El Gobierno nacional recibió un pedido de la Justicia para brindar información clave de los movimientos en la Quinta de Olivos entre el 2019 y el 2023, en el marco de la causa en la que se encuentra imputado el expresidente Alberto Fernández por violencia de género contra la ex primera dama Fabiola Yáñez.
En su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo esta mañana: “La Fiscalía Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7, en el marco de la causa por violencia de género que involucra al expresidente, el profesor Fernández, causa 2539/2024 ha requerido al Gobierno Nacional diferentes datos, los cuales efectivamente van a ser aportados”.
La fiscalía a cargo de Ramiro González solicitó la nomina del personal doméstico de la residencia presidencial y datos del equipo que acompañó a Fabiola Yáñez en un viaje que realizó a Misiones en julio de 2021. El pedido responde a que la exprimera dama contó que fue a esa provincia luego de haber sido golpeada por el expresidente, según fuentes judiciales.
Adorni señaló que el pedido fue remitido a las áreas correspondientes “para recolectar la información y poder hacer cumplir con lo requerido por la Justicia”. La nota de la fiscalía está dirigida a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, quien instruyó a Casa Militar a avanzar en la solicitud. El Gobierno espera cumplir con estos requisitos en “el menor plazo posible”.
También, la Justicia demandó registros de los videos de las cámaras de seguridad de la residencia presidencial y los ingresos y salidas a la casa durante el mandato del expresidente Alberto Fernández, así también las constancias de atención médica de los integrantes.
La solicitud del fiscal González llega cerca del inicio de la primera ronda de presentación de testigos. El jueves, está citada la periodista Alicia Barrios, luego deberá presentarse como testigo en Comodoro Py María Cantero, la histórica secretaria de Fernández, quien también es investigada en la causa de corrupción con la contratación de seguros en el Estado.