El gobernador Alfredo Cornejo reunió a su gabinete este mediodía para analizar los principales puntos del extenso Decreto de Necesidad y Urgencia que oficializó el presidente Javier Milei este jueves. La gestión provincial encontró coincidencias con las principales reformas, pero mostró preocupación por los cambios en la Ley de Obras Sociales. Además, advierten que seguirán estudiando punto por punto qué impacto habrá en la economía local.
Luego del encuentro en Cuarto Piso de la Casa de Gobierno, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Ordenamiento Territorial, Natalio Mema, habló con Diario Los Andes y manifestó en principio: “El análisis área por área lleva más tiempo. Son más de 300 leyes que se tratan, por lo que nos hemos enfocado en lo más importante. Hay muchas cosas de desregulación en las cuales estamos de acuerdo y había que hacerlas. Tenemos que ver en qué cosas no coincidimos, en el análisis más fino”.
Entonces citó como ejemplo que las empresas estatales que pasan a constituirse como sociedades anónimas “es algo que veníamos haciendo. Nosotros no tenemos empresas del Estado, sino Sociedades Anónimas y ninguna es deficitaria, por lo tanto no es un problema en ese tema la regulación”.
Entonces advirtió como preocupación como puede impactar en los ingresos de la Provincia, el cambio en las prestaciones de salud, ya que el DNU establece un nuevo marco regulatorio para la Medicina Prepaga y modificaciones en la Ley de Obras Sociales.
En primer lugar, se incorporan las empresas de medicina prepaga al régimen de obras sociales. Cada afiliado podrá decidir a qué empresa van la totalidad de sus aportes, sin pasar por una obra social. Hasta el momento, los usuarios de las prepagas derivaban sus aportes a una obra social sindical, que se quedaba con un porcentaje antes de girar los fondos a la prepaga.
Se determinó en el DNU que deben ser derogados los artículos que permiten “revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones” de las empresas de medicina prepaga. Asimismo, elimina la obligatoriedad de las prepagas de “transferir en caso de quiebra, cierre o cesación de actividades” a sus afiliados a otros prestadores.
En un punto importante, el decreto modifica la Ley de Obras Sociales N° 23.660 y determina que las obras sociales sindicales, estatales, de administración mixta, del personal civil y militar, “funcionarán como entidades de derecho público no estatal, con individualidad jurídica, financiera y administrativa”.
Entonces, sobre esto Mema, explicó: “Nos preocupa como puede impactar en los ingresos de la Provincia y en la prestación de servicios. Cuantas personas pueden dejar de pagar su prepaga, por lo que el sistema de salud público tendrá que recibirlas”.
“Y que en el caso de que alguna obra social pueda ir a la quiebra, las personas que están dentro y tengan alguna enfermedad crónica o estén embarazadas, y no puedan pasarse a otra, también van a llegar a la salud pública”, comentó.
“Por lo cual muchas de estas medidas que desregulan el mercado pueden llegar a tener un impacto en los gastos que tengan que atender las provincias. Un ejemplo es este”, destacó. En ese marco, aclaró que Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) no se verá afectada porque “no tiene libre ingreso, por lo tanto no está dentro de la generalidad”.
“No tiene impacto con esta medida, pero si se vio afectada con la devaluación que tuvimos hace unas semanas atrás. Por los costos que se duplicaron de muchos remedios. Estamos empezando a ver los impactos económicos de esa medida, que el mismo presidente había anticipado, iban a ser duros”, indicó.
Además, con la transformación de las empresas públicas en sociedades anónimas que pueden ser privatizadas luego, entró en juego el futuro del Banco Nación. Se trata del agente financiero de la Provincia y rige un convenio hasta el 2027 con la institución, según lo rubricado por el exgobernador Rodolfo Suárez y las exautoridades bancarias en mayo del año pasado.
Mema se mostró cauto por su futuro: “La provincia es el cliente más importante del Banco Nación. Si se pueda privatizar o no, no es un tema que nos competa directamente. Pero obviamente tendremos que rediscutir en ese caso las condiciones propias de la Provincia, dado que hoy es nuestro agente financiero”.
El extenso DNU de Milei también incluye la derogación de tres leyes vitivinícolas, aunque dos de ellas se encuentren en desuso desde hace tiempo. Se trata de la Ley N° 18.600 de contratos de elaboración de vinos, la Ley N° 18.905 de política vitivinícola nacional (1970) y la Ley N° 22.667 de reconversión vitivinícola (1982).
Puntualmente la N° 18.600, establece las normas para los contratos de elaboración de vinos bajo diferentes sistemas, como el ‘contrato de elaboración por cuenta de terceros’, ‘a maquila’ o por ‘cuenta del viñatero’. Esta desregulación podría tener impacto en los pequeños productores y Mema dio cuenta de ello, aunque “en general” les parece bien las derogaciones planteadas.
Al Ejecutivo le resta estudiar cual será el efecto en el precio del vino y “sobre todo en productores más chicos y los que tienen más uva en cantidad”. Para eso planean convocar a representantes del sector. “Hay que hablarlo con los distintos referentes de la vitivinicultura, teniendo en cuenta que después es el Estado el que tiene que salir a acompañar cuando suceden situaciones de crisis. A eso vamos a estar atentos”, confió.
