En medio de la polémica generada por las hectáreas reconocidas a comunidades mapuches en el Sur provincial, que ya tiene en proceso un pedido de inconstitucionalidad del Gobierno provincial, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) salió a defender las resoluciones que emitió el viernes pasado a través del Boletín Oficial.
El vicepresidente del organismo, Luis Alberto Pilquimán, dijo: “Para aclarar, el INAI no entrega tierras, lo que hace es generar un relevamiento que lo ordena la ley nacional 26.160, que tiene que ver con la ocupación actual previsional y pública, esto es un reconocimiento a la ocupación que vienen haciendo las comunidades de tiempos inmemorables”.
“No se le entregó un metro tierra, simplemente se le ha reconocido una ocupación actual”, enfatizó el funcionario en diálogo con Radio Mitre.
Y sobre los cuestionamientos por las personerías jurídicas, debido a que las comunidades Lof El Sosneado y Lof Suyai Levfv las tienen en trámite, lo cual contradice a la Ley 26.160 que exige que estén realizadas, Pilquimán afirmó que “no es condición que esa inscripción exista” para el reconocimiento.
“La Constitución Nacional reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas y comunidades. O sea la máxima instancia de constitucional hace este reconocimiento, por lo tanto la normativa después debe adecuarse a la situación”, sostuvo.
“Hay que ver cómo el Estado ha ido trabajando para regularizar esa situación, o poner la normas necesarias para que eso se pueda aplicar, como decía, la inscripción de personería jurídica. Existe un mecanismo privado dentro del instituto nacional, las provincias también lo tienen y adhieren a esa normativa, no tengo claro en Mendoza”, añadió el funcionario, desconociendo a la vez el eje del asunto.
El relevamiento y las titularidades
Por otro lado, Pilquiman aseguró que “la provincia siempre estuvo enterada de la existencia de este proceso de relevamiento. La existencia de la ley 26.160 no es algo que desconozca el sector político”. En ese sentido sostuvo que “en el país se han relevado alrededor de 900 comunidades y pareciera que en el único lugar en donde hay conflictividad es en Mendoza. Hay que tener una nueva apertura mental para estos nuevos procesos”.
“El proceso de relevamiento tiene un aspecto social antropológico, jurídico y cartográfico. Se toman puntos referenciales del territorio, se fundamenta desde lo antropológico la existencia de la comunidad, todo genera una carpeta técnica, y posterior a eso, el instituto genera esta resolución que tanto ha dado para hablar”, explicó.
Y dijo que “se reconoce una ocupación, eso no modifica en términos legales de titularidades si la hubiera o no. Y lo que se hace es tomar puntos referenciales que no es una mensura, es construir una cartografía que tiene que ver con la ocupación de esa comunidad. Después el tiempo de tramitación que hace la comunidad y los acuerdos que da posteriormente con los posibles terceros es una tarea que se da para adelante”.
En este último punto emerge la principal preocupación del gobierno, los municipios y el sector empresario. Sobre todo en El Sosneado, ya que las hectáreas abarcadas pertenecen a la empresa Sominar Minera S.A. Inclusive hay áreas petroleras y el futuro paso internacional Las Leñas que podrían estar afectados.
La autoidentificación
El funcionario nacional aseguró que estas personas “son mapuches porque se autoidentifican así, se han reconocido así y tienen ocupación tradicional” y anticipó que “el proceso de autoidentificación en Argentina es creciente, nos vamos a encontrar más personas que se identifique como mapuches”.
En ese sentido, comentó que en Mendoza “se usa el término puesteros, y eso no significa que sean indígena o no, sino que lo están describiendo es por su actividad, no por su condición étnica y eso en el proceso es todo lo que tiene que ver con la autoidentificación de las personas y comunidades y construcción de nuevas comunidades”. Cabe resaltar que efectivamente la Provincia tiene registrados a esos habitantes del Sur como puesteros, que trabajan en los campos y no como miembros de pueblos originarios.
Ante esto, consideró que “es un proceso de identidad, dinámico, social que va a seguir existiendo y no hay que echarle menos a otras que si han tenido históricamente un proceso de organización, que se han logrado mantener como tales y no han sido tan desmembradas. Pero es un proceso de identificación que es parte del derecho que les asiste a las personas”.
