A poco de que se termine el año, el proceso licitatorio de Portezuelo del Viento ha tenido algunos episodios que no han puesto en duda su avance. El consorcio Malal-Hue, único oferente para ejecutar la mega represa en el sur provincial, modificó la propuesta económica que es evaluada por una comisión técnica. Mientras tanto, desde Nación siguen enviando las cuotas en dólares correspondientes al acuerdo con Mendoza para realizar la obra.
Por otro carril, el gobernador Rodolfo Suárez activó el mecanismo del laudo presidencial en junio del año pasado en la última reunión del Consejo de Gobernadores del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO). El instrumento se efectivizó luego de que La Pampa, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires votaran para que se realice un nuevo estudio de impacto ambiental. Alberto Fernández no se ha expresado al respecto.
Sin embargo, estos hechos confluyen en el proceso licitatorio que se encamina a su etapa final. En el Gobierno entienden que sólo una orden judicial le pondrá un freno. Por lo tanto, luego de que las comisiones y la Fiscalía de Estado dictaminen sobre la mejora económica de la oferta empresarial, se adjudicará la obra aunque el presidente Alberto Fernández no haya laudado aun.
Y será difícil creer que el Presidente se exprese por una u otra provincia en un año electoral y en donde justamente los resultados de las PASO, de mantenerse en las Generales, le harían perder dos bancas peronistas pampeanas en el Senado Nacional: Mendoza y La Pampa son dos de las ocho provincias en las que se eligen senadores nacionales y en ambas el Frente de Todos fue derrotado en las primarias. Eso complicaría el quórum propio que tiene hoy la vicepresidenta Cristina Fernández y no es necesario dar más detalles.
“El proceso licitatorio de Portezuelo del Viento ha seguido adelante y sigue adelante. Una vez que la comisión evaluadora avance y se llegue a la instancia que corresponde con los pliegos, la obra estará en condiciones de ser adjudicada”, aseveró Víctor Ibáñez, ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia a Los Andes.
El presupuesto oficial es de U$S 1.023 millones para construir la mega represa en Malargüe. El consorcio Malal-Hue, integrado por la firma china Sinohydro y las locales Impsa, Ceosa y Obras Andinas había presentado la oferta y sus alternativas por encima del monto estipulado por el Gobierno para la megaobra, que es de U$S 884 millones, contemplándose el Impuesto al Valor Agregado (IVA), las propuestas subían entre los U$S 1.070 hasta los U$S 1.286 millones.
La intención del Gobierno es adjudicar la obra antes de fin de año, según expresó Mario Isgró, ministro de Planificación e Infraestructura, a fines de junio. En ese momento, el consorcio había ofertado un 22,6% menos, es decir una rebaja de aproximadamente U$S 200 millones.
El análisis de la propuesta está en manos de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de Ofertas de Portezuelo del Viento que no tiene plazo para expedirse y hasta el momento no circula por los pasillos de la Casa de Gobierno una fecha probable que esto ocurra. Una vez que emita dictamen, pasará a otra comisión integrada por los ministerios de Economía, Hacienda, Gobierno y Planificación e Infraestructura Pública. Finalmente deberá expresarse Fiscalía de Estado para que sea el gobernador Rodolfo Suárez quien estampe la última firma para la adjudicación.
El Gobierno nacional viene cumpliendo el cronograma de pagos trimestrales de acuerdo a lo rubricado en el contrato con la provincia de Mendoza por los daños provocados debido al régimen de promoción industrial que benefició a las provincias vecinas. Hasta el momento se han recibido 8 pagos que acumulan U$S 261.681.264 millones. Si a fin de mes llega la novena cuota, se habrán desembolsado en total U$S 318.803.329. Para el 2022, se esperan cuatro depósitos que suman U$S 211.223.484 y que adicionando lo que se recibiría hasta fines de octubre arrojan U$S 530.026.813, más de la mitad de lo que debe recibir Mendoza. Los fondos se encuentran en un fideicomiso provincial creado para concretar la presa hidroeléctrica.
Un laudo y dos interpretaciones
El Consejo de Gobierno del COIRCO está conformado por los mandatarios de Mendoza (Rodolfo Suárez), La Pampa (Ziliotto), Buenos Aires (Axel Kicillof), Neuquén (Omar Gutiérrez) y Río Negro (Arabela Carreras) y es presidido por el ministro del Interior, Eduardo Wado De Pedro.
La citada reunión que sucedió a finales de junio del 2020, dejó 4 votos a favor y 1 en contra de que se haga un nuevo estudio de impacto ambiental. Esto fue celebrado por La Pampa. Al ser necesaria la unanimidad para cualquier decisión, el titular del Poder Ejecutivo mendocino activó el mecanismo del laudo presidencial establecido en el reglamento y que aún no está resuelto.
