El plenario del Consejo de la Magistratura tratará el 31 de este mes el caso Bento. Así aparece en el orden del día acordado por sus integrantes, aunque por el momento no se puede asegurar que los consejeros vayan a votar en esa fecha y tampoco se puede aventurar el resultado de esa presunta definición.
Según pudo confirmar este diario con autoridades del organismo nacional que controla a los magistrados, una reunión de labor que realizaron sus integrantes fijó que en el plenario se iban a tratar “todos los dictámenes aprobados por las comisiones”. Precisamente el miércoles la comisión de Acusación aprobó, por cuatro votos a favor y dos abstenciones, el dictamen acusatorio de Walter Bento, en el cual se proponía la suspensión del juez mendocino por sus “conductas enderezadas” a recibir dinero a cambio de beneficios judiciales y por haberse enriquecido de modo “apreciable e injustificado”, lo que incluía “maniobras destinadas a dar apariencia de lícitos a fondos de origen ilícito”.
En consecuencia, el dictamen que elaboró el ex consejero Pablo Tonelli y que fue firmado por tres integrantes actuales de la comisión de Acusación, pasó a la etapa final del proceso por mal desempeño que arrancó hace casi dos años y debería tratarse en el pleno en su próximo encuentro.
La gran duda es si el próximo plenario precipitará la definición respecto de la suspensión o no de Bento. “Así debería ser”, dicen los consejeros que avalan el dictamen de Tonelli. Aunque nadie descarta que alguien dilate la votación o que cuestione el tratamiento del dictamen por no haber sido incorporado en forma explícita en el temario.
El plenario del Consejo de la Magistratura tiene 19 integrantes (deberían ser 20, pero todavía está en suspenso la incorporación del senador Luis Juez) y lo integran senadores y diputados nacionales, jueces, abogados y académicos. Lo preside el propio titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.
La intervención del plenario en los procesos de mal desempeño determina que un juez sea suspendido o no de sus funciones. En caso de aprobar la suspensión, el caso pasa al Jurado de Enjuiciamiento y se formaliza el juicio político ante un tribunal ad hoc que es el que define si un magistrado debe ser destituido o no.
Por lo pronto, con la suspensión fijada por el Consejo de la Magistratura, el juez no pierde sus fueros, pero deja de ocupar el cargo hasta que se le haga el juicio político. En el caso de Bento, la sentencia en contra del Jurado de Enjuiciamiento provocaría su detención, ya que en la causa penal tiene varios pedidos de prisión preventiva que no se han concretado por la inmunidad que detenta.
Los cruciales dos tercios
Pero al proceso del Consejo de la Magistratura todavía le falta el acto final. No se puede presagiar ese desenlace porque depende de varios factores. Por lo pronto, el plenario debe alcanzar un alto consenso para que un juez suspendido: dos tercios de la totalidad de sus miembros tienen que estar a favor. No alcanza con la “mayoría simple”, que es lo que posibilitó en la comisión de Acusación que la causa de Bento llegara a la instancia final.
En números concretos, se requieren 13 votos del plenario para suspender a Bento. Hoy por hoy, los impulsores de la acusación no confirman que los tengan asegurados, a pesar de que más de la mitad estaría a favor del juicio político.
Quienes han mostrado reparos respecto del proceso contra Bento son los consejeros y consejeras identificados con el Gobierno nacional, que suman en total seis. Son minoría, pero para frenar el proceso de mal desempeño alcanza con que eviten que la mayoría llegue a los dos tercios. En este sentido, en teoría, el kirchnerismo estaría a un solo voto de conseguirlo.
¿Puede algún otro consejero aportar ese voto? Hay uno cuyo voto está “en duda”. Se trata del juez Alberto Lugones, ex presidente del Consejo de la Magistratura y quien tiene algún tipo de vínculo con el juez Bento, ya que una pericia sobre chats telefónicos demostró que trataba al magistrado mendocino de “hermano”.
Lugones no ha dicho si va a votar a favor o en contra de Bento. Pero en la reunión de la comisión de Acusación dejó una frase sugestiva. “Escuché muchos argumentos y explicaciones, y escuché muy pocos hechos”, lanzó el magistrado.
Las sospechas sobre Lugones se sumaron a las críticas de los consejeros kirchneristas. Desde este bloque no defienden explícitamente a Bento, pero son críticos sobre el dictamen que elaboró el diputado del Pro Tonelli. “No tiene consistencia”, afirmó concretamente Rodolfo Tailhade, diputado del kirchnerismo.
Los consejeros K han dilatado el proceso de Bento (quien fue designado juez durante el gobierno de Néstor Kirchner) en varios momentos. Tailhade, esta semana, señaló que el Consejo de la Magistratura debería esperar la sentencia del juicio penal contra Bento para avanzar. Desde la vereda de enfrente señalaron, en cambio, que el procesamiento del magistrado es razón suficiente para suspenderlo.
Mientras tanto, los acusadores de Bento cuentan con los votos de los consejeros radicales y del PRO. Suponen además que serán acompañados por un sector independiente, que agrupa a los “académicos” del Consejo. Se le denomina el “bloque Molea”, en referencia a Diego Molea, un ex consejero y rector universitario que ha formado “tropa propia”.
Pero con los votos de estos tres consejeros y todo, y el del propio Rosatti, se sumarían 12. Uno menos del “número mágico” necesario para suspender y juzgar a Bento por mal desempeño.
Bento podría estar al frente de las elecciones
Walter Bento es titular del Juzgado Federal Número 1. Pero además, es juez electoral de la provincia, la autoridad máxima de las elecciones nacionales.
Los comicios en Mendoza se desdoblaron. O sea, se harán en fechas diferentes las elecciones para definir Presidente y legisladores nacionales, y las para elegir gobernador, legisladores provinciales intendentes en 11 departamentos y concejales.
Los comicios provinciales estarán bajo el control de la Junta Electoral de Mendoza, cuyo presidente es el titular de la Corte provincial, Dalmiro Garay. Pero los nacionales, que tienen como fechas el 13 de agosto (PASO) y el 22 de octubre (generales), dependen de Bento.
Según fuentes de la Justicia Federal de Mendoza, no es posible remplazar al juez cuestionado en esta tarea, salvo que el Consejo de la Magistratura tome una decisión sobre su continuidad como juez.
“Si no lo suspende la Magistratura, va a ser el juez electoral en estas elecciones”, señaló concretamente la fuente consultada en tribunales federales.
Esta situación es un factor de presión más para los consejeros del organismo que controla y produce las ternas de aspirantes a jueces federales. Aunque el principal es que el juicio penal contra Bento tiene fecha confirmada (26 de julio) y ya comenzaron las audiencias preliminares, sin que el Consejo de la Magistratura defina aún la causa por mal desempeño.
En la faz penal, el magistrado es juzgado junto a 29 personas como presunto jefe de una asociación ilícita. Cohecho activo, lavado y enriquecimiento ilícito, son algunas de las imputaciones.
Tres magistradas de otras provincias lo juzgarán: Gretel Diamante y María Carolina Pereira, de San Luis, y Eliana Rattá, de San Juan.
