La Dirección de Hidrocarburos de la provincia detectó que los territorios más importantes cuya ocupación reconoció el Gobierno nacional a comunidades mapuches de Mendoza abarcan nada menos que 61 pozos concesionados a la industria petrolera.
Así lo indicó Estanislao Schilardi, director de Hidrocarburos, quien explicó a Los Andes que, tras las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para reconocer la ocupación de tierras en el sur, las coordenadas que se señalan en los anexos fueron cruzados con los datos que posee la Provincia sobre la localización de áreas petroleras y pozos.
Este trabajo terminó revelando que, a lo largo de 222 kilómetros cuadrados que según el INAI le tocan al Lof El Sosneado en San Rafael, hay numerosos pozos de la industria petrolera. “Ahora hay que ver uno por uno para verificar el estado de esos pozos, si están abandonados o en producción, o si son inyectores de agua”, explicó a Los Andes Schilardi.
El funcionario recalcó también que cada uno de los pozos detectados “tiene un concesionario o permisionario, que posee la concesión y explotación”.
Según el mapa aportado por la Dirección de Hidrocarburos a este diario y los datos hasta ahora confirmados, tres áreas petroleras concesionadas quedan abarcadas en forma completa dentro del mapa de terrenos cedidos a los mapuches.
Se trata de Loma de la Mina, La Paloma y Mina Cerro del Alquitrán. Schilardi explicó que Loma de la Mina fue explotada por YPF hasta hace un año y ahora la concesión está bajo el control de la empresa estatal mendocina Emesa. “Casi el 50 por ciento de los pozos de Loma de la Mina está en zona de mapuches”, indicó el director de Hidrocarburos.
También informó que las concesiones de La Paloma y Mina Cerro del Alquitrán, correspondientes al grupo Fénix de la empresa El Trébol, “son afectadas totalmente” por el reconocimiento de INAI a las poblaciones indígenas.
En tanto, el área petrolera El Sosneado, concesionada a Petroquímica Comodoro Rivadavia, tiene entre 3 y 5 pozos que han quedado “atrapados” en el mapa de las zonas para los mapuches. De acuerdo con el mapa provincial, son numerosos los pozos (marcados como puntos de color naranja) que esta área tiene en las adyacencias de la zona de la polémica.
Hay que decir también que Petroquímica Comodoro Rivadavia ha comprometido inversiones por casi 19 millones de dólares de aquí a 2035.
Otra zona afectada es Vega Grande, que corresponde también a la empresa estatal Emesa, aunque en este caso ningún pozo queda dentro del mapa indígena.
También aparece otra área denominada “Los Buitres” que no es una concesión petrolera y todavía no se certifica si es una mina. Se la delimita en el mapa provincial solamente para indicar que no corresponde a Loma de la Mina.
Polémica
El cruce de mapas dado a conocer por el Gobierno provincial hace crecer una polémica que nació a partir de las resoluciones 36 y 42 emitidas por el INAI y publicadas en el Boletín Oficial de la Nación a fines de la semana pasada.
Estas medidas reconocieron la ocupación “actual, tradicional y pública” de 21.370 hectáreas a la comunidad Lof en la zona de El Sosneado, San Rafael.
Hay otra área más pequeña ubicada en Los Molles, Malargüe. En este caso se trata de 3.584 metros cuadrados que corresponden a los integrantes mapuches de Lof Suyai Levfv. “Tratamos de ver dónde era, pero no lo pudimos solapar en concesiones petroleras”, explicó Schilardi.
Quien primero puso el grito en el cielo por la medida nacional fue el senador Alfredo Cornejo, quien señaló que la decisión era otro “daño” a Mendoza de Alberto Fernández y el kirchnerismo.
Este martes, el legislador nacional aseguró que en las áreas reconocidas a los mapuches “existen 21 pozos ACTIVOS de petróleo. Es decir que el regalo viene con un plus: además de tierras te damos activos provinciales”.
“Además de la falta institucional gravísima que comete el gobierno nacional interviniendo sin consultar a ningún organismo provincial, también violan el derecho a la propiedad privada, ya que estas tierras poseen propietarios”, agregó Cornejo.
El mapeo posterior del Poder Ejecutivo sugiere que el “daño” podría ser mayor, al menos en la cantidad de pozos petroleros afectados. En este sentido, el gobernador Rodolfo Suárez ya puso en marcha el proceso para pedir la inconstitucionalidad de las resoluciones nacionales del INAI.
El debate siguió generando voces, como la del vicepresidente del organismo, Luis Alberto Pilquimán, quien negó a Radio Mitre este martes que la medida implique una entrega de tierras, pero defendió las resoluciones y dijo que los beneficiarios “son mapuches porque se autoidentifican así”.
“No se les entregó un metro tierra, simplemente se le ha reconocido una ocupación actual”, enfatizó también el funcionario nacional.
La polémica incluye el reclamo del sector privado de San Rafael, que denunció que tierras otorgadas de El Sosneado son propiedad de la empresa Sominar Sociedad Minera S.A. y anunció medidas judiciales. El propio intendente peronista Emir Félix se alzó también contra la medida y sostuvo que genera “inseguridad jurídica”.
En el medio, crecen las sospechas sobre el efecto práctico que podría tener el reconocimiento del INAI a las poblaciones mapuches. “En Neuquén se suelen cobrar cánones en zonas petrolíferas. Esto quiere decir que la operación se va a poder realizar normalmente, pero puede existir el cobro de peajes”, dijo un integrante del Poder Ejecutivo.
“Hubiese estado bueno que consultaran a las provincias porque los recursos naturales son de las provincias”, señaló otra fuente del Gobierno provincial.
