El gremio de Empleados Judiciales salió a repudiar el convenio que el Gobierno provincial y la Suprema Corte de Justicia firmaron en busca de acelerar las jubilaciones de los jueces, con el pago del 60% de los haberes mientras se realiza el trámite. Días atrás lo hizo un sector del peronismo y anunciaron que pedirán explicaciones al ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, y al titular del máximo tribunal, Dalmiro Garay, en la Legislatura.
Cabe poner en contexto: Judiciales fue el único gremio que no llegó a un acuerdo paritario y mantuvo un plan de lucha por la reapertura inmediata de negociaciones, con su principal reclamo por poner en vigencia una “Cláusula C” (que data del 2016), para que no se extienda la brecha salarial entre los incrementos anuales de magistrados y los trabajadores del Poder Judicial.
Dado que esto no ocurrió, el Ejecutivo decidió otorgarle aumentos salariales por decreto y casi a la vez, adelantó las paritarias para todos los sectores del Estado a la segunda quincena de junio.
En ese marco, después de que el PJ saliera a denunciar el convenio, este jueves el gremio se plegó a las críticas con un comunicado. “El acuerdo y el sistema que pretenden imponer es ilegal e ilegítimo, además de ser una política pública que violentamente profundiza la desigualdad y está reñida con principios básicos del republicanismo y la institucionalidad que ambas partes dicen defender”, manifestaron desde el sindicato que conduce César Llanos.
Y detallaron que es “insultante” que las mismas personas que “no cumplen su palabra y no garantizan salarios dignos en la paritaria del sector judicial les proporcionen a los magistrados, que perciben ingresos mensuales millonarios, un sistema de excepción, a través del cual pueden esperar plácidamente en sus casas la concreción del beneficio jubilatorio mientras todos/as los/las mendocinos/as les pagamos el 60% de su abultadísimo sueldo”.
“El financiamiento lo haremos todos/as los/las mendocinos/as, con fondos provinciales”, aseguran desde el gremio y dicen que se trata de fondos que “no existen” cuando ellos plantean sus reclamos salariales.
“Es indecoroso que utilice el eufemismo ´préstamos´ o ´anticipos´ cuando del convenio no surge que exista interés compensatorio alguno a favor de la Provincia y ni siquiera actualización monetaria”, plantearon.
Y explican que en el contexto inflacionario existente los magistrados devolverán lo mismo nominalmente, que pasado el tiempo “es muchísimo menos en términos reales”. “Estamos financiando a los funcionarios públicos mejor pagados a tasa cero. Es imprescindible que se realicen controles de legalidad y legitimidad del gasto respecto a este acuerdo”, exigen.
Para cerrar, cuestionaron que “las vacantes a ser cubiertas por afines pueden ser una respuesta que vuelve a azotar las ideas de imparcialidad e independencia judicial” y pidieron “cuidado de los fondos públicos para attender las necesidades y derechos de la población”.
“La balanza de la justicia se inclina con obscena persistencia a favor de los privilegiados y en perjuicio de las personas trabajadoras”, sentenciaron.
