En el gobierno de Alberto Fernández se dilata la definición sobre el futuro de la central hidroeléctrica Portezuelo del Viento, un megaproyecto clave para Mendoza. Aunque el Presidente anunció hace más de siete meses que laudará para ponerle fin al conflicto interprovincial en torno a esa obra, en Casa Rosada predomina el silencio.
En el informe escrito que el jefe de Gabinete, Juan Manzur, presentó en el Senado de la Nación, se confirmó que la cuestión sigue irresuelta. “El expediente se encuentra en trámite, realizando las diligencias necesarias para que el Poder Ejecutivo Nacional emita su laudo”, respondió el tucumano en su extensa presentación.
Manzur se pronunció sobre Portezuelo del Viento ante la pregunta que le hizo la senadora radical Mariana Juri, quien no tardó en expresar su malestar por la falta de avances en la administración nacional.
En rigor, según el reglamento del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), ya venció el plazo para que el presidente Fernández se pronuncie sobre la disputa que frenó la construcción de la central en el departamento de Malargüe, sobre el Río Grande, el más caudaloso de la provincia.
En ese contexto, Juri le solicitó al jefe de Gabinete que “indique las razones por las que el Poder Ejecutivo Nacional ha omitido, hasta el día de la fecha, dictar el Laudo Arbitral requerido”.
Pero Manzur se limitó a reproducir la información que le giraron desde el Ministerio del Interior que conduce Eduardo “Wado” De Pedro, en la que se repasaron los principales acontecimientos del conflicto.
“Se ha llamado a juicio arbitral conforme el requerimiento de la provincia de Mendoza de fecha 21 de febrero del corriente, se ha convocado a las provincias de la cuenca a presentar posiciones y se han seguido cada uno de los pasos previstos para este procedimiento en el Estatuto y Reglamento Interno del COIRCO. Para el avance de la Represa Portezuelo del Viento, las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Neuquén solicitaron la realización de un estudio de impacto ambiental integral sobre toda la cuenca del Río Colorado y la realización de una audiencia pública de alcance nacional. Estas provincias manifestaron que los trabajos realizados, y de acuerdo a las posiciones asentadas en COIRCO en forma sostenida, constituían antecedentes para la evaluación ambiental integral, comprehensiva y regional”, detalló el texto que presentó Manzur.
Seguido, se recordó que el último paso fue el pedido de Mendoza para que “se active el mecanismo de solución de diferendos previsto en el Estatuto de COIRCO a través del laudo del Presidente de la Nación”.
La senadora Juri demostró este jueves su insatisfacción con la respuesta oficial. “Mientras Rodolfo Suárez y su equipo trabajan seriamente para avanzar con Portezuelo del Viento vía un amparo en la Corte Suprema de la Nación, el Gobierno nacional responde con esta vaguedad en Senado”, lanzó.
Y completó: “Un expediente en trámite por meses ¿al kirchnerismo no le parece que Mendoza merece más?”.
Justamente este jueves, la Procuración General de la Nación aceptó el recurso de amparo que promovió el gobernador Suárez y ahora la Corte Suprema deberá resolver si existe o no una “mora” en el laudo del presidente Fernández.
En el ínterin, Suárez evalúa “alternativas” para la utilización de los fondos destinados por la Nación para la construcción de la presa hidroeléctrica. Mendoza acumuló hasta agosto más de U$S 472,4 millones en el fideicomiso constituido para la construcción de la megaobra y obras anexas, de un total de U$S 1.023.362.922 que le corresponde recibir, en pagos trimestrales, hasta octubre de 2024.
