El Gobierno de Mendoza dio inicio al Sistema de Inversión Pública que permitirá comparar los distintos proyectos de obra pública de la provincia y priorizarlos en base a indicadores o criterios homogéneos. Desde el Ejecutivo resaltan que se conseguirá hacer un uso más eficiente de los recursos.
A través del decreto N° 609, publicado ayer en el Boletín Oficial, el gobernador Rodolfo Suárez y todos sus ministros dieron el puntapié a esta iniciativa, siguiendo los lineamientos de la Ley de Administración Financiera Provincial (Ley 8706). Determinaron que los organismos, organizaciones o entes del sector público provincial que tengan proyectos de obras que quieran incluir en el Plan Provincial de Inversión Pública (PPIP) deberán ser presentados ante la Dirección General de Inversión Pública (DGIP).
Asimismo, se estableció que la presentación en esa instancia será una condición necesaria para esos proyectos sean incorporados al Presupuesto Provincial 2022, cuya propuesta se envía en septiembre a la Legislatura.
El ministro de Hacienda y Finanzas, Lisandro Nieri, indicó a Los Andes que “se busca hacer eficientes los recursos para asignarlos a la obra pública”. “Hemos compartido mucho con empresarios y el sector privado la importancia de una buena asignación de los recursos a inversión elegible. Estamos trabajando en darle más dedicación al estudio para poner un proyecto que sea elegible y no resulte en costos innecesarios”, remarcó.
El funcionario explicó que hasta 2015 la provincia sufrió una significativa desinversión en obra pública, y recordó que ni siquiera se reparaban las escuelas u hospitales. Consideró que la recuperación y el equilibrio fiscal de los últimos años permitieron conseguir niveles de dos dígitos de inversión pública en 2018 y 2019 en el presupuesto provincial.
“Ahí hablábamos de cantidad de inversión pública, ahora vamos a la calidad de la inversión pública”, dijo y remarcó: “Si se llueven las comisarías, ¿tiene lógica hacer un estadio cubierto para 12 mil personas?”.
Nieri hizo hincapié en que el Sistema de Inversión Pública permitirá tener un “Banco de proyectos”, poder hacer un ránking y seleccionar los mejores.
El artículo 3° del decreto establece que la presentación de programas o proyectos con la finalidad de ser incorporados en el “Inventario de Proyectos de Inversión” deberá hacerse de forma electrónica e incorporando información específica.
Habrá que llenar un formulario detallando la propuesta y, además, se tendrán que incluir indicadores económicos y cuali-cuantitativos que serán evaluados para elaborar las comparaciones. Asimismo, se deberá presentar un flujo de erogaciones anuales que demandará el proyecto. La DGIP evaluará esta información y determinará las prioridades.
El ministro de Hacienda destacó que para poder priorizar los proyectos “hay que tener un formato más o menos similar que te permita comparar una escuela o una comisaría por beneficiarios y necesidades”. Sostuvo que “se puede hacer una evaluación social” sobre a quién y a cuántas personas beneficia, qué va a lograr, qué le va a demandar al Estado una vez terminado. En tanto, se podrá analizar en el tiempo si efectivamente mejoró esos indicadores.
Por otra parte, la DGIP podrá asesorar a los organismos para la elaboración de las iniciativas, solicitar información adicional y requerir la opinión de los gobiernos municipales sobre los programas y proyectos, dependiendo la ubicación de los mismos.
Presupuesto 2022 a la vista
Una de las implicancias más significativas de este nuevo sistema es que será una condición necesaria la presentación ante la DGIP para que un proyecto de inversión pública sea incluido en el Presupuesto Provincial.
Nieri aseguró que “va a ser condición la presentación del proyecto para que cada uno de los ministerios pueda incluirlo en el Presupuesto 2022”. Destacó que se brindará capacitación a las distintas áreas para la formulación de los mismos.
La norma establece que sólo podrán ser incorporados al PPIP del Presupuesto, los programas o proyectos que se encuentren registrados en el Inventario de Proyectos de Inversión Pública “hasta 30 de junio del año inmediato anterior a aquel en cuyo ejercicio presupuestario se pretende incorporar, salvo que existieren razones fundadas para la incorporación de un proyecto registrado en fecha posterior”.
A la hora de discutir los presupuestos en la Legislatura, son habituales durante las negociaciones los reclamos de los intendentes o legisladores que responden a ellos de incluir obras públicas para sus departamentos. Esta nueva modalidad influye directamente a esa práctica, ya que la eventual obra que se exija deberá estar en el “banco de proyectos”. “Esto le da valor. Si se discute a nivel regional con algún municipio que pide alguna obra, qué mejor que tener proyectos mucho más desarrollados”, manifestó Nieri.
Respaldo externo al sistema
Gustavo Reyes, economista jefe de la Fundación Mediterránea y representante de la Mesa de la Producción de Mendoza ante el Consejo Económico, Ambiental y Social (CEAS), fue uno de los impulsores en febrero de un proyecto en ese organismo para crear el “Sistema de evaluación socio-económica de las Inversiones Públicas en Mendoza”.
Consultado por Los Andes, Reyes celebró la decisión del Ejecutivo provincial de avanzar con una iniciativa similar y sostuvo que este sistema “permite seleccionar los mejores proyectos para la sociedad con un criterio objetivo”.
Señaló que tradicionalmente en Mendoza cuando se presenta en el Presupuesto una obra pública solo se detalla el costo, pero no se hace referencia a los beneficios. En este sentido, resaltó que en el mundo existen metodologías para evaluar los beneficios y cuantificarlos, para compararlos con los costos.
“Por eso es una excelente noticia que el Gobierno haya decidido avanzar en un sistema así. No solamente permite tomar mejores decisiones, sino que ayuda mucho a la transparencia de las elecciones de las obras públicas. Además, te permite comparar entre las obras para priorizar en función de los recursos limitados que se tienen”, subrayó.
En tanto, opinó que por el momento no están muy claros los criterios en el decreto y puso como ejemplo los que se utilizan en el sistema que aplica Chile. “Son criterios económicos y sociales, ordenan los proyectos de acuerdo a la conveniencia de la sociedad, donde la rentabilidad desde el punto de vista social del proyecto era más alta”, explicó.
El economista concluyó diciendo que “la clave es que las personas que manejan la evaluación tengan la suficiente autonomía y no dependa del poder político”.
