El proyecto del kirchnerismo para gravar los activos no declarados y fugados al exterior con el fin de cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) recibió apoyo de más senadores del Frente de Todos y la semana que viene comenzará a tratarse en comisiones del Senado, por orden de la vicepresidenta Cristina Kirchner.
El debate arrancará el próximo martes en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General. Esta última se constituyó este jueves y el oficialismo no solo se aseguró la presidencia, que quedó en manos del pampeano Daniel Bensusan, sino también la mayoría, con nueve de los 17 integrantes.
Entre las dos comisiones, el Frente de Todos suma 18 senadores, mientras que Juntos por el Cambio quedó con 14. Los restantes son el rionegrino Alberto Weretilneck y la misionera Magdalena Solari Quintana, los dos legisladores que suelen destrabar las votaciones a favor del oficialismo.
El proyecto ideado por Cristina, que crea un aporte del 20% sobre los bienes no declarados para pagarle al FMI, fue presentado por el jefe del bloque, José Mayans, y los kirchneristas Oscar Parrilli, Juliana Di Tullio, Martín Doñate y Anabel Fernández Sagasti. Los nombres de los firmantes generaron sospechas sobre una nueva división interna.
Sin embargo, la bancada se reunió este miércoles antes del debate sobre el Consejo de la Magistratura y, después de tres horas de conversaciones, se pasó a la firma el proyecto para que más senadores adhieran, en un intento de plasmar un mayor consenso y quedar mejor parados de cara al debate.
Se sumaron 22 senadores, de los cuales seis habían votado en contra del acuerdo con el FMI: los puntanos Adolfo Rodríguez Saá y Eugenia Catalfamo, la santacruceña Ana María Ianni, la chaqueña María Inés Pilatti Vergara, la salteña Nora del Valle Giménez y el porteño Mariano Recalde.
También estamparon su firma el tucumano Pablo Yedlin (hombre del jefe de Gabinete, Juan Manzur); el riojano Ricardo Guerra, titular de la Comisión de Presupuesto; las kirchneristas Silvina García Larraburu (Río Negro) y Silvia Sapag (Neuquén); y la santiagueña Claudia Ledesma Abdala, presidenta provisional del Senado.
Adhirieron además Carlos Linares (Chubut), Sergio Leavy (Salta), María Teresa González (Formosa), Antonio Rodas (Chaco), Rubén Uñac y Cristina López Valverde (San Juan), Lucía Corpacci y Guillermo Andrada (Catamarca), Marcelo Lewandowski (Santa Fe), Sandra Mendoza (Tucumán) y Daniel Bensusan (La Pampa).
Propuesta de cambios
Por el contrario, hubo senadores que manifestaron dudas sobre el proyecto. Uno de ellos es el entrerriano Edgardo Kueider, que responde al gobernador Gustavo Bordet. En la reunión de bloque, Kueider aclaró que comparte el espíritu del proyecto, pero adelantó que propondrá modificaciones para que “la ley tenga efectividad en su implementación”.
“A mi modo de ver, hay cosas para mejorar en este proyecto. Estoy de acuerdo en el sentido al que apunta: alguien que tiene bienes en el exterior y no los declara tiene que pagar impuestos, como corresponde. Pero tenemos que trabajar más en todo el proceso de investigación para determinar esas personas”, explicó Kueider a este medio.
El entrerriano propone darle un giro al proyecto y encauzarlo por el lado de las sanciones (que ya están previstas en el Régimen Penal Tributario) en lugar de pensar en un tributo. “Así podríamos despejar la duda con respecto a si es o no es un blanqueo, si es o no es un impuesto”, opinó.
El senador amplió: “Si el colaborador trae información, se tiene que investigar eso y determinar fehacientemente la información aportada para luego aplicar las sanciones correspondientes. Pero no sirve de nada si tenemos un dato sobre un bien no declarado en el exterior y no tenemos las herramientas suficientes para poder determinar la procedencia y la titularidad de esos bienes”.
En Juntos por el Cambio se multiplican las opiniones en contra del proyecto. Sostienen que la AFIP ya tiene las herramientas para combatir la evasión y dudan que el impuesto sea aplicable si se trata de bienes no declarados. También objetan el trámite parlamentario, ya que la Constitución Nacional establece que las leyes sobre contribuciones deben ingresarse por Diputados.
Según los autores del proyecto, al 31 de diciembre de 2021 había 417.507 millones de dólares de argentinos en el exterior o fuera del sistema financiero nacional. De ellos se encuentran declarados ante la AFIP sólo 69.000 millones de dólares, según se desprende del impuesto sobre los Bienes Personales del año 2020.