El Gobierno nacional anunció la implementación de una auditoría exhaustiva destinada a identificar posibles irregularidades entre los 1.223.864 beneficiarios de pensiones por invalidez. Se estima que hasta medio millón de estas pensiones podrían haber sido obtenidas de manera fraudulenta, mediante la manipulación de los procedimientos necesarios para su otorgamiento.
Ahora, el objetivo es verificar que los beneficiarios cumplan con todos los requisitos legales para mantener este subsidio y proceder a la cancelación de aquellos casos que no los satisfagan. Además, se iniciará una investigación penal para determinar responsabilidades.
La iniciativa surge a raíz de una denuncia presentada por el fiscal federal Guillermo Marijuán semanas atrás. La denuncia señala la posible implicación del expresidente de la Nación, Alberto Fernández, así como de los entonces Directores Ejecutivos de la Agencia Nacional de Discapacidad, Claudio Flavio Augusto Espósito y Fernando Gastón Galarraga, y la exdirectora nacional de Apoyo y Asignaciones Económicas, Paula Martínez.
Según Marijuán, estos funcionarios habrían defraudado al Estado Nacional mediante un plan sistemático implementado entre 2020 y 2023. Este plan consistiría en la flexibilización deliberada del proceso de otorgamiento de las Pensiones No Contributivas por Invalidez, permitiendo la asignación masiva e irregular de estos beneficios con fines políticos y de favoritismo hacia gobernadores e intendentes.
De acuerdo con el primer corte de auditoría realizado por los funcionarios de La Libertad Avanza, solo “el 7% de las pensiones por invalidez laboral cumplen con los requisitos establecidos”. La documentación que alimenta el expediente judicial, al que tuvo acceso Infobae tiene aristas que rozan lo inverosímil: en un expediente se aportó como prueba de incapacidad laboral una radiografía de un perro.
Justamente, la radiografía fue mostrada por el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa.
En caso de confirmarse estas acusaciones, se estima que la revisión y cancelación de pensiones indebidas podría resultar en un ahorro significativo para el Estado, calculado en aproximadamente 100.000 millones de pesos mensuales en gastos en pensiones.
La normativa dice que la pensión por invalidez debe otorgarse a aquella persona que, en edad de trabajar, sufre y puede demostrar una incapacidad laboral del 76%. Y que demuestre que está en situación económica vulnerable.
