El Gobierno nacional tomó notas de las quejas que manifestaron los empresarios por el nuevo Consenso Fiscal que se firmó el lunes con la mayoría de los gobernadores y gestionó una reunión con el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) para repasar los aspectos técnicos del nuevo esquema impositivo.
La secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, será la encargada de limar las asperezas con los referentes industriales, que en la víspera difundieron un duro comunicado contra el nuevo pacto con el que se eliminó definitivamente el esquema de bajas impositivas que promovió en 2017 el gobierno de Mauricio Macri.
Batakis se reunirá, el próximo martes, con el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, quien ayer salió a cuestionar el pacto que firmaron el presidente Alberto Fernández y 23 gobernadores. El gran ausente fue el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
Funes de Rioja dijo que los empresarios están “preocupados”, sobre todo, por lo que sucederá con el Impuesto a los Ingresos Brutos. Es que, en el pacto de 2017, se estableció que en 2022 el sector industrial quedaría exento del pago de ese canon.
“Esto significa mayor presión fiscal. Una presión fiscal que ya de por sí es muy alta para la producción y que lo que genera y estimula es mayor informalidad”, se quejó Funes de Rioja.
Ahora, Batakis y Funes de Rioja mantendrán una “reunión técnica para ampliar los puntos de interés del sector industrial respecto a las implicancias del texto del acuerdo”, según se informó oficialmente.
Otra entidad empresaria, la Cámara Argentina de Comercio (CAC), también se manifestó en contra de la creación de nuevos impuestos y el incremento de los existentes.
En declaraciones a la prensa, el presidente de la CAC, Natalio Mario Grinman, dijo que “Argentina actualmente tiene una enorme presión fiscal sobre el sector formal de la economía, que termina desalentando la inversión y la generación de empleo, por lo que considero que la creación de nuevos impuestos o el incremento de los ya existentes es algo negativo”.
“Ciertamente el déficit fiscal debe corregirse, pero no incrementando la carga sobre el contribuyente cumplidor. El desequilibro de las cuentas públicas debe reducirse con un firme combate a la evasión, que además de quitarle recursos al fisco constituye una flagrante injusticia para quienes sí cumplimos con nuestras obligaciones y, sobre todo, reduciendo el excesivo gasto público, en aquellas partidas que se demuestren ineficientes o superfluas”, agregó el directivo.
Más allá de las interpretaciones técnicas sobre el pacto, en la Casa Rosada resaltaron que el acuerdo con los gobernadores permitió demostrarle al FMI la capacidad del gobierno nacional para construir consensos, sobre todo, tras el fracaso para conseguir las mayorías y aprobar el Presupuesto 2022.
En ese marco, el presidente Fernández adelantó que convocará nuevamente a los mandatarios provinciales para participar, el próximo miércoles, en una reunión con el ministro de Economía, Martín Guzmán, en la que se brindarán detalles de la negociación con el organismo multilateral de crédito.
“Este acuerdo nos sirve mucho en la discusión que tenemos con el Fondo porque nos muestra un país que proyecta el futuro en términos fiscales racionales y con el consenso de todos los gobiernos provinciales, así que les agradezco desde ese lugar porque nos ayuda mucho a demostrar que estamos trabajando con el acuerdo, con la participación de todos y buscando consensos”, resaltó Fernández.
