El gobierno de Javier Milei avanzará en el Congreso con una propuesta que promete desatar un intenso debate en la arena política: “la eliminación de todo el financiamiento estatal a los partidos políticos”, según adelantó una fuente de la Casa Rosada a Ámbito. La iniciativa busca que sean los adherentes y afiliados quienes sostienen económicamente a los partidos, dejando atrás el aporte regular que hoy reciben del Estado.
Según el entorno del mandatario, esta medida responde a la necesidad de “transparentar los gastos de la política” y forma parte de “la batalla contra las castas” que el gobierno ha adoptado como bandera. En concreto, se trataría de implementar un sistema similar al de los Estados Unidos, donde el financiamiento proviene casi exclusivamente de fondos privados.
La propuesta oficial podría ingresar al Parlamento en el marco del debate sobre el presupuesto 2025, según anticiparon fuentes oficiales. No obstante, desde el gobierno reconocen que se trata de un tema que podría generar fuerte resistencia entre los legisladores. Para contrarrestar este posible rechazo, se evalúa una alternativa: destinar parte de los fondos recortados a fortalecer el presupuesto universitario, un gesto que podría sumar apoyo en el Congreso.
La polémica por el financiamiento estatal
Actualmente, la ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos obliga al Estado a distribuir fondos entre todas las fuerzas políticas para el desarrollo de sus actividades, incluyendo la impresión de boletas y el gasto de campaña. La partida correspondiente al año 2023 otorgó al Ministerio del Interior $48.500 millones para el “Impulso al Desarrollo Democrático y Relaciones con la Comunidad”. De estos fondos, la mitad se distribuye equitativamente entre todos los frentes y el resto según los votos obtenidos en la última elección para la misma categoría.
Por otra parte, los partidos también cuentan con financiamiento privado a través de sus afiliados, donaciones y actividades propias, con límites establecidos por la ley. Se prohíbe, por ejemplo, las contribuciones anónimas o de entidades con contratos de servicios y obras públicas con el Estado. La Cámara Nacional Electoral cuenta con una plataforma pública para registrar los aportes en blanco, aunque los especialistas advierten que gran parte de los gastos de campaña se cubren a través de aportes informales, que no siempre se reflejan en los informes presentados ante la Justicia electoral.
Expectativas y divisiones en torno al debate presupuestario
Desde el entorno de Milei, la intención es que el debate se desarrolle en el marco del presupuesto 2025, cuyo tratamiento ya comenzó a delinearse en el Congreso. Fuentes del oficialismo sostienen que “las conversaciones por el presupuesto marchan bien” y confían en que el proyecto pueda avanzar. Respecto a otros temas sensibles, como las jubilaciones, el Ejecutivo mantiene su postura de no aceptar el aumento del 8% propuesto por otras fuerzas, aunque “podría analizarse en el contexto de dar una suma por única vez”. “Todo está en la mesa de negociación”, aseguran desde el gobierno, señalando que el objetivo es “no comprometer el equilibrio” fiscal.
La propuesta de Milei se alinea con su promesa de achicar el gasto público y desmantelar lo que considera privilegios de la clase política. Sin embargo, este intento de trasladar el financiamiento a fondos privados generará un debate sobre los riesgos y beneficios del modelo estadounidense en el contexto argentino.
Entre los críticos, algunos consideran que la falta de financiamiento estatal podría limitar la pluralidad política y concentrar el poder en quienes tengan acceso a grandes donaciones. Por otro lado, los partidarios de la medida sostienen que permitirá un sistema político más transparente y sin el uso de fondos públicos.
