Este miércoles, la Cámara de Diputados le dio sanción definitiva a la nueva Ley Orgánica del Servicio Penitenciario y de esta forma ya son ocho los proyectos aprobados, de un paquete de once normas que envió el gobierno de Alfredo Cornejo a la Legislatura.
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, llevó adelante una conferencia de prensa en la Casa de las Leyes y agradeció a los legisladores por haber aprobado “la gran mayoría de estos proyectos” que se presentaron el 2 de mayo, con el eje centrado en la prevención, pero también con otras medidas importantes que atraviesan la Justicia, la represión del delito y el servicio penitenciario.
La funcionaria destacó que, por pedido del Gobernador, ya hay “principio de ejecución de varias leyes” que se sancionaron. Mencionó como ejemplos a la ampliación de los juicios por jurado; la regulación y control del comercio de bienes usados; la incorporación de cámaras privadas al sistema de videovigilancia; la ampliación del orden del día local que establece nuevas alertas en los dispositivos biométricos; y la creación de la figura del Oficial de Libertad Vigilada, entre otros.
“La semana pasada celebramos el primer convenio en el marco de la nueva ley de videovigilancia con el sector privado, con ADERPE, que es la Asociación de Empresarios de Rodríguez Peña”, dijo la ministra y señaló que continuarán con el proceso de incorporación de cámaras.
Sobre la Ley de Bienes, la ministra reconoció que “necesita recurso humano” e hizo referencia al Decreto N° 1445 que se publicó la semana pasada, en razón de fortalecer los equipos policiales. “A través de esta reforma vamos a incorporar personal destinado al área de Investigaciones e Inteligencia dentro del Ministerio de Seguridad. Esto es importante porque nos valemos para ello, de personas que acrediten al menos tres años de estudio en Criminalística o Ciencias Forenses”, explicó. Se busca combatir la venta ilegal de celulares, autopartes y también cobre, elementos que son tendencia de robos en los últimos tiempos.
A pesar de estos cambios, Rus indicó que no se verá “resentido” el cronograma de incorporación de policías en el año 2024. “Nosotros para este año tenemos una proyección de personal a incorporar que va terminando los distintos cursos y son alrededor de 500″, dijo.
Entonces aclaró que estarán abocados a la actividad operativa “en la calle”, lo que permitirá trabajar con estas leyes “sin necesidad de restringir este gran recurso humano que va a ir para las distritales, las departamentales y para cada una de las comisarías en Mendoza”.
Ley Orgánica del Servicio Penitenciario
La ministra explicó los alcances de la “Ley Orgánica del Servicio Penitenciario”, que apunta a un principio de “eficiencia” por que la norma viene a reemplazar a una anterior que databa del año 2009, cuando Mendoza tenía menos de 3 mil internos distribuidos en cuatro complejos penitenciarios y actualmente la cifra de unidades penitenciarias asciende a 23, con 6 mil personas privadas de libertad alojadas.
“La cantidad de internos se triplicó en Mendoza y la cantidad de unidades penitenciarias se quintuplicó. Esto requería que hiciéramos una ley específica para poder ordenar esto, si no seguíamos manejando con las normas que veníamos y vamos a tener que nombrar, por ejemplo, 66 jefes del área de legales”, explicó Rus. Se crean entonces las direcciones de las regiones Centro, Oeste y Sur en el Servicio Penitenciario, para mejorar la coordinación de los establecimientos.
La funcionaria señaló que gracias a esta “reingeniería”, lograrán hacer un “ahorro del 20% en cargos directivos y jerárquicos”, pero también resaltó a que se apunta a mejorar la seguridad intramuros para “evitar que proliferen bandas desde adentro de la cárcel hacia afuera”.
“Por esto necesitamos un orden no solo de los internos, sino también de los establecimientos penitenciarios, porque todo esto en definitiva lo que hace es evitar la reincidencia y la reiterancia”, manifestó Rus y anunció que se aplicará una reclasificación de perfiles de los internos, distribuidos en distintos complejos calificados según complejidades.
También la ministra se refirió a la creación de la figura del Oficial de Libertad Vigilada, a través de la modificación de la Dirección de Promoción de Liberados a “Dirección de Promoción y Control de Liberados”. “Para nosotros es importante este cambio de paradigma, de ir a buscar a esa persona que salió de la cárcel y hacer un seguimiento. Será positivo también para esa persona, para que pueda rearmar su vida”, comentó.
“Esto nos va a requerir más personal, ya lo habíamos adelantado, y tiene que ver con generar un control más personal, más territorial y más humano también de esa persona que externa para tener un mejor control para que no vuelva a caer en el delito, no vuelva a reincidir”, sostuvo.
El prefecto retirado Manuel Beltrán trabajará en la convocatoria de agentes penitenciarios retirados para que se incorporen como agentes. En tanto, en la nueva Dirección de Promoción y Control de Liberados, quedó a cargo el oficial Pablo Luján.
Las tres que faltan
Los proyectos que restan por aprobarse en la Legislatura se enmarcan en el eje “investigación/justicia” que presentó el Gobierno. Uno de ellos consiste en incorporar la audiencia oral para pedir allanamientos y la presencia del juez en casos graves y complejos.
Esta norma tiene media sanción de Diputados y se encuentra en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) del Senado, a la espera de su explicación ejecutiva.
En tanto, todavía permanecen en la Cámara Baja, el proyecto que establece la ampliación del Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas y la regulación de las empresas privadas de seguridad humana y tecnológicas. Los dos proyectos están en LAC, a la espera de su tratamiento.
