La carrera judicial de Antonio Sánchez Rey se juega una parada difícil. El Jury de Enjuiciamiento fijó fecha para que el 10 de setiembre se lleve a cabo el proceso oral contra el magistrado que integra la Quinta Cámara Laboral. La acusación que recae sobre él es porque habría intentado hacer un arreglo millonario con Provincia ART para recibir una elevadísima indemnización cercana a los $4,5 millones luego de haberse lastimado el brazo con el portón de la playa oficial de Tribunales.
La homologación de ese acuerdo llegó a la cámara que integra, es decir, que intervendría en una resolución que lo beneficiaba. En el medio hubo un escándalo por denuncias de presiones de sus compañeros de cámara. En mayo del año pasado fue suspendido y actualmente está percibiendo la mitad de su salario que dista bastante del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Con la fecha prevista para el 10 de setiembre, Omar Palermo deberá apurar una pericia contable que fue observada y aun no se presentó nuevamente. El presidente de la Sala Segunda es quien está al frente del jury de Sánchez Rey luego de que Dalmiro Garay, el presidente de la Suprema Corte fuera recusado por la defensa. Julio Gómez es quien sigue en la línea de titularidades, pero su hijo es testigo y se inhibió de participar.
Hay varias sanciones posibles. El peor escenario para Sánchez Rey es la destitución, si se suaviza el resultado puede seguir suspendido de la función hasta por 180 días, aunque sin goce de haberes.
Divisiones por Guzzo y unanimidad por Sarcinella
Además, se debía decidir el avance o archivo de cuatro pedidos de juicio político. Uno de ellos con un nombre conocido, el del fiscal Fernando Guzzo, cuya acusación provino de la diputada Laura Chazarreta. En una votación dividida, finalmente fue archivado pero se enviará a la Procuración General con recomendaciones por las manifestaciones de él que despertaron la polémica.
La legisladora argumenta que en los alegatos del Jefe de la Fiscalía de Homicidios y Violencia Institucional en el juicio contra Claudia Cortez, acusada de asesinar a su esposo -quien ejercía violencia contra ella-, ignoró por completo la perspectiva de género, reflejada en la Ley Nacional 26485, plenamente vigente.
“Quizás fueron desacertadas sus expresiones pero él disminuyo la pena en la acusación, le agregó con extraordinarias circunstancias de atenuación por violencia de género. Cuando el jurado quedó estancado él podría haber pedido un juicio con otro jurado, pero desistió de seguir la acción contra la mujer”, indicó uno de los miembros que votó a favor del archivo. Cabe recordar que el veredicto del jurado debe ser unánime, de lo contrario el acusado queda absuelto, salvo que se vuelva a pedir otro juicio por jurado con otra conformación de integrantes.
El caso de María Fernanda Sarcinella, asesora de Menores e Incapaces en Las Heras, tiene como denunciante a su jefa, Mariana Silvestri, titular del Ministerio Público de la Defensa, quien pidió formalmente el Jury de Enjuiciamiento para la abogada de pobres y ausentes. En este caso, por unanimidad se le dio traslado y ahora la magistrada tendrá 10 días –desde que es notificada- para defenderse y en base a lo que conteste, se decidirá si se avanza o no en el juicio político.
La magistrada estuvo de licencia por síntomas de fatiga e insomnio durante dos años, período en el cual cobró entre 180.000 y 200.000 pesos mensuales de sueldo. Durante ese período en que no trabajó, no justificó 64 días de ausencia, por lo que el Ministerio Público de la Defensa le suspendió el pago del sueldo.
Por último, los pedidos por los casos de la magistrada Andrea Fabiola Montagna, del Juzgado N°2 de Familia en San Rafael, y del fiscal Gustavo Fehlmann, de la Unidad Fiscal Correccional, fueron archivados con el voto unánime de los integrantes del Jury.
