El Gobierno provincial no aspira a recibir fondos por la venta de acciones de Impsa y cree que la oferta privada apuntará a dar “capital de trabajo” y asumir las deudas millonarias de la firma. Además, se confirmó que el Estado nacional busca que haya más de un oferente.
Así se desprende de un informe que envió el Ministerio de Hacienda para evacuar las consultas de la oposición con respecto al proyecto que presentó en la Legislatura para que le autorice la operación.
La diputada Laura Balsells Miró, de La Unión Mendocina, preguntó “cuál era el motivo específico por el cual no se acepta un precio a cambio de la cesión” de las acciones. La respuesta oficial en este punto fue la siguiente: “Desconocemos cuál será la oferta (si la hubiera) de este interesado o de cualquier otro y si la misma contemplará un precio por la venta de las acciones, aunque, atento a la situación de la empresa y su nivel de endeudamiento, es posible que la oferta se centre en el monto necesario para dar a Impsa el capital de trabajo necesario para su sostenibilidad y crecimiento y en la asunción del pasivo financiero superior a U$S 500 millones que enfrenta”.
En el informe, de poco menos de una página, el Gobierno provincial evitó dar información sobre el interesado en comprar Impsa porque “aún no se conoce cual será la empresa adquiriente”. Sí reconoció en cambio, que el Estado está buscando que haya más de un oferente. “La Agencia de transferencia de empresas estatales está trabajando en este proceso de capitalización. Más allá de coordinar el proceso junto al Ministerio de Economía, están buscando posibles empresas interesadas en acceder a dicho proceso”, dice el texto enviado a la Legislatura.
En la presentación se indica que “el proceso es llevado a cabo por el Gobierno Nacional quien tiene el control de la sociedad” y que “se han evaluado los antecedentes y solvencia del vehículo adquirente y de sus accionistas y grupo económico, así como sus planes de inversión para Impsa, con anterioridad al inicio del proceso de venta”.
También respondió el Gobierno sobre las medidas para garantizar la transparencia en la operación. “El proceso de venta prevé no sólo la posibilidad de que cualquier otro interesado pueda participar del mismo desde el día 1, sino que, además, establece un procedimiento de mejoramiento de oferta que establece: (i) la publicación de los términos de la oferta que, en su caso, presente la empresa que está realizando actualmente la auditoría (due diligence) para la compra mediante avisos en al menos dos diarios de mayor circulación en el país; y (ii) el otorgamiento de un plazo de 60 días corridos desde la última de dichas publicaciones para que cualquier otro interesado pueda acceder a la información de la empresa y realizar su propia auditoría, más un plazo de 5 días hábiles para que dichos interesados presenten su oferta mejoradora de la presentada por el interesado inicial, debiendo resolverse la adjudicación o la declaración de procedimiento desierto de los 5 días hábiles siguientes”.
A pesar de que todavía quedaban dudas por responder, en la Cámara de Diputados señalaron en este mediodía que seguramente hoy saldrá aprobado el despacho de la comisión de Hacienda para que el proyecto se atratado mañana en sesión.
Entre las incógnitas que persistían estaba la inquietud del legislador Jorge Difonso sobre el personal, el directorio y los salarios de la empresa que supo dirigir la familia Pescarmona.
LAS ACCIONES DE MENDOZA
La empresa que ya manifestó su interés por la compañía se llama Arc Energy. Esta firma aparece asociada con el Fondo de Inversión Americano (IAF). Ambos interesados pertenecen al sector de fabricación y comercialización de plantas y equipamientos en la industria del Oil and Gas y son líderes en su área.
Hay que recordar que el Gobierno provincial busca autorización de la Legislatura para “transferir la totalidad de las 454.300.000 acciones ordinarias nominativas no endosables Clase C de Impsa S.A. de titularidad de la Provincia de Mendoza”.
En este sentido, la Nación posee el 63,7% de las acciones, mientras que Mendoza tiene el 21,2%. En tanto, el fideicomiso de acreedores posee el 9,8% de las acciones y la familia Pescarmona se quedó con el 5,3% restante.
Los fondos para adquirir el 21,2% para de acciones fue aportado en 2021 por el propio Estado nacional a través de un Aporte No Reintegrable (ANR) de U$S 5 millones.
