El Gobierno nacional comenzó a seguir muy de cerca la situación de las protestas de los policías en la provincia de Buenos Aires y a monitorear los ánimos en el resto de las provincias para evitar un efecto contagio, tal como se produjo en otras oportunidades en las que las fuerzas de seguridad violaron el régimen disciplinario que les prohíbe la sindicalización y el cese de tareas para impulsar reclamos.
“Hicimos un seguimiento de los distintos lugares donde se producen las protestas y también de otras provincias, porque cuando ocurre algo así en la provincia de Buenos Aires esto después produce una especie de contagio”, dijo el secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba.
De manera sorpresiva, los reclamos se trasladaron a la calle pasado el mediodía del lunes. El principal, tuvo su epicentro frente a la sede de la gobernación bonaerense, en la ciudad de La Plata, pero las marchas se sintieron con fuerza en otras de las grandes ciudades bonaerenses.
Según reconstruyó este medio, los primeros en salir fueron los familiares de los uniformados, algunos policías de civil y otros retirados. Exigieron un aumento salarial del 56%, aumentos de las horas extras, equipamiento y medidas para evitar contagios de coronavirus, y el levantamiento de los sumarios administrativos.
Las protestas tomaron mayor dimensión hacia la noche y encendieron las alarmas tanto en el gobierno provincial como en el nacional, porque hacia la medianoche, en localidades como Adrogué, comenzaron a sumarse los policías de servicio con los patrulleros. Se mezclaron los sonidos de los bombos con los de las sirenas de los vehículos oficiales, y a la medianoche se entonó el himno nacional.
A primera hora del martes, el ministro de Seguridad, Sergio Berni, encabezó una conferencia de prensa con el jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco, para anunciar un inminente aumento salarial. Aseguraron que será “una mejora salarial importante” aunque evitaron dar mayores precisiones.
Las movilizaciones se registraron días después del acto que encabezó el presidente Alberto Fernández para anunciar el plan de Fortalecimiento de Seguridad para municipios del Gran Buenos Aires, que nuevamente incluirá la colaboración de las fuerzas federales en los puntos más calientes y que demandará una inversión de 37.700 millones de pesos.
“El problema de la inseguridad en el Gran Buenos Aires es el tema que más nos preocupa, más allá de la pandemia”, dijo el Jefe de Estado, aunque nada mencionó respecto a las condiciones salariales de los integrantes de la Policía Bonaerense.
Sobre esto último, el jefe de Gabinete provincial remarcó el martes que en la administración de Axel Kicillof se viene trabajando para “actualizar el salario de los efectivos de la policía, que viene con un retraso importante”.
“Sabemos el gran trabajo que se está haciendo en esta situación excepcional de la pandemia y atender no sólo los mecanismos de seguridad sino también los mecanismos logísticos para la prevención en cada uno de los municipios”, expuso. Y no desatendió las posiciones políticas en sus planteos porque remarcó que los agentes de seguridad “deben recuperar lo perdido” durante el gobierno de María Eugenia Vidal.
La situación mantuvo en vela a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, y a sus colaboradores más estrechos. “Nos asusta porque en otras ocasiones ya ocurrió esto, en otras ocasiones vimos también imágenes de violencia, en muchas de esas ocasiones vimos intereses que aparecían detrás de estas revueltas, agites. Por suerte en este caso no ocurrió eso”, reveló Villalba.
En declaraciones a Futurock, el funcionario nacional agregó que ahora la expectativa es que la situación se descomprima tras los anuncios de sus pares bonaerenses.
“Estuvimos junto al gobernador (Axel Kicillof) acompañando lo que iba sucediendo, preocupados por este tema hasta esta madrugada, y, como efectivamente decía el ministro Sergio Berni, las protestas responden a un retraso en las condiciones de trabajo de sanidad de la formación y la capacitación y actualización jerárquica”, dijo Frederic en declaraciones a radio 10.
La titular de la cartera sanitaria recordó que los efectivos “no tienen derecho a la sindicalización”, por lo cual “esas protestas están por fuera del régimen disciplinario y son injustificados porque generan estado de alarma en la población”.
“No podría afirmar que son cuestiones políticas. Los reclamos son muy acotados, muy puntuales y creo que se producen también porque hay estrés y mucha demanda”, opinó
