En el marco de la causa contra el senador Edgardo Kueider, Humberto Otazú, juez paraguayo encargado del caso del funcionario actualmente bajo arresto domiciliario en Asunción, declaró hoy que si se demuestra su culpabilidad, el legislador podría enfrentar una condena de hasta dos años y medio de prisión.
“De acuerdo a esta normativa, puede recibir dos años y medio de privación de la libertad”, afirmó Otazú en una entrevista con el programa Si pasa, pasa, conducido por Ignacio Ortelli en Radio Rivadavia.
Otazú minimizó la relevancia del caso en Paraguay debido a que Kueider no es funcionario de ese país. “Para nosotros no es un asunto de tanta notoriedad porque no es funcionario paraguayo”, sostuvo, aclarando que el senador es considerado “un simple turista como cualquier otro extranjero que llega al país”.
El magistrado detalló que la Policía Nacional de Paraguay está encargada de la vigilancia estricta del legislador. “Le está encima. Realizan un control permanente sobre las personas, el edificio y las adyacencias, incluida la puerta de ingreso y de salida del departamento. Son su sombra”, explicó.
Según el Código Procesal Penal paraguayo, el caso debe resolverse en un plazo de seis meses. “El proceso puede durar cuatro meses, más, o inclusive se puede adelantar”, precisó Otazú. Además, destacó que “la fiscalía debe llevar adelante la investigación y luego presentar las conclusiones ante el juzgado”.
En relación con la fianza de 150 mil dólares impuesta a Kueider y a su secretaria, Iara Guinsel Costa, Otazú explicó que el dinero “está incautado” pero no depositado. “El fiador que ofrecieron es un abogado reconocido, con buen prestigio profesional, y ha presentado toda la documentación”, precisó.
Sobre la posibilidad de que el senador abandone Paraguay, Otazú fue categórico: “Eso no es posible”. No obstante, indicó que se podrían autorizar videoconferencias para las comunicaciones judiciales necesarias con Argentina.
Finalmente, el juez subrayó el impacto mediático que generó el caso en ambas naciones, especialmente debido a las implicancias sociales del contrabando, delito por el cual Kueider está siendo investigado.“Para nosotros y para toda la región, el contrabando es un delito fuerte porque tiene implicancias en nuestra sociedad”, afirmó.
Por último, descartó contactos diplomáticos argentinos que hayan pedido la extradición del legislador, a excepción de las comunicaciones formales que se cursan con los consulados cada vez que se detiene a un extranjero, según informó la Agencia Noticias Argentinas.