“El gobernador Suárez genera un pedido que está en el Tratado del Río Colorado que es del año 1976 y que coloca al Presidente como un árbitro para laudar. Ese proceso ha sido solicitado pero no se han iniciado las etapas de ese proceso, con lo cual esto no obstaculiza en nada la adjudicación de la obra”, resaltó Ibáñez.
Este escenario se dio a la inversa, en 2018, cuando el entonces presidente Mauricio Macri laudó a favor de Mendoza y en contra de La Pampa por el famoso estudio de impacto ambiental que solicitan hacer nuevamente. Archivado por el ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el problema había quedado resuelto pese a los rezongos pampeanos.
No obstante, con el cambio de gobierno, fue De Pedro el que desarchivó el reclamo y abrió algunas incógnitas sobre la seguridad jurídica, la adjudicación y el laudo presidencial. Dentro del propio oficialismo hay quienes dudan sobre los inconvenientes que a futuro podría tener la obra adjudicada sin este laudo.
El planteo se sustenta en que al estar desarchivado el reclamo, el estudio de impacto ambiental no está aprobado, por lo tanto, no aporta demasiada seguridad jurídica a la adjudicación y posterior inicio de trabajos. Si surge algún inconveniente legal y la empresa ya inició las obras, la provincia corre el riesgo de pagar una indemnización.
En la vereda de enfrente se para el ministro de Gobierno y sostiene que ese acto administrativo hecho por el sucesor de Frigerio no aporta inseguridad jurídica a la adjudicación.
“La seguridad jurídica, en cuanto al alcance del estudio de impacto ambiental y demás cuestiones como normas de llenado, normas de manejo, etcétera, asienta sobre las actas del COIRCO, oportunamente aprobadas por las provincias. Y en aquel momento, frente a un pedido de laudo de la provincia de La Pampa, el laudo del presidente Macri se concretó en 2018″, recuerda Ibáñez.
En esa línea, remarcó que “la base de sustentación jurídica está dada por eso. No genera inseguridad jurídica el hecho de haberse desarchivado y que se haya confirmado por La Pampa. Eso es algo que, en realidad, La Pampa ya había cuestionado en su momento y fue resuelto por el laudo de Macri y las actas anteriores del COIRCO”.
Ya lo había dicho Suárez en el almuerzo de Bodegas de Argentina, durante la Fiesta de la Vendimia, luego de hablar con el presidente Fernández, quien había llegado para ir al desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR). “En la medida que no haya una orden judicial que nos diga que debemos paralizar la obra, vamos a seguir adelante”, sentenció.
La Pampa no fue la única que promovió un freno al proceso licitatorio. En Mendoza se le pidió a la Fiscalía de Estado que hiciera lo propio pero tampoco hubo éxito. El docente y ex senador nacional, Miguel Mathus Escorihuela; el ex juez de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y docente, Alejandro Pérez Hualde; y el letrado especialista en derecho de aguas, Aldo Guarino Arias firmaron el pedido.
Los argumentos se sostuvieron en las dudas sobre un único oferente y los litigios judiciales que se mantienen actualmente con La Pampa que podrían terminar en la paralización de la obra. Y eso ocasionaría un “inevitable daño” al patrimonio provincial. Desde la Fiscalía de Estado desestimaron los planteos pero recomendaron que “en el caso que el Gobernador decidiera darle continuidad al proceso licitatorio, a fin de proteger el patrimonio provincial, resulta necesario que se precise el alcance de las renuncias que ha realizado el oferente a realizar reclamos indemnizatorios o de cualquier otro tipo frente a una eventual suspensión, paralización o fracaso de la obra por causa ajena a la voluntad de las autoridades provinciales”.
Es decir que en caso de que Mendoza le otorgue el inicio de trabajos al consorcio Malal-Hue, La Pampa podría iniciar acciones legales porque tiene derecho a hacerlo. Sin embargo, el resultado de un hipotético planteo depende de la resolución “de un órgano judicial ajeno a los dos gobiernos”, advierte Ibáñez.
Echa mano a la Constitución Nacional para referirse al artículo 117 de la misma y dice: “Cuando una provincia es parte en un proceso contra otra provincia, la Corte Suprema de Justicia es la instancia en la cual se llevan adelante los procesos judiciales. Es la única instancia que, ante un planteo, podría detener el proceso”.
Un laudo en contra de Mendoza mostraría otro escenario, para lo cual “tendrá que evaluarse el alcance del laudo y tendrán que ver las provincias qué hacer con el laudo. Cada uno defenderá sus posturas”.
