De manera simultánea, el Gobierno provincial realizó dos reuniones paritarias este lunes en la Subsecretaría de Trabajo. En su tercer encuentro con el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE), logró destrabar la negociación con una mejor oferta salarial y el gremio la bajará las bases para aprobarla o no el próximo viernes. Mientras que la Asociación de Funcionarios Judiciales, en pleno paro de actividades en las oficinas fiscales, recibió la última propuesta entre críticas y la discutirá en asamblea el próximo miércoles. No son optimistas para esa instancia.
La directora de Política Salarial del Gobierno de Mendoza, Mariana Lima, le confirmó a Los Andes que no hubo modificaciones a los porcentuales presentados para el básico en la oferta a los docentes. Es decir se trata de incrementos del 5% tanto para julio, agosto y septiembre, pero presentaron mejoras en otros ítems específicos. “El incremento de julio es sobre el valor vigente y para los meses de agosto y septiembre, sobre los valores de julio. La propuesta es tanto para docentes y celadores”, confirmó en diálogo con Los Andes.
Luego, señaló que la mejora consiste en “incrementos específicos tanto al salario mínimo garantizado, como en aquellos docentes que están cumpliendo funciones jerárquicas. Los celadores también tienen incrementos específicos y una propuesta que acerca la DGE, que es para capacitación de celadores y es una retribución específica”.
Por su parte, la secretaria general del Sute, Carina Sedano, aclaró que el aumento en el salario mínimo garantizado consiste en un 16% para julio, con una proyección del 10% hasta septiembre. También explicó que se incluyó un aumento en los adicionales jerárquicos, un “blanqueo” salarial de los docentes que tienen más de 29 años de antigüedad y un incremento del 15% aproximadamente para los celadores, que eran tres reclamos que sostenían desde la semana pasada.
“Hemos decidido bajar a las escuelas para que debatan esta propuesta y le hemos dejado al Gobierno nuestros requerimientos, cómo qué van a hacer con las escuelas del 70% de zona, que es uno de los que más nos preocupa”, confirmó Sedano.
El jueves 4 de julio se realizarán plenarios departamentales para que los docentes discutan la oferta salarial y un día después se debatirán los mandatos en un plenario provincial, el viernes en la sede central del Sute. La respuesta será comunicada al Gobierno provincial ese mismo día.
Según las nuevas escalas de la Dirección General de Escuelas (DGE), para un docente con antigüedad hasta 11 años, se propone un salario inicial neto garantizado de $425.000 en julio (en la anterior propuesta era $400.000); $460.000 en agosto y $485.000 en septiembre.
En tanto, para un docente de entre 12 y 16 años de antigüedad, recibiría un sueldo mínimo neto de $435.000 en julio (la anterior propuesta era $410.000), $470.000 en agosto y $495.000 en septiembre; mientras que entre 17 y 23 años de antigüedad, los salarios irían de $445.000 en julio (la anterior era de $420.000) a $480.000 en agosto y $505.000 en septiembre. Sólo para los docentes de más de 29 años de antigüedad, se llegaría a un piso neto salarial de $545.000 en septiembre.
Entre críticas, Judiciales llevan a discusión la última oferta
La Asociación de Funcionarios Judiciales lleva adelante desde el viernes pasado un paro de actividades en las oficinas fiscales, después de que encontraran descuentos no correspondidos en varios bonos de sueldo. La medida de fuerza está vigente hasta el próximo viernes y en ese contexto, los representantes gremiales se reunieron de todos modos con el Ejecutivo provincial para escuchar una nueva oferta salarial.
El secretario general Marcelo Fekonja le contó a este diario que “la propuesta no ha diferido mucho de la que tuvimos la semana pasada. Han mejorado poco y nada, la verdad que no han traído una propuesta superadora que contemple lo que nosotros habíamos dejado o pedido en el acta de la paritaria anterior”.
“Acá debería haber una recomposición seria y no ha llegado al alcance que nosotros pretendíamos, pero de todas maneras nosotros la vamos a llevar a discusión en las asambleas del miércoles que viene”, comentó el gremialista. Y dijo que sí se acepta la propuesta, se levantarán las medidas de fuerza automáticamente pero “esa opción la veo muy difícil”, consideró.
La propuesta salarial consiste en incrementos porcentuales del 5% tanto para julio, agosto y septiembre, como ha ocurrido con otros gremios, pero también contempla incrementos en ítems específicos, según dos alternativas. “En uno de los casos es un incremento al adicional 1180, que es específico de funcionarios, y otro específico para los que trabajan en las oficinas departamentales”, contó la directora de Política Salarial del Gobierno de Mendoza, Mariana Lima.
Fekonja dijo por su lado, que la primera alternativa es igual a la propuesta anterior, en cuanto a lo que respecta al ítem de servicio de justicia. “Nosotros lo denominamos un ítem aula encubierto, que un funcionario lo perdería si en algún momento del año hace una medida de acción directa”, sostuvo.
El adicional “Servicio de Justicia” es de carácter remunerativo y no bonificable que varía en función de la Clase 1 y la 7, entre $40.000 y $100.000 a liquidarse en agosto de este año y cuyo monto se ajustará en marzo de cada año.
“En la segunda alternativa, el tema es que nos ofrecen un aumento que no llega a ser del 2% en el ítem sectorial 1180. A estas dos alternativas ofrecen mejorar el ítem CPP y una adicional de mayor dedicación, que también tiene elementos que lo harían perder en caso de no cumplir ciertas cuestiones reglamentarias que han fijado ellos”, sostuvo el sindicalista.
Según pudo saber Los Andes, con esta alternativa se prevé modificar el porcentaje de cálculo del ítem 1180, el que pasará a partir del 1° de agosto de 2024 al 75% y a partir del mes de septiembre, el mismo pasará del 75% al 76%. También se propone crear el ítem Efectividad CPP, que complementará al Adicional Código Procesal Penal - Ítem 2343 y será equivalente al 65% de la Asignación de Clase que le corresponda percibir a cada agente.
Estará destinado al personal que desempeña funciones en las oficinas fiscales departamentales y se liquidará conforme a: sanciones aplicadas al personal; atención adecuada a la víctima; cumplimiento del horario; y comunicación de licencias en tiempo y forma. El Ministerio Público Fiscal luego establecerá el “peso ponderado” de cada una de estas variables para disponer de un sistema de puntuación para su aplicación.
Fekonja opinó al respecto: “Tienen condicionamientos muy plausibles que nosotros no estaríamos dispuestos a aceptar. Pero lo vamos a bajar a la gente y que ellos evalúen si están de acuerdo o no y en función de esto se va a votar”.
Entonces, el próximo miércoles se van a desarrollar asambleas en Tunuyán, San Martín y San Rafael, desde las 8 de la mañana. Luego, a las 11 en el Polo Judicial de Ciudad se realizará la asamblea general para la discusión de los mandatos y la decisión que será comunicada al Ejecutivo el próximo jueves.
