Por la mañana, el Partido Justicialista había lanzado su ofensiva contra el Gobierno Provincial con una denuncia ante la Justicia para que se investigue si hubo delitos por parte del Gobierno Provincial, al otorgar un subsidio por $18 millones a la fundación Acción Social, cuyo presidente es el ex senador y aliado político de Cambia Mendoza Héctor Bonarrico.
Al atardecer, el Gobierno respondió con su propia denuncia contra el pastor Bonarrico para que se investigue la posible comisión de un hecho delictivo al darle un destino distinto al previsto a los fondos otorgados en el subsidio de la polémica.
Así sigue la pelea que no solo es legal, sino también discursiva en la opinión pública; el peronismo buscando minar la imagen de la administración de Rodolfo Suárez y así tener chances de ganar la próxima elección y el oficialismo buscando minimizar los efectos de la polémica desatada por el subsidio y por las explicaciones públicas dadas por Bonarrico, quien dijo que el subsidio fue el resultado de un acuerdo político por bajarse de la precandidatura a legislador nacional el año pasado.
A última hora de la tarde, el Gobierno hizo su jugada al presentar su denuncia contra Bonarrico. “En la denuncia se acompañó como prueba la copia certificada del convenio de colaboración entre la Fundación Acción Social y el Gobierno de la Provincia de Mendoza de fecha del 23 de febrero de 2022, que no alcanzó a ejecutarse, ya que fue dejado sin efecto debido a las declaraciones públicas realizadas por quien es presidente de la Fundación Acción Social” señala un comunicado del Gobierno provincial.
“En esa nota radial, el pastor habría manifestado, entre otras declaraciones, un objeto distinto al establecido taxativamente en el objeto del convenio”, continúa el texto oficial.
Según la denuncia, “el Gobierno de la Provincia, a través de sus ministerios, suscribe convenios y otorga subsidios para fines que estima de interés público. Todo ello en el marco de la normativa vigente, en especial la Ley de Administración Financiera 8706, que reglamenta todo lo atinente a los trámites que autorizan gastos públicos”.
Al respecto indican que el convenio suscripto con Bonarrico “cumplió con todas las etapas y exigencias que prevé la Ley de Administración Financiera 8706. Puntualmente, se acompañó la documentación que acreditaba la aptitud jurídica de la entidad solicitante, intervino la Contaduría General de la Provincia, como también las demás instancias administrativas y económico- financieras que exige la norma, contando con dictamen legal previo a la ratificación del convenio”.
