolfo Vargas Arizu, agregaron que tanto en el IDR como en el IDC, en sus desempeños, “había una superposición o duplicidad de tareas que hacían desde los propios organismos, como también en paralelo desde el Ministerio, por lo que se resolvió que se potenciara todo ese trabajo desde la propia cartera de gobierno”.
Por otro lado, el decreto también establece en su artículo 4, que la Fundación IDR “deberá rendir cuenta documentada del destino dado al subsidio otorgado dentro de los 90 días corridos contados desde la recepción de los fondos”.
En este caso, fue justificado por el Gobierno como una medida necesaria para “redirigir los fondos hacia el sector productivo”, optimizando al máximo el uso del personal y las actividades que pueden ser gestionadas con los recursos actuales.
Reducir “al mínimo” a Aemsa
Mientras tanto, respecto a Aemsa, en el decreto 1.362, el Gobierno realizó un “aporte irrevocable” a la empresa aeronáutica por $2.200 millones, que se dividen, por un lado, en $1.800 millones para “la reestructuración de la empresa”; mientras que los otros $400 millones serán destinados para “cubrir contingencias jurídicas y eventuales reclamos judiciales que puedan surgir en el proceso”.
En este sentido, se establece también en su artículo 3 que el pago de este aporte irrevocable “será efectivizado conforme la disponibilidad financiera y previa presentación del convenio suscripto” entre el Ministerio de Producción y Aemsa.
Desde el Gobierno provincial comentaron a Los Andes que el dinero irá directamente a la reestructuración de la empresa, que estará reducida “al mínimo” para el mantenimiento de los 4 aviones que son propiedad de la Provincia, más un piloto, un par de mecánicos y varios radaristas, que prestan servicios para Defensa Civil y Contingencias Climáticas.
Para bajar “al mínimo” la presencia estatal en Aemsa, se despidió a 27 pilotos que trabajaban en la lucha aérea antigranizo; más 8 mecánicos.
Desde el Ejecutivo comentaron que se garantizarán los trabajadores para mantener los 4 aviones propiedad de Mendoza; y además para cubrir las horas de vuelo necesarias para evitar que queden fuera de servicio los mismos.
Sobre los aviones, aún no se sabe qué pasará; ya que podrían ser vendidos. Incluso, si desde el sur provincial (San Rafael y General Alvear) se termina consolidando la apuesta a la lucha antigranizo con aviones, a lo sumo podrían concesionarse dos aeronaves, por lo que quedaría un par incluso a disposición provincial.
Sobre el dinero destinado, agregaron que la reestructuración forma parte del “cierre de la operación aeronáutica y cuidado patrimonial de los aviones, que son propiedad del Estado provincial”.
“Los fondos están destinados a las indemnizaciones (pilotos, parte de mecánicos y parte de radaristas), a inversiones de mantenimiento de los aviones para que mantengan la matrícula y sean aeronavegables; y reserva para contingencias que puedan surgir del proceso”, acotaron.
Es importante recordar que, en el caso de Aemsa, el Gobierno confirmó meses atrás que abandonaría esta modalidad para reforzar la asistencia con un seguro agrícola mixto (público-privado) y el subsidio de tasas de créditos para que los productores puedan invertir en la colocación de malla antigranizo y en la eficiencia hídrica y energética.
Aemsa, en tanto, fue creada en la gestión anterior del gobernador Alfredo Cornejo para realizar en forma directa esa lucha activa. La compañía tiene un 51% de acciones del Estado provincial, 10% de propiedad municipal y un 39% adicional también del Gobierno de la provincia, pero que podían ser vendidas en licitación pública. Las dos primeras sólo pueden ser transferidas previa autorización de la Legislatura, con los dos tercios de los votos.
