Luego de años y años de idas y vueltas, estudios, licitaciones y negociaciones políticas, el Gobierno provincial dio de baja oficialmente todo el proceso licitatorio de la megaobra Portezuelo del Viento, que terminó con un laudo negativo por parte del presidente Alberto Fernández, quien manifestó que era necesario un nuevo estudio de Impacto Ambiental para el levantamiento de la presa en el departamento de Malargüe.
La medida quedó oficializada en el decreto 2510 del Boletín Oficial, firmado por el gobernador Rodolfo Suárez, en el cual se dejó sin efecto en el artículo 1 “el proceso licitatorio para la obra aprovechamiento hídrico multipropósito Portezuelo del Viento”.
En la norma, también dispuso el mandatario que se proceda a la devolución de la garantía presentada por el único oferente, el consorcio Malal Hue, conformado por la empresa china Sinohydro, más Ceosa, Impsa y Obras Andinas.
Según el capítulo IV, cláusula 1 del pliego de la obra, la garantía del mantenimiento de la oferta no podía ser inferior al 1% del monto del Presupuesto Oficial de la obra.
Como dicho presupuesto fue de U$S 884 millones, se entiende que, como mínimo, la provincia debe devolver por lo menos U$S 8,84 millones al consorcio.
Además, se desafectaron los fondos autorizados para la obra y se dio de baja también a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de Ofertas de la misma.
Un sinfín de laberintos
El decreto, en sus considerandos, realiza un extenso y detallado listado de todos los procesos, estudios y acciones realizadas desde 1976 en adelante, para el levantamiento de la presa de Portezuelo del Viento, a partir de la contemplación de la realización de la obra “bajo jurisdicción y dominio exclusivo de la Provincia de Mendoza” en el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), conformado por Mendoza, La Pampa, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires.
No obstante, todo lo actuado en estos años quedó en suspenso luego del laudo presidencial negativo por parte del presidente Fernández el 29 de diciembre del 2022, quien ordenó nuevos estudios para la obra, conforme solicitaba La Pampa.
“La realización del nuevo estudio no significa una negativa a la realización del emprendimiento Portezuelo del Viento, sino que se trata de contar con la información imprescindible y necesaria para adoptar decisiones, y los estudios ambientales realizados hasta el presente no resultan suficientes y requieren un replanteo para abarcar en toda su extensión a la cuenca del Río Colorado”, mencionó en el laudo.
Además, agregaba ese laudo que “para el logro de estos fines será necesario el trabajo en colaboración de todas las provincias involucradas y la participación pública, de modo que el proceso de autorización no se produzca sobre una decisión basada en un informe limitado y restringido, sino que se tenga en cuenta la real influencia y magnitud del proyecto”.
Para el Gobierno, un nuevo laudo significaba “dar de baja la obra”, teniendo en cuenta que los estudios de impacto ambiental “ya se encontraban realizados y aprobados por el COIRCO”.
De hecho, Suárez se refirió de la misma manera el día que se conoció el laudo. “Hacer un nuevo estudio de impacto ambiental y someterlo al consejo de gobernadores (donde se decide por unanimidad) es decirle no a Portezuelo del Viento”, expresó por Twitter.
“El laudo es un no definitivo a Portezuelo del Viento porque todo lo que hemos cuestionado lo ha hecho a favor de La pampa. Un nuevo estudio de impacto ambiental sometido al Consejo de Gobernadores es imposible porque La Pampa se va a oponer y necesitas unanimidad. Eso fue lo que dijo Suárez cuando presentó el escrito en marzo del 2022 además dice que se aplique la Ley de Obras de la Nación, que también habíamos cuestionado”, agregó, también en ese diciembre del año pasado, el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez.
En tanto, en el decreto, especificó que, “ante la situación descripta y sin tener herramientas certeras que permitan estimar tiempos específicos para obtener los resultados requeridos por el Laudo, con su implicancia en el trámite pendiente de resolución, es que resulta oportuno dar de baja el proceso iniciado”.
La fallida megaobra
La presa iba a ser la mayor obra de ingeniería civil de la historia de Mendoza. Ubicada sobre el Río Grande, en el sureño departamento de Malargüe, tendría capacidad para abastecer de energía a 130.000 usuarios, cuatro veces más de lo que genera el dique Potrerillos. Con una altura de 185 metros, va a ser una de las represas más grandes del planeta.
Planteada para cumplir con múltiples propósitos, hubiera permitido proteger la cuenca media y superior del Río Colorado de crecidas intempestivas, y aumentar la garantía de riego para agricultura y ganadería en el sur de Mendoza.
Alrededor del dique se planeban hacer más obras relacionadas, como la relocalización del pueblo Las Loicas en la costa del lago, un nuevo tramo de la ruta nacional 145 y de la ruta provincial 226, la construcción de una sala de máquinas y el tendido eléctrico para conectar la presa con el sistema interconectado nacional.
