El Gobierno de Mendoza donó un terreno de unas 10 hectáreas perteneciente a la Dirección General de Escuelas (DGE) a la empresa Andina Electricidad SA, propiedad del grupo Vila-Manzano y que tiene bajo su órbita a la prestadora de servicio eléctrico Edemsa. La superficie será utilizada para desarrollar un parque solar con una central generadora de 4 MW de energía en Uspallata, en departamento de Las Heras.
Durante el último mes, un tema recurrente de la política mendocina ha sido la asignación de 12 mil hectáreas en el departamento de Malargüe a la empresa El Azufre para el desarrollo de un centro de esquí. Sin embargo, la donación de este predio para un proyecto energético se trata de un proceso administrativo completamente diferente.
Esta donación se realizó a través del Decreto N° 143, firmado por el gobernador Rodolfo Suárez y el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibáñez, y publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
La norma establece la cesión del inmueble a la empresa Andina Electricidad SA con el cargo de desarrollar el proyecto “Parque Solar Uspallata”, consistente en la construcción de una Central Generadora Solar de 4MW. Pero determina que la Legislatura provincial deberá ratificar esta disposición.
El proceso comenzó con la presentación del representante de la empresa, Neil Bleasdale, ex ejecutivo de Edemsa y actual directivo de Edenor –ambas firmas propiedad del grupo Vila Manzano-, quien manifestó la intención de adquirir un terreno fiscal para el desarrollo de un parque solar fotovoltaico.
El mismo consiste en la construcción de una central generadora solar de 4MW, además de 400 metros de línea aérea simple terna de 13.2 kv y la adecuación de la Estación Transformadora de la CT Uspallata de EDEMSA para evacuación de energía.
El predio en cuestión se trata de una fracción de terreno, parte de mayor superficie, constante de una superficie aproximada de 10 hectáreas. Se ubica al lado de la Central Térmica de EDEMSA, a 8 km hacia el sur de la Ruta Nacional 7.
Al tratarse de un terreno incripto a nombre de la DGE, tomó intervención el Honorable Consejo Administrativo de la Enseñanza Pública que, si bien en un primer momento había sugerido la venta de la una porción del terreno a través de un proceso de Subasta Pública, terminó ofreciendo al donación debido a que “dicho procedimiento requeriría determinados actos que implican una cantidad de tiempo que no sería lo aconsejable ante la urgencia de dar una respuesta a lo tramitado”.
De todas maneras, en la resolución N°661el organismo planteó dos requerimientos particulares al Gobierno de Mendoza. Por un lado, encarga tras la aceptación de la donación “la realización de los actos útiles tendientes a la confección del Plano de Mensura y Fraccionamiento correspondiente a la fracción objeto de la presente donación”, ya que no se habían confeccionado.
Pero además, compromete al Gobierno a “realizar los estudios de suelo necesarios, en la fracción objeto de la presente donación, a los efectos de determinar la existencia de acuíferos, previendo las posibles servidumbres necesarias para acceder a su uso y posible explotación los mismos”.
Sin embargo, la donación no es definitiva, ya que el decreto de Suárez debe ser ratificado por la Legislatura provincial. La Constitución provincial establece que le corresponde al Poder Legislativo el “disponer el uso y enajenación de la tierra pública y demás bienes de la Provincia”.
