En febrero comienza la discusión salarial entre el Gobierno provincial y los gremios estatales. La fecha de las convocatorias será en la segunda quincena y ya se conocen algunos planteos para cuando se sienten ambas partes negociar.
La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) comunicó las intenciones de un aumento por mes, cuyo antecedente data del 2017, durante la gestión de Alfredo Cornejo. Sin embargo el Gobierno anticipó por su lado que no firmará acuerdos cuyos incrementos estén atados a la inflación. El gremio docente, por su lado, espera que la propuesta acompañe y le gane a la inflación, pero tiene dudas de los aumentos mensuales.
Pareciera avizorarse un conflicto entre sindicatos estatales y Gobierno provincial, al menos en el sector de la salud. Ampros agita un acuerdo en el cual el aumento sea de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor que difunde mensualmente la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de la provincia.
No es algo nuevo en el escenario de negociación salarial, porque a fines del 2017 se firmó el acuerdo que sólo abrochó el gremio que en ese momento conducía María Isabel del Pópolo y que hoy lidera Claudia Iturbe. Fue casi al final del año, y luego de que el resto de los sindicatos estamparan la rúbrica a los suyos.
Ya hubo contactos con el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, y con el titular de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibáñez. “En las reuniones que tuvimos, les solicitamos la inflación mes a mes para empezar a hablar de otros temas muy importantes para la salud y la población, como son el recurso humano crítico, guardia pasiva y adicional de guardia, porque no hay profesionales para lugares alejados ni servicios críticos como las terapias, donde no estudian y no siguen las residencias porque se necesita hacer una diferencia”, explicó Iturbe.
Descarta Ampros el término “cláusula gatillo” porque no es una actualización automática en un determinado momento del año, luego de que la inflación supere el incremento salarial porcentual. Este mecanismo utilizó la gestión de Cornejo en los acuerdos para el 2018 y 2019, que terminó de pagarse en enero del 2020.
“Eso es cláusula gatillo y la respuesta es: no. No va haber cláusula gatillo”, se plantó el ministro Ibáñez ante la consulta de Los Andes.
El funcionario provincial indicó que el Gobierno está “trabajando con las propuestas que llevaremos y vamos a seguir apuntando a que crezcan los salarios más bajos”.
Sobre la reunión con Iturbe, comentó que “creemos que no es el mejor esquema y lo que le dije es que estamos trabajando. Con nadie se habló de porcentajes, fórmulas, fechas. Han sido las charlas informales”.
Por su lado, Roberto Macho, de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), había deslizado días atrás que si la inflación rondaba el 50% para este año, el acuerdo debía ir en ese sentido.
EL ÚLTIMO ACUERDO
Es recordado que la pandemia y la situación económica plancharon la discusión en 2020, en el que no hubo aumento. Para el 2021, en cambio, sí hubo un incremento que incluyó un bono de $54 mil a pagar en 12 meses.
El aumento inicial para el 2021 había sido de del 7% en marzo y del 12% en julio a todos los empleados estatales, y estaba previsto el pago de un 10% en octubre y el bono. Sobre esa base se discutió un nuevo ofrecimiento que terminó sumando nuevos tramos porcentuales y en algunos casos eliminando el bono.
Ampros acordó un aumento del 6% en septiembre, uno del 5% en noviembre y uno del 5% en diciembre, absorbiendo en esos porcentuales las últimas cuotas del bono no remunerativo y alcanzando un incremento anual del 45% plano al básico a fin de año.
En el caso de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) pactó sumarle a los tramos originales uno del 6% en septiembre y otro del 6% en noviembre, dejando vigente el bono no remunerativo. El acuerdo alcanzó a los trabajadores del Régimen 15 (no profesionales de salud), Administración Central y de los cuatro regímenes de la Secretaría de Ambiente.
El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) que no firmó el convenio salarial entre diciembre de 2020 y enero de 2021, obtuvo un incremento por decreto con el bono incluido.
En tanto, en enero de este año se anunció un bono de $7.200 para empleados y empleadas estatales, incluidos docentes y celadores a cuenta de la paritaria 2022.
Y si bien no hay detalles, la oferta salarial completa no se saldrá del menú que viene utilizando el Gobierno: porcentajes combinados con sumas fijas (bonos).
De esa manera se aseguran que el impacto en los sueldos más bajos sea mayor, ya que no es lo mismo una inyección de $5000 en un sueldo de $40.000 que en un salario de $60.000 o más.
TENSIÓN CON EL SUTE
Se asoma una paritaria tensa con el SUTE, el gremio más grande de la provincia. Los docentes acaban de cambiar de conducción y las nuevas autoridades sugieren que puede haber conflicto.
Gustavo Correa, secretario gremial del SUTE, dijo a Los Andes que “el problema de los aumentos por mes es que hay que saber cuál es la base de cálculo y saber si es acumulativo”. La semana pasada se reunió con el titular de la Dirección General de Escuelas (DGE) pero no se habló del tema salarial.
“Nosotros estamos planteando que tenemos que acompañar y ganarle a la inflación para recuperar el poder adquisitivo. (José) Thomas (titular de la DGE) dijo que somos los peores pagos de la provincia pero no hace nada para que dejemos de serlo”, cuestionó.
Y criticó la fecha de inicio de clases porque “Thomas se ha encaprichado en que sea el 21 y todavía ni tenemos convocatoria a paritarias. Lo que sí garantizo es que la última paritaria no va a ser. Si hay decreto habrá conflicto, eso lo garantizo”.
“Hay un calendario de actividades por la Vendimia, actos públicos y un montón de cosas para visibilizarlo con movilizaciones, caravanas, carpas. Puede haber paro y marchas, todo es compatible”, indicó.
